Amnistía exige a las autoridades brasileñas que investiguen y procesen a los responsables de la destrucción de la Amazonía

Amnistía presenció un incendio incontenible en el territorio manoki, en el estado de Mato Grosso, el 23 de agosto. La zona de la selva que se quemaba había sido vallada. Dirigentes manoki dijeron a Amnistía Internacional que creían que con el fuego se pretendía conseguir pastos para el ganado.

Petición al gobierno de Brasil para que haga cumplir y financie las protecciones existentes

“Enviar al ejército y prohibir brevemente las quemas son sólo soluciones provisionales para un problema mucho mayor. Más allá de combatir los incendios, Brasil necesita aplicar sus propias leyes, incrementar la vigilancia y aumentar las patrullas que vigilan las confiscaciones ilegales de tierras en zonas protegidas y territorios indígenas, e investigar los abusos contra los derechos humanos y exigir cuentas a sus responsables”, ha declarado Kumi Naidoo.

Desde abril de 2019, Amnistía Internacional ha visitado cuatro territorios indígenas de la Amazonía de Brasil: los territorios karipuna y uru-eu-wau-wau en el estado de Rondônia, el territorio arara en el estado de Pará y el territorio manoki en el estado de Mato Grosso. Expertos e indígenas entrevistados por Amnistía expresaron su intensa frustración porque no se hicieran cumplir las leyes de Brasil para la protección de territorios indígenas y zonas de protección ambiental. También dijeron a Amnistía Internacional que las operaciones de vigilancia del gobierno para controlar y evitar las actividades ilegales de confiscación de tierras y deforestación se han reducido en los últimos meses debido a limitaciones presupuestarias.

En los cuatro territorios indígenas que visitamos, el ritmo de deforestación es casi un 80% superior al del mismo periodo de 2018. En algunos lugares, dirigentes comunitarios indígenas afirmaron también que recibían amenazas de muerte por defender sus territorios tradicionales.

Un empleado del organismo brasileño de medioambiente que habló con Amnistía Internacional pidiendo que se respetara su anonimato afirmó: “Si tuviéramos personal para llevar a cabo inspecciones, la situación no habría llegado a este nivel”.

Un indígena manoki que también pidió no ser identificado, nos dijo: “El IBAMA [Instituto Brasileño de Recursos Renovables y del Medioambiente] ha dejado de venir. No sé por qué. Hemos hecho informes, señalado las coordenadas donde se están produciendo actividades de extracción maderera ilegal y le hemos enviado este material al IBAMA. Pero ya no vienen”.

La Fundación Nacional del Indio (FUNAI) de Brasil y el principal organismo ambiental del país, el IBAMA, han sufrido importantes recortes presupuestarios este año. Según cifras oficiales, desde enero hasta hasta el 28 de agosto de este año la FUNAI ha gastado un 10% menos en la protección de los territorios indígenas que en el mismo periodo de 2018. Los medios de comunicación internacionales han informado de que el presupuesto general del IBAMA se redujo en un 25%.

“Se trata de una crisis de derechos humanos y una crisis ambiental también”, ha declarado Kumi Naidoo. “A largo plazo, el único camino es potenciar a las autoridades civiles responsables de combatir las actividades ilegales de confiscación de tierras y deforestación.

“Por el bien de la selva amazónica, de los pueblos que en ella habitan y del resto del mundo que depende de ella para su estabilidad climática, Brasil debe hacer más para combatir las actividades ilegales de deforestación y confiscación de tierras.”