Frontera Norte: Venezolanos a la deriva

(Ilustración por Milena Hachim).

Las fronteras suelen ser lugares opacos. Poco se sabe, poco se ha investigado y poco se ha escrito de ellas. Sobre todo si se trata de la barrera que separa Chile y Perú, y el fenómeno migratorio que allí ocurre. Las estadísticas son escasas o están desactualizadas, a pesar de que existe una presión creciente por conocer cómo lo que sucede en este lugar impacta en la vida y los derechos de las personas que se desplazan por tierra, casi siempre forzadamente y en condiciones de mucha vulnerabilidad.

Viajé a Chacalluta, el control fronterizo con Perú, en enero de este año a hacer una investigación que me habían encargado para un libro sobre las fronteras del mundo. Pese a estar en medio de un desierto vasto y despoblado, los vínculos entre Arica y Tacna son fecundos: el año pasado, más de 3,5 millones de personas usaron este ingreso para entrar a Chile, cuya mayoría estuvo compuesta por connacionales que volvieron de hacer compras o de haber viajado para recibir atención médica, y peruanos que viajaron a Arica en búsqueda de trabajo temporal.

Me había tocado estar muchas veces en este lugar, pero hasta entonces, nunca lo abordé de la siguiente manera.

VENEZUELA EN NÚMEROS

Desde el año 2014 en adelante, la crisis política venezolana ha sido la causa de emigración de más de tres millones de personas, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Colombia y Brasil se han llevado el mayor peso de la crisis, recibiendo más de un millón de venezolanos cada país. Los sigue Perú, que al 31 de octubre de 2018, había recibido 395 mil solicitudes de Permiso Temporal de Permanencia (PTP), un tipo de visado de fácil tramitación creado especialmente para atender a la crisis venezolana y que habilita para para trabajar, estudiar y acceder a distintos servicios. Según El Comercio, el número total de venezolanos residentes en el Perú para esa fecha, era de 645 mil personas. En Chile, en tanto, y según la información provista por el Gobierno, a diciembre de 2018 residían 288.223 personas venezolanas.

Los extranjeros en Chile suman 1.251.225 personas y en su mayoría son venezolanos, peruanos, haitianos y colombianos

El Gobierno informó este miércoles que a un año de la implementación de su política migratoria los extranjeros en nuestro país suman 1.251.225, una cifra que lideran los venezolanos. Las principales colonias en Chile provienen de Venezuela con 288.233 personas, Perú con 223.923, Haití con 179.338 y Colombia con 146.582, según datos proporcionados por el Departamento de Extranjería y Migración.

De ellas, cerca de 130 mil ingresaron por Chacalluta, mientras ocho mil fueron registradas como solicitantes de asilo, o sea, del reconocimiento de la condición de refugiado.

En abril de 2018, el Estado de Chile creó la visa de “Responsabilidad Democrática”, especialmente para personas venezolanas, que se otorga sólo en los consulados chilenos emplazados en Caracas y Puerto Ordaz. Para solicitar esta visa se requiere tener pasaporte, presentar un certificado de antecedentes penales apostillado por el Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores y pagar la suma de U$30 en caso que sea aprobada. Felizmente, a causa de la magnitud de la crisis política venezolana, el gobierno acaba de anunciar que esa visa se podrá tramitar aún con los documentos vencidos.

De las 28 personas venezolanas que me tocó entrevistar en Tacna, todas tenían la intención de ingresar a Chile y sólo dos sabían de la existencia de esta visa. Esas dos personas llevaban esperando seis meses por este permiso. La necesidad de emigrar fue tan urgente que no hubo tiempo de esperar y tuvieron que salir de Venezuela por tierra hacia Chile. Es decir, se trata de una política que no ha sido del todo consistente con su objetivo de otorgar protección a personas que migran en el complejo contexto de la crisis venezolana.

Muchas personas venezolanas, que salieron rápido de su país y sin planificar, ignoran que existe la posibilidad de solicitar el reconocimiento la condición de refugiado y la existencia de la visa de Responsabilidad Democrática. Llegan sin recursos. Ni siquiera para sus gastos básicos de alimentación. Y si no tienen donde pasar la noche, son acogidas en la Casa del Migrante de la Fundación Scalabrini, un albergue que hoy tiene capacidad para 60 personas, pero que durante 2017 acogió a 500, y un año después, a 1.234.

De ellos, casi 900 eran venezolanos, unos 150 colombianos y el resto eran cubanos, dominicanos, algunos peruanos y un chileno. El día que visité el centro había 16 niños alojados, algunos recuperándose de la desnutrición con la que venían desde Venezuela.

HISTORIAS DE FRONTERA

Un elemento presente en todos los diálogos con las personas fue la dificultad que experimentan los ciudadanos venezolanos al momento de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en la frontera chilena. Hay un número alto de rechazos y el criterio de admisión parece ser muy discrecional.

La PDI ha instalado en el complejo fronterizo de Chacalluta dos contenedores unidos por un toldo de tela que hace sombra a las sillas que forman una improvisada sala de espera al aire libre. Las condiciones de este espacio son precarias, en especial para los niños. Sin baños ni agua disponibles.

Allí, los entrevistados relatan la existencia de una conversación de pre admisibilidad a la solicitud de refugio. Es decir, una persona solicita que se le reconozca la condición de refugiado, y en vez de cumplir con la obligación del principio de no devolución y de admitir a la persona al procedimiento para la obtención de esa condición, tiene lugar una conversación oral, que no queda registrada, que puede durar varias horas y que en muchos casos termina con el rechazo del solicitante. Se trata, ante todo, de una evaluación ilegal porque no está prevista en la ley.

Una mujer adulta venezolana relataba que había solicitado refugio. Dado que traía pasaporte, el oficial le recomendó que ingresara como turista, y como andaba con poco dinero, le dieron un permiso de turismo por 30 y no por 90 días. Otras voces eran consistentes con este caso.

De acuerdo a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado, y de la ley 20.430 sobre protección de refugiados, todas las personas que tienen necesidades de protección internacional deben ser admitidas al territorio, se debe facilitar el acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y a que se estudie su solicitud.

ONU pide que se rechace la violencia contra los venezolanos: “El racismo y la xenofobia no tienen cabida en nuestros países”

El representante especial de las agencias de la ONU a cargo de la situación de inmigrantes y refugiados, Eduardo Stein, alertó en una declaración del riesgo de que el racismo, misoginia y la xenofobia contra los ciudadanos venezolanos se extiendan en la región.

Dicho documento es examinado por una comisión, y la recomendación sobre el caso es luego ratificada o rechazada por el subsecretario del Interior. Es decir, no es competencia de un oficial en frontera, ni de un funcionario de la Sección de Refugio o de las gobernaciones provinciales, decidir si una persona puede o no solicitar refugio.

Ante el requerimiento de un abogado que patrocina a tres personas venezolanas que se le rechazó la admisión al procedimiento para solicitar refugio, la Contraloría General de la República emitió un Dictamen que establece que el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) debe ajustar su accionar a derecho admitiendo a las personas al procedimiento para solicitar asilo.

Al mismo tiempo, aquellas personas que son admitidas al procedimiento, reciben una cita para una primera entrevista varios meses después, quedando en situación irregular en el intertanto, y sin ninguna protección contra la devolución.

Además de esto, pude observar como un número importante de personas venezolanas deambulan por Tacna pidiendo dinero, vendiendo caramelos y otros productos en la calle. O bien, intentando subirse a un bus hacia la frontera en el terminal terrestre internacional.

Todas las personas con que conversé estaban desesperadas, sin dinero y con mucho miedo de no ser admitidas en Chile. Muchas ya habían sido rechazadas. Otras, contaban que algunos conocidos ya habían caído en manos de los “coyotes” que por una suma de dinero les ofrecían un ingreso a Chile por un paso no habilitado.

Un hombre, sentado en su pequeña maleta, lloraba de desesperación luego que le dijeran en la frontera que no podía pedir refugio. Ese hombre, según me confidenció, perdió su trabajo en una repartición pública luego de que en las elecciones presidenciales del 20 de mayo pasado del año pasado se rehusara a votar 16 veces por Maduro, como se lo pedía su jefe. En diciembre, sin haber trabajado por meses y por miedo al régimen, dejó su país.

Otra de las personas entrevistadas era un joven venezolano de 20 años que, junto a otros tres, había caminado por el desierto los 35 kilómetros que separan Tacna de la frontera sólo para ser rechazados. No tenían dinero para pagar el pasaje.

Un técnico electricista de 27 años logró ahorrar U$ 150 que al momento de llegar a la frontera con Chile ya los había gastado. Era uno de los dos entrevistados que sabía de la visa de Responsabilidad Democrática, pero la consideraba imposible. Llevaba meses esperando su pasaporte. Angustiado decidió emigrar esperando encontrar acogida en Chile, donde ya había familiares suyos. Su solicitud de refugio fue rechazada.

En la Casa del Migrante estaba hospedada una mujer, profesora, que decidió dejar su hogar cuando su hijo comenzó a mostrar señales de desnutrición. Embarazada de cinco meses, salió por tierra y al llegar a Ecuador sufrió un infarto, interrumpiéndose su embarazo. De Ecuador querían seguir a Chile, pero su solicitud de refugio fue rechazada. Al momento de la entrevista llevaba 20 días en Tacna, sin saber qué hacer ni hacia dónde ir. Historias como estas se repiten en una frontera donde abunda la desesperación y la incertidumbre.

TENEMOS OBLIGACIONES

Pareciera haber una cierta inconsistencia entre nuestra política exterior y nuestra política migratoria y de protección de refugiados. Por una parte, el gobierno –con toda razón– condena la dictadura de Maduro y envía ayuda humanitaria y, por la otra, en demasiadas ocasiones se impide ilegalmente solicitar refugio y se ha otorgado sólo el 20% de las visas de Responsabilidad Democrática solicitadas; una visa que, por lo demás, poco sirve para responder a la realidad de la crisis política y humanitaria que se vive en Venezuela.

El fenómeno de la migración y el refugio plantea algunos de los desafíos globales más complejos de administrar. El gobierno ha abordado con decisión el fenómeno migratorio. No la tiene fácil. Los flujos han crecido y diversificado rápido. Muchas políticas implementadas han sido un acierto, otras requieren revisión.

El desafío de diseñar políticas fundadas en evidencia es mayor. Ayudaría escuchar a la academia y entablar un diálogo con la sociedad civil para buscar soluciones de manera colaborativa. Lo que sí está claro es que el límite a la soberanía del Estado reside en los derechos humanos.

Es decir, el Estado de Chile puede diseñar una política migratoria, establecer requisitos y expulsar migrantes que han cometido delitos, pero no puede desconocer sus obligaciones en materia de protección de refugiados y en la garantía de los derechos humanos. Cuando funcionarios públicos niegan a una persona que solicite refugio, están violando sus derechos humanos. Eso, lamentablemente ha venido ocurriendo en la frontera norte de Chile por años. Antes con colombianos afrodescendientes, hoy con venezolanos.