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1 de Agosto de 2019

Hoja de vida y calificaciones: Los documentos perdidos del director general de la PDI

Agencia Uno

Desde que un grupo de expolicías denunciara públicamente a la máxima autoridad de la policía civil, Héctor Espinosa, The Clinic ha intentado sin éxito dar con su hoja de vida y sus calificaciones anuales. Respecto de la primera, se entregó una “versión” en que se afirma que nunca fue sancionado (a diferencia de lo que sostienen otras fuentes) y no se ha autorizado a ver el original. Contraloría, que debía tener una copia, informó que ésta se destruyó en la inundación de su sede regional del Biobío durante el terremoto de 2010. Y en cuanto a las calificaciones anuales (otra forma de verificar la versión oficial de la institución) la policía informó que solo tiene el registro correspondiente al período 2008- 2012. El resto de las calificaciones, que deberían mostrar su desempeño de treinta años de servicio, “no fueron habidas”, dijeron.

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El 26 de abril de este año, The Clinic solicitó vía Transparencia la hoja de vida del director general de la PDI, Héctor Espinosa, luego de que un grupo de exmiembros de la institución denunciara públicamente, entre otras irregularidades, que el documento nunca había sido exhibido frente a sus peticiones.

Los expolicías afirmaron que el funcionario ascendió de modo irregular, pues en los 80, tuvo una sanción de varios días de arresto que, a cualquier otro miembro de la institución, le hubiera costado si no la expulsión, al menos el estancamiento de su ascenso.

Respondiendo a la solicitud formal de este medio, la policía civil remitió un documento de una plana, rotulado: “Reporte de Hoja de Vida Anual”, que mencionaba los antecedentes personales de Espinosa, sus ascensos, destinaciones y Felicitaciones.

El informe, que no corresponde al formato solicitado ni entendido como el original de una “hoja de vida”, afirma que Espinosa no ha tenido nunca alguna sanción durante sus 40 años de carrera policial. Esto, pese a que el exministro de Interior, Jorge Burgos, corroboró la existencia del castigo, al asegurar que al momento de que Espinosa tomó el mando institucional, en junio de 2015, estuvo al tanto de la amonestación que le habría significado permanecer bajo 14 días de arresto a fines de 1980 en la región del Biobío, debido a la relación extramarital que habría tenido con la pareja de un colega, Eduardo León Hoffman.

“No nos pareció razón para cuestionar su nombramiento. En la policía, en los años 80, se castigaban estos problemas personales de los policías, pero a los ojos de hoy, un arresto por esas razones parece excesivo y aún, discriminatorio”, dijo Burgos según fue citado en el reportaje Tiragate: Las denuncias que acechan al director general de la PDI, publicado por este medio en mayo pasado.

León Hoffman, por su parte, reconoció la existencia del episodio, pero le restó importancia. “Ya está olvidado”, respondió a The Clinic para el mencionado artículo, en el que, a condición de anonimato, también participó un exjefe policial y otrora compañero del director general, quien afirmó: “muchos de nosotros sabíamos que él (Héctor Espinosa) tuvo varios días de arresto por un incidente con otro colega a fines de 1980”.

Para aclarar la contradicción, se acudió al único organismo externo que debía guardar copia de ese sumario, si es que existió: la Contraloría Regional del Biobío. Por disposición legal, todos los sumarios administrativos formulados en contra de funcionarios públicos deben ser remitidos al organismo fiscalizador de la respectiva región.

Sin embargo, la repartición informó que tras el terremoto y tsunami de febrero del 2010, los archivos no digitalizados contenidos en sus bodegas se dieron por “siniestrados”. Esto, además de la pérdida de material potencialmente sensible, implica que no se puede contrastar la información existente sobre Espinosa más que con la propia institución que dirige.

Frente a estos hechos, The Clinic ingresó una segunda solicitud de Transparencia el 14 de mayo, esta vez, especificando que se requería la hoja de vida “íntegra, completa y detallada” del exdirector de Inteligencia de la PDI. No obstante, la policía respondió que dicha información ya fue proveída en el “reporte” anterior, sin entregar nuevos antecedentes.

Consultado por esta respuesta, el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, señala que “es importante que los organismos públicos entreguen los documentos en los formatos solicitados, así también en cuanto a contenido”.

“Si uno solicita una hoja de vida, se debe entregar la hoja de vida, no un extracto, resumen o reporte de ella. Si existiera una edición debida a una de las causales, como secreto de reserva o seguridad nacional, es necesario que eso se aluda en la misma hoja de vida y sea el Consejo para la Transparencia quien decida si aplica o no”, agrega el abogado.

La negativa por parte de la PDI para entregar el documento completo, en efecto, produjo que este medio ingresara un recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia el pasado mes de mayo, por la causal de “información incompleta o parcial”, que a la fecha sigue bajo revisión del organismo.

CALIFICACIONES

Luego de estas diligencias, se solicitaron las “calificaciones anuales” de Espinosa desde su ingreso a la institución, en 1979, hasta la actualidad. Esto, porque si existió alguna sanción en su contra, sus evaluaciones debieran mostrarlo.

Según el 2° artículo del reglamento de calificaciones de la PDI, “la calificación es la evaluación de la labor anual desarrollada por cada funcionario, en el ejercicio de su cargo o empleo”, que comprenderá “tanto el desempeño en el trabajo, como las condiciones personales del funcionario evidenciadas” . Los factores de calificación, entre otros, son: espíritu de cuerpo, disciplina, reserva funcionaria, respeto a la dignidad humana, ética profesional, criterio y conducta privada.

Por protocolo, la Junta Calificadora de la PDI debe revisar dichas evaluaciones y clasificar al funcionario según su resultado, entre la Lista Uno (mérito), Lista Dos (buena), Lista Tres (regular) y Lista Cuatro (mala). 14 días de arresto, o cualquier otra sanción administrativa, entierra las posibilidades de acceder, al menos, a las dos primeras categorías.

Tras solicitar una prórroga de búsqueda, la PDI respondió el pasado 3 de julio, adjuntando un “resumen de Calificaciones”, que abarca solamente el período entre 2008 y 2012, ya que a partir de entonces Espinosa ascendió a Prefecto Inspector, “grado tope sujeto a calificación y clasificación”.

“En cuanto al período 1979 a 2008, éstos no fueron habidos, en virtud a que la información requerida es de antigua data”, agregó la institución, respecto a la negativa a informar sobre el registro de casi treinta años de calificaciones de su director general.

Para Precht, esto es una de muestra de “la fragilidad del sistema documental en Chile, que muchas veces lleva a que se aluda a una causal de ‘inexistencia’ que no está escrita en la ley. Esto deja al ciudadano -o la prensa- en una indefensión total, porque no hay cómo contrarrestar la información”.

Asimismo, el abogado, que desde 2018 es miembro del Consejo Directivo de Transparencia Internacional, afirma que “los organismos públicos deberían tener una capacidad archivística de toda su historia. Nadie tiene cómo comprobar que lo que señala el organismo público sea verdadero, más allá de uno podría confiar de buena fe en que buscó y no encontró las calificaciones o la información solicitada. Claramente, eso limita la capacidad de fiscalización que tenemos los ciudadanos y la prensa”.

TELEX: QUIÉN VIAJA Y POR QUÉ

No obstante estas negativas sobre la hoja de vida, la PDI sí admitió a The Clinic la existencia de un elemento de información interna, hasta entonces desconocido, sobre los movimientos al extranjero que hacen autoridades o personalidades relevantes, sea por trabajo o motivos personales, sin que los afectados por dichos reportes sean notificados. El procedimiento fue relatado por el excomisario Carlos Celis en el artículo Exfuncionario de la PDI acusa: “Me están amedrentando” por denunciar a jefes.

En aquella ocasión, Celis, quien trabajó en el aeropuerto de Santiago entre 2010 y 2013, dijo que dicho sistema, que en la jerga interna se conoce como Telex, opera en el terminal aéreo con el objetivo de “informar los viajes al extranjero que hacen los diputados, senadores, ministros, jueces periodistas e incluso el Presidente de la República”, y que ese reporte se entrega a diversas reparticiones, tales como “a la Dirección General y la Jefatura Nacional de Inteligencia, a través de un radiograma con formato Word y firma, que se envía por correo electrónico interno”.

“Por ejemplo, si iba un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, se informaba su identidad con nombre y apellido, hacia dónde iba, con quién iba y el número de vuelo. Sus datos se anotaban al pasar por una caseta de control migratorio, el funcionario hacía una raya y le informaba al encargado de Telex,
quien mandaba el mail respectivo a Inteligencia. Estas anotaciones se hacían respecto de cualquier viaje de las autoridades y personalidades, como periodistas, tanto de viajes profesionales como personales. Muchas veces le pregunté a mi jefe de unidad por qué era necesario ejecutar este sistema, y la explicación era: ‘Porque es información de inteligencia’”, agregó Celis.

Consultada por la veracidad de estas afirmaciones, la PDI respondió vía Transparencia que “Telex”, en realidad, corresponde al “término utilizado por algunos funcionarios para abreviar el documento denominado ‘Radiograma’, el cual se encuentra normado institucionalmente”.

Radiograma, a su vez, “es un mensaje institucional o extrainstitucional confeccionado en un formulario especial, mediante el cual se transmite o se recibe información de cualquier radioestación o unidad del país. En su redacción se empleará el menor número de palabras y será obligatorio el uso del Código de Condensaciones incluido en el presente reglamento”.

Junto con agregar que “dicho servicio de comunicación se utiliza para comunicar cualquier situación de carácter urgente, solicitar información o poner en conocimiento alguna situación especial”, la PDI señaló en su respuesta que el Radiograma se emplea en el aeropuerto, por ejemplo, para “comunicar salidas o
entradas al país de autoridades del ejecutivo, comandantes en jefes, personas con encargos vigentes, funcionarios institucionales, entre otros”.

Cabe destacar que Celis, además de mencionar la existencia de este sistema, detalló otras acusaciones formuladas en contra del mandamás de la policía civil y su alto mando: el abultado precio de los pasajes para comisiones de servicio, “excesivos” cobros de viáticos y, especialmente, el cambio de pasajes, previa coordinación con aerolíneas.

En dicho reportaje, Celis contó que “enviado por mi jefe de unidad u otro superior, en variadas ocasiones me tocó concurrir hasta las compañías aéreas y efectuar los cambios de pasajes. Básicamente, esto ocurría cuando el director general de entonces viajaba con pasajes de primera clase, los cambiaba por económicos y aun así las compañías lo embarcaban en primera. El jefe de unidad me decía: ‘Está todo listo, no te preocupes, conversa con tal persona y él te va a entregar unos tickets’. Yo iba al mesón de LAN (Latam), generalmente. Desconozco quién se quedaba con la diferencia, pero esta gestión me tocó hacerla muchas veces para pasajes del director general y de su alto mando, incluyendo a Héctor Espinosa, que se desempeñaba como jefe de Inteligencia. En su caso, lo hice para viajes a Estados Unidos y Europa”.

Pese a que Espinosa negó estas acusaciones en entrevistas otorgadas a diversos medios nacionales, Celis retrucó que “lamentablemente, soy testigo de que sí ocurría. Me tocó hacerlo en varias oportunidades. Era una práctica común y habitual del alto mando. Me mandaban a mí y a muchos otros compañeros”. Según el propio excomisario, estas situaciones se debían, en parte, al “hecho de que Policía Internacional sea de la PDI”, lo que “significa muchos privilegios, como descuentos en restaurantes y facilidades para cambio de fechas de pasajes, con todas las aerolíneas”.

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