“Si se formaliza a un ministro por un delito tendrá que asociarse al concepto de corrupción”

Frente al Parque Forestal, en Santiago, se ubican las oficinas de la Asociación Nacional de Magistrados. En ese lugar, antes de regresar a Valdivia, su presidenta, María Soledad Piñeiro recibió el sábado último a The Clinic, tras una intensa semana en la que se reunió con diversos actores de la judicatura y de la academia. Uno de los temas de conversación obligados es el caso de la Corte de Apelaciones de Rancagua, en donde se investigan presuntos ilícitos cometidos por el juez Emilio Elgueta.

En una inédita situación, el polémico magistrado será formalizado el 26 de abril, a petición del fiscal de alta complejidad de O’Higgins, Sergio Moya, por los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito. En este escenario, también son indagados por su presunta participación los magistrados Marcelo Vásquez -suspendido al igual que Elgueta de sus funciones por la Corte Suprema- además del juez Marcelo Albornoz.

Señora María Soledad, ¿cuál es su impresión de lo que ocurre en la Corte de Apelaciones de Rancagua?

Son hechos graves. No podemos dejar de sorprendernos y de preocuparnos por esta situación, de ser efectiva, porque claramente tenemos que esperar los resultados de la investigación. Pero de ser efectivos los hechos, esperamos que se aclaren y esperamos que sean sancionadas todas aquellas personas que están involucradas de la forma en que está previsto en la ley.

¿Cuán lejos o cuán cerca se puede hablar de un caso de corrupción en esa corte?

Si estamos frente a la posibilidad de que se formalice a un ministro, por la comisión de un delito, en ese caso en particular yo creo que claramente va a tener que asociarse al concepto de corrupción. Eso no es tan difícil de concluir. Lo que yo espero, sinceramente, es que esto no sea una situación que se repita. Es lo que espero. Pero no puedo decir que esto no suceda, así como uno o dos meses atrás no teníamos esta noticia, yo espero que simplemente no se repita la noticia. Que no sea necesaria.

De comprobarse los ilícitos, ¿se podría hablar que el sistema judicial ha sido permeado por la política y el dinero?

Yo creo que no es difícil darse cuenta, de ser efectivos los hechos que se investigan, de que hay una cierta injerencia de mundos que no debieran estar involucrados. Sin embargo, me parece que a partir de este hecho, lo que debemos hacer es una reflexión, en cuanto a mirarnos un poco, los que estamos en el poder judicial, y mirar las autoridades desde fuera, es que es lo que debiera modificarse o cuales son las puertas que están abiertas para que estas cuestiones sucedan.

Y esa hoy día es la reflexión. Nuestra estructura está prevista para soportar una injerencia desde afuera, de manera tal de poderla rechazar, o por el contrario, estamos ubicando en el otro extremo, en donde no habiendo previsto esta situación, están las puertas abiertas para que ello suceda.

Ahora, nosotros, al menos desde la asociación, entendemos que hay algunos mecanismos que deben ser necesariamente cambiados a efectos de mejorar transparencia, de mejorar objetividad, de manera que evitemos y cerremos los espacios en que la arbitrariedad pudiera aparecer y llenar ese espacio. Esa es la idea: cerrar esas puertas.

¿Usted pudo imaginar que una situación así podría ocurrir?

No. Definitivamente no es esto lo que tuvimos en cuenta para lanzar la candidatura de nuestra lista. Sin lugar a dudas, sí lo que estaba contemplado dentro de nuestra lista como una línea de trabajo dentro de la asociación, que son los acuerdos convencionales del año 2007 en adelante, es perseguir y obtener, ojalá en breve tiempo, una modernización del poder judicial, que pasa por la reestructuración de éste desde varios puntos de vista.

Y que todos tienden a fortalecer la independencia de los jueces. La independencia judicial que tiene que ver con cómo el juez resuelve el caso sin presiones, sobre todo jerárquicas o externas, y se dedique exclusivamente a fallar de acuerdo a los antecedentes de la causa.

En ese contexto, los temas en que nosotros hemos trabajado para efectos de poder obtener el mejoramiento y modernización del Poder Judicial está, precisamente, el sistema de nombramientos, el régimen de responsabilidad administrativa de los jueces. Esto significa responder por aquellos actos que, en el ejercicio de sus funciones, se apartan de cierto contenido que debiera estar determinado por la ley.

Actualmente como asociación, también estamos, y no es a propósito de este hecho, pero que ha coincidido, trabajando y profundizando en todo lo que tiene que ver con diseñar modelos que protejan la probidad y la ética, dentro de la función, que tiendan a propiciar un trabajo que esté más protegido en esa área.

Que no significa que no se haya contemplado antes, pero que precisamente hoy día, porque eso requiere de un trabajo, una elaboración de proyectos básicamente. Y en eso también hemos estado trabajando últimamente. No fue a propósito de este hecho, pero sí ha coincidido con esta situación. Y eso se engloba en lo que nosotros denominamos la modificación del gobierno judicial. Y la necesaria e indispensable separación de la función jurisdiccional, de aquella que contempla todas las áreas administrativas.

Como presidenta de los magistrados, ¿qué siente en el fuero interno?

Yo creo que hoy día los jueces están dolidos, incluso están preocupados por cómo la gente los está recibiendo en sus distintos lugares de trabajo. Hemos tenido ya algunos reportes de insultos en audiencias. Hemos tenido ya reportes de algunas conductas un poco más agresivas en el desarrollo de algunas audiencias, en relación a la propia función del juez, en donde se les reprocha ciertas situaciones, que incluso no tienen nada que ver con la materia que se está revisando en cada audiencia.

Yo creo que los jueces hoy día están preocupados, dolidos, en algunos casos también avergonzados por estas conductas. Porque más allá de los sistemas que existen, que pueden al menos en el área de la responsabilidad administrativa permitir que se realicen conductas reñidas con la probidad, hay una gran cantidad de jueces, yo diría que una mayoría de jueces, que no adoptan esas conductas.

Muy por el contrario: tratan de ser y parecer lo más probos posible, Más que decir lo más probos posibles, de ser probos, Porque en realidad no hay términos intermedios en esa categoría. O se es o no se es. Pero sin embargo, yo le podría decir a la ciudadanía que debe tener un nivel de confianza en la judicatura.

Han sido también los propios jueces de garantía de la región de Rancagua que han permitido que avance la investigación, accediendo a la realización de medidas intrusivas, como se dice en materia penal, de diligencias que significa intervenir la vida privada, como son las intervenciones telefónicas de algunos involucrados, los allanamientos, que se tienen que realizar con autorizaciones de los jueces de garantía, en este caso. Y eso se ha realizado gracias a que los propios jueces de la misma región, han estado entregando esas instrucciones.

En lo particular, ¿usted ha recibido reproches o algún cercano suyo?

Yo no. Algún conocido sí, porque son las personas que me han manifestado que les ha sucedido. A mí personalmente nada. Ahora, yo creo que hay que tener en cuenta que hoy día con las reformas procesales la gran mayoría de la actividad de los jueces se realiza en torno a audiencias orales, en donde no solamente asisten las partes.

Pudiera asistir eventualmente público en general, porque son públicas las audiencias, salvo en algunas materias, como las de familia, donde la restricción es al revés, por razones obvias, por los temas que se tratan. Entonces, esa exposición que en este nuevo sistema procesal, tienen los jueces, también propicia la posibilidad de que sean maltratados en esas audiencias. Y así como le digo he recibido reportes, lamentablemente. Esa es una situación que tienen que enfrentar a diario y eso también hace que los jueces estén hoy día más preocupados, a lo menos.

Conductas reprochables

¿Cómo percibe usted el actual estado del Poder Judicial en Chile?

Yo creo que hoy día es un Poder Judicial en donde hay reflexiones y donde hay una crítica, podría decir, constructiva desde muchas áreas. Y que es un momento en donde nosotros podemos aportar hacia una mejora.

¿Hace falta una reestructuración del Poder Judicial?

Creo que sin lugar a dudas es necesaria la reestructuración. Pero una reestructuración no va a evitar la comisión de delitos. Si va a mejorar y va a propender a que administrativamente no existan acciones que riñan con la probidad, que es distinto. O sea, cuando una persona adopta deliberadamente la decisión de cometer un delito, porque si no fuera deliberado y no existiera dolo no sería delito, eso va un poco más allá de todas las reglas. De hecho, todos aquellos que cometen delito lo que hacen precisamente es romper las reglas.

¿La idea es que existan medidas disuasivas, para evitar la comisión de delitos?

Son áreas distintas. A lo que es llamada cualquier estructura en este caso la estructura del poder judicial es a que dentro del ejercicio de la función no se cometan infracciones administrativas. Esas infracciones administrativas tienen que ver con todos los procesos internos. En cualquier institución, y también en la institución del poder judicial, pueden cometerse delitos.

Pero la sanción de los delitos no corresponde a la institución, sino que corresponde al sistema penal que esté vigente. Por eso le digo que más allá de que la estructura del poder judicial se modifique, no le compete a esa estructura la persecución de los delitos. Si podría competerle, y debería competerle, que cierre los espacios o minimice los espacios, en que se cometan infracciones administrativas, las que además pueden ser coincidentes o derivar en algún delito.

¿Qué está haciendo la asociación de magistrados para desterrar este tipo de prácticas?

Dentro de la asociación, ya como una asociación gremial, hemos estado trabajando precisamente en mejorar las buenas prácticas en varias áreas, como para asumir que a pesar de que estas modificaciones tienen que venir de la autoridad legislativa y atendido a que ya tenemos una realidad.

Y no estoy hablando solamente de esta realidad que tiene que ver con Rancagua, sino que estoy hablando de una realidad que tiene que ver con muchas otras materias que no están necesariamente relacionadas con este hecho: en materia de familia, en materia penal, en materia civil, estamos involucrados en los procesos, estamos involucrados en los procesos de buenas prácticas para que la función judicial se realice de la mejor forma posible hacia quienes nos dirigimos, que son los ciudadanos.

En eso hemos trabajado ya bastante tiempo y como le digo además llevamos también un tiempo trabajando en promover mecanismos que definamos para propiciar mejores ambientes, en que se desarrollen probidad y ética. Y esto de promover mejores conductas y de promover modificaciones legislativas al respecto, también nos lleva a analizar una realidad, en que nosotros advertimos que no hay espacios seguros para que los jueces y juezas puedan efectuar las denuncias de aquellas conductas que pudieran estimar están reñidas con algún nivel de probidad.

Y por qué lo digo: porque si tenemos un sistema en que el mismo superior jerárquico que revisa las resoluciones, revisa o más bien califica a la persona, es el que está llamado a eventualmente incluirlo en una terna y es el que está llamado también a iniciar o no una investigación administrativa en su contra, entonces, ese juez o jueza tiene una barrera objetiva para poder accionar o simplemente denunciar ciertas conductas que precisamente podrían venir de ese superior jerárquico.

¿Cuál sería la solución, entonces? ¿Acudir a la Fiscalía?

Es que tenemos distintos niveles. No necesariamente la conducta que usted considera reprochable es constitutiva de delito. No toda conducta constituye delito. Pero si hay conductas que no siendo delito, pueden constituir faltas a la probidad.

¿Cómo cuáles conductas?

Por ejemplo, pudieran existir algún tipo de presiones, como las que señalan en los mismos hechos que se están investigando, para que se nombre en algún cargo a una persona. Eso no es un delito, pero sinceramente es una presión hacia un juez o la jueza, a quien se le está llamando para que pueda su conducta ser direccionada de una manera determinada.

Eso atenta no solamente contra un espacio seguro, para que el juez o jueza pueda denunciar, sino que atenta, derechamente, contra la independencia del juez, la independencia interna, en la que el juez finalmente, cuando resuelve una causa o una situación determinada, no falle en función de los antecedentes que están en la causa y falle en función de algunos intereses personales.

Y no significa que todos los jueces reaccionen de esa manera frente a una presión. Tanto es así, que una de las primeras denuncias que hubo en contra del ministro Elgueta, justamente provino de un juez que denunció que recibió un llamado del señor Elgueta.

¿Cómo analiza usted el descrédito de instituciones como Carabineros y el Ejército, más lo que ocurre en la Corte de Apelaciones de Rancagua?

Yo creo que esto nos debiera llamar también a reflexionar sobre nuestras instituciones democráticas. Cómo tenemos diseñado estructuralmente nuestro país. Parece que hay que hacer una revisión en relación a los cambios que parecen ser tan evidentes hoy día.

Como asociación, insisto, llevamos muchos años, a lo menos desde el año 2007, intentando obtener modificaciones, que significan básicamente eso: democratizar el Poder Judicial, esta estructura jerárquica, ya no resiste análisis en cuanto a cómo entorpece el buen ejercicio de la función jurisdiccional, porque por esa misma estructura se impide la independencia interna del juez.

La independencia interna en relación a la propia institución. La independencia externa tiene que ver con instituciones extrañas al Poder Judicial. Entonces, en ese sentido, yo creo que la reflexión es esa. Un análisis estructural de nuestra democracia.

¿Presidenta en la Corte Suprema?

En otro tema, ¿usted cree que una mujer pueda llegar a ser presidenta de la Corte Suprema?

Sin lugar a dudas. No veo cómo esta situación pueda modificar esa posibilidad. Es una posibilidad cierta, es una posibilidad de la que nos tenemos que aferrar, porque de todas maneras las mujeres tenemos mucho que aportar en la toma de decisiones, en la perspectiva del diseño, en la perspectiva debida, en la forma en que se resuelven los conflictos.

O sea, una estructura más democrática con una mujer en el sillón principal de la Corte Suprema…

Un diseño más democrático, un diseño más inclusivo, sin lugar a dudas. La reflexión ´sobre la democracia de nuestro país tiene que ver con cómo ya dijimos sobre las estructuras que hoy día parecieran estar en crisis en varias instituciones y en el Poder Judicial pasa también por el cambio de estructura que permita a la ciudadanía tener confianza o una mayor confianza en el Poder Judicial, por la existencia de controles y contrapesos de esas estructuras. Entonces, yo creo que ese análisis es el que hoy día nos tenemos que centrar.

Pero sucede que la ciudadanía percibe a los jueces casi intocables, como en el Olimpo o en un altar…

Yo tengo la sensación que el cambio de procedimiento y que ha hecho que estas audiencias sean orales, de alguna manera ha acercado un poco más a los jueces hacia las personas, porque hoy día hay necesariamente un diálogo directo con ellos. Esta imagen que usted representa probablemente se mantiene en los tribunales superiores, porque a los tribunales superiores precisamente no llega el ciudadano que tiene su problema, sino que llegan los abogados.

Pero es una cuestión de imagen, que uno puede ir culturalmente modificando. Y yo creo que el cambio cultural y de procedimiento básicamente en la mayoría de los procesos que hoy día tenemos en Chile, falta modificar el procedimiento civil, pero en las otras tres áreas está ya modificado y se realiza mayoritariamente en audiencias. Ha acercado a los jueces y yo creo que ellos pueden tener una imagen distinta.

Y conocerlos como personas también que somos, como ciudadanos comunes y corrientes, también con derechos, también con obligaciones, con muchas virtudes y con muchos defectos, como cualquier persona. Y que cumplimos una función distinta, una función que también tiene una relevancia social, pero que es una función, es un trabajo. Y que pretendemos desarrollarlo siempre de la mejor forma posible.

Hay casos en que uno entiende que es muy difícil tomar una resolución, en donde uno entiende que cualquiera sea la decisión que se tome, las partes no van a quedar conformes, las dos partes incluso muchas veces no van a quedar conformes. Y eso propicia que las personas entiendan que pudiera haber alguna interferencia. Y la verdad es que no es así.

La verdad es que cuando las partes llegan a tribunales, es porque las propias partes no han podido tener amistosamente un acuerdo y una resolución de conflictos. Entonces, las partes llegan a un lugar donde van a tener que resolver un conflicto, en que ellas no pudieron llegar a acuerdo. Y eso significa que van a tomar una decisión los jueces, en que a lo menos una de las partes no va a quedar del todo conforme.

¿Es optimista que los cambios servirán para evitar la intromisión de otros poderes en el Poder Judicial?

A ver: optimista es una expresión que no sé si es la que mejor se acomoda para esta situación. Lo que sí creo yo es que estamos en un momento, en que la reflexión es indispensable, en esa área o en ese espacio de reflexión la asociación lleva un trabajo muy adelantado, en donde tenemos propuestas muy concretas.

Tanto es así, que estuvimos los meses trabajando con el Ministerio de Justicia, precisamente a propósito del sistema de nombramientos concluimos en un acuerdo, prácticamente de consenso, no solo con el ministerio de Justicia, porque fue una mesa de trabajo amplio, en donde participaron escuelas de derecho de la Universidad Católica, Universidad de Chile, el Colegio de Abogados, con quienes nos reunimos también hace un par de días.

También con los centros de estudio, como el CEP (Centro de Estudios Públicos), Instituto Igualdad, Libertad y Desarrollo. Un amplio espectro de la opinión y todos concluimos que es indispensable la reestructuración en esa materia, precisamente en nombramiento, en carrera judicial, en gobierno judicial. Entonces, no solamente nosotros decimos que es indispensable el cambio. Trabajamos por ese cambio.

La segunda etapa de ese proceso debiera ser la realización de un proyecto de ley, que nos lleve precisamente a concretar esos cambios. Y en ese sentido, como asociación hemos hecho un llamado a todas las autoridades, especialmente las legislativas, para que podamos iniciar un trabajo en ese sentido.

¿Considera que hay un ambiente de voluntad en el Ejecutivo y el Legislativo, para apoyar una reestructuración del Poder Judicial en beneficio de la ciudadanía?

Esto debiera precisamente enfocarse desde el punto de vista del beneficio para la ciudadanía, porque este enfoque no tiene que ver con prebendas o beneficios personales. Muy por el contrario, tiene que ver precisamente con entregarle a la ciudadanía un Poder Judicial que tenga parámetros y estándares de trabajo que estén centrados en la solución de conflictos y no necesariamente restándole tiempo y dedicación a ese trabajo, por otras tareas que debieran ser asumidas por un órgano autónomo que se dedique al tema de nombramiento, carrera judicial, régimen de responsabilidad, etcétera. Entonces, justamente estos cambios propician un beneficio para la ciudadanía. La mejora institucional es para la ciudadanía, para el estado de derecho, no para los funcionarios o para los jueces.

Sería apropiado que la elección de jueces se diera por el sistema de Alta Dirección Pública, por ejemplo…

Esa definición se tiene que dar en un espacio democrático, en la discusión democrática y es por eso que nosotros como asociación nos hemos opuesto tanto a estas decisiones que toma la Corte Suprema, como un ente que no forma parte de la decisión democrática establecida en nuestro sistema de país, y que adopta los autos acordados o las actas, en donde toma decisiones, que deberían de formar parte del seno del Congreso derechamente, en donde se discuta cómo se va a organizar. Si va a ser de esta forma o no, si aplicar el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) compete a la función judicial.

No podemos olvidar que esta función es muy especial, entonces tal vez requiere de un sistema distinto. Se cuestiona la posibilidad de la creación de un consejo de magistratura. Personalmente, si tenemos ejemplos de 120 países del mundo que lo tienen, yo creo que estudiar cómo ha funcionado cada uno de ellos, lo que nos va a llevar es a lograr obtener las buenas y malas ideas, y poder construir algo que es lo óptimo para Chile.

Yo creo que negarse a cambiar este sistema, porque no me gusta el sistema de magistratura es un error, definitivamente. Este sistema hay que cambiarlo y en eso yo creo que tenemos consensos académicos y políticos. No hablo de política partidista, hablo de opiniones políticas.

Usted habla de que hay personeros de la Corte Suprema que se niegan a los cambios en el Poder Judicial…

Bueno, claramente hay voces desde la Corte Suprema que han señalado que en realidad esto se puede mejorar desde dentro. Y este desde dentro es a propósito de estas actas. Creo que no es así la fórmula. La fórmula es un espacio democrático, en donde definamos cambios estructurales de fondo, No estamos hablando de cuántas horas al día voy a trabajar en sala y cuántas horas voy a dedicarme a hacer fallos. No estoy hablando de eso.

Eso no necesita estar en una ley, probablemente. Estoy hablando de cuestiones más de fondo, de por ejemplo dejar inmediatamente concentradas las funciones jurisdiccionales de aquellas que determinan a quien voy a nombrar, cómo voy a calificar y cómo voy a iniciar una investigación. Si yo concentro eso, lo que tengo es un juez no independiente. Y eso perjudica enormemente al Poder Judicial en su función democrática dentro de un estado de derecho.

¿Cuáles son sus metas de aquí a que finalice su administración?

Mi meta ideal sería que en este año y medio que me queda de presidencia lograr a lo menos un consenso con las autoridades para seriamente pensar en la modificación de nuestro sistema judicial. Hay muchas buenas cosas que se pueden hacer. Hay mucho también que conversar, eso no cabe duda.

Pero esa conversación, este diálogo, como país nosotros hemos resuelto que se debe dar en el Congreso, Por lo tanto, yo espero llegar allá con esta discusión. Y también tengo claro que como Poder Judicial no somos los que tenemos que tomar esa decisión. Pero sin perjuicio de no ser quienes tomamos esa decisión, si somos quienes podemos opinar desde la práctica. Y eso yo creo que no puede obviarse. No puede obviarse tampoco la opinión que puedan tener los que están fuera del Poder Judicial. Por eso es que el diálogo tiene que ser en el espacio democrático correcto.