Opinión
30 de Agosto de 2019Hacia una “estrategia” por la educación pública
"En Educación Escolar, es imprescindible avanzar en justicia e inclusión en todo el sistema. Para ello es importante que todas las escuelas se sujeten a reglas que impidan la discriminación y posibiliten la inclusión de todos los niños, niñas y adolescentes", escriben Camila Rojas y Juan Ignacio Latorre.
Compartir
Camila Rojas V. – Diputada Comunes – Frente Amplio
Juan Ignacio Latorre R. – Senador Revolución Democrática – Frente Amplio
Durante las últimas semanas, comenzó la implementación del nuevo Sistema de Admisión Escolar en todo el país. Un sistema que, si bien no ha estado exento de complicaciones y críticas y que aún tiene problemas y desafíos pendientes, constituye un avance en el derecho que tienen las familias de escoger el establecimiento de sus hijas e hijos, por sobre la arbitrariedad de los establecimientos en la selección de niñas y niños. Por otra parte, se observa cómo el financiamiento en educación superior sigue siendo un debate abierto, con una serie de preguntas sin resolver, como lo son los potenciales problemas presupuestarios que la gratuidad generaría en las instituciones tradicionales; el perjuicio para los estudiantes que pierden el beneficio por exceder la duración nominal de sus carreras y programas; el excesivo endeudamiento de cientos de miles de estudiantes y egresados; entre otros.
Pensamos que es preciso abordar tanto estas discusiones, como también los problemas en la implementación de la desmunicipalización, con una visión global y no de forma parcelada. Durante la discusión en las sesiones conjuntas entre las comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y de Educación y Cultura del Senado sobre la Estrategia Nacional de Educación Pública, se relevó la importancia de tener una visión estratégica de largo plazo, cuestión que el documento propuesto por el gobierno carecía. Para ello, es preciso definir democráticamente el sentido de nuestra educación. En el documento con comentarios a esta Estrategia, que envíamos a la Ministra y a su equipo en un esfuerzo de articulación junto a otros parlamentarios de oposición, se plantea cómo reconocidos autores nacionales y extranjeros han puesto la educación al centro de la construcción republicana. La Educación Pública debe asumir un rol preponderante no solo como motor del sistema educativo, sino que de la construcción de sentido y de democracia en nuestro país.
Sin embargo, durante los últimos meses hemos observado cómo la educación ha sido instrumentalizada por parte del gobierno, concentrando sus esfuerzos en una agenda principalmente mediática y demagógica, con discursos cambiantes y una visión puesta en los instrumentos de medición de aprobación política más que en adoptar una perspectiva propiamente educativa. Por otro lado, encontramos una dispersión de los actores políticos, donde en muchos casos se cae en disputas políticas pequeñas, impidiendo situar la discusión en los debates de fondo en educación. Frente a ello, es importante empujar una articulación desde las fuerzas de la oposición que junto con evitar retrocesos, supere los marcos de la legislación heredada y permita avanzar en el principal desafío pendiente: recuperar la educación pública para garantizar el derecho social a la educación. Para ello, se requiere una visión estratégica que no quede reducida a un instrumento, sino que atraviese a todo el sistema educacional. Es por ello que proponemos, para contribuir a una discusión programática, lo siguiente:
En Educación Escolar, es imprescindible avanzar en justicia e inclusión en todo el sistema. Para ello es importante que todas las escuelas se sujeten a reglas que impidan la discriminación y posibiliten la inclusión de todos los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, es importante, junto con superar el financiamiento a los establecimientos públicos por medio de subvenciones avanzando hacia un financiamiento basal, reconstruir los establecimientos públicos, donde el prolongado abandono por parte del Estado ha provocado un profundo deterioro, tanto desde la perspectiva material como desde la propiamente pedagógica.
En materia de financiamiento a la educación superior, es necesario hacer un balance y crítica de lo que ha sido la política de financiamiento gratuito. Si bien desde el Frente Amplio estamos convencido de que la educación, como derecho social, debe ser gratuita, la forma en que esta gratuidad se implementa no es trivial. Frente a los problemas que tienen actualmente las instituciones de educación complejas, es necesario avanzar en un sistema de financiamiento desarancelizado, superando la lógica del voucher. De este modo, el debate educacional superaría la discusión presupuestaria. En segundo lugar, frente al excesivo endeudamiento de las familias por educación, junto por abogar por la condonación de la deuda, es imprescindible avanzar en reparaciones, como lo es eliminar de los registros comerciales estas deudas, de tal modo de que la pesada carga que implica endeudamiento por estudiar, no implique también importantes obstáculos para la búsqueda y el desarrollo del bienestar social.
Sabemos que estos desafíos son mayúsculos, respecto de los que han existido avances parciales y que las condiciones políticas actuales presentan importantes dificultades. Sin embargo, para continuar transitando en esa senda, sin importar quien conduzca el Ministerio de Educación, es fundamental que como oposición tengamos acuerdos programáticos mínimos. Como parlamentarios del Frente Amplio, estamos a completa disposición para establecer los canales de diálogo y articulación que permitan construir, al menos en educación, una oposición con una dirección clara que, junto con evitar retrocesos, no se limite a ello, sino que sea capaz de avanzar, reformando todas las leyes que haya que reformar para reconstruir la Educación Pública. En esto, el diálogo democrático con los actores sociales y políticos resulta fundamental.