Sueños sepultados: Las cementeras que ahogan a los vecinos de San Bernardo y El Bosque

Mientras que la mayoría de la gente adapta su casa a su familia, para Elba Cartagena de 59 años esto funciona al revés. Día a día debe abrir las ventanas solo a ratos, colgar la ropa recién lavada dada vuelta y sacudir los muebles religiosamente. Eso entre las cosas más mundanas. 

Tampoco puede cambiar de habitación a su nieta de cuatro años, enferma de displasia pulmonar, a otra en donde pudiera sentir el sol por las tardes. Dice que allí entra más polvo que en las otras habitaciones a través de las ventanas, las mismas que miran hacia una de las seis plantas cementeras y de hormigón con las que convive en su barrio, la villa Las Margaritas de la comuna de San Bernardo.

Un parque industrial que, según los vecinos, perjudica la salud e interfiere con la calidad de vida de más de cinco mil familias y que ahora podría intensificarse con la posible llegada de un nuevo proyecto: la Planta de Hormigón Premezclado Santiago Sur de Inversiones Orange S.A. contra el cual están en pie de guerra.

-Uno sueña con su nueva casa, con progresar, pero debido a las enfermedades no lo he podido hacer, ya que paso en hospitales-, cuenta Elba a The Clinic, quien vive a 150 metros del terreno donde se planea instalar la planta de hormigón.

Del campamento a la casa propia

Para conocer la historia de la villa Las Margaritas hay que retroceder 25 años, cuando en el mismo terreno se asentaba el campamento Ochagavía, que llegó a ser considerado uno de los más grandes de la Región Metropolitana en plena década de los años 90.

Mediaguas construidas con madera y restos de lata, sin acceso a agua potable o electricidad, son algunas de las imágenes que quedaron registradas de aquel campamento, en el que más de 75 familias habitaban el terreno colindante con la avenida José Joaquín Prieto.

Fue recién en 2014 cuando, tras años de organización en comités de vivienda, el campamento Ochagavía fue desmantelado. En su lugar se instalaron más de 700 viviendas sociales donde las 75 familias, más otras comunidades organizadas de San Bernardo y de El Bosque, pudieron cumplir el sueño de la casa propia.

“En este proyecto tenemos que celebrar muchos aspectos que son parte de lo que aspiramos como una política habitacional equitativa en Chile, como la reutilización de un suelo público, bien equipado e instalado dentro de la ciudad, que muchas veces no está accesible para la vivienda social”, señalaba en el acto de inauguración Paulina Saball, ministra de la Vivienda en aquella época.

Justo en una de esas casas vive Elba Cartagena. Tiene dos pisos, 45 metros cuadrados hechos con materiales firmes y acceso a los servicios básicos. Sin embargo, la mujer dice que desde que se trasladaron a este barrio las enfermedades de su nieta y su marido, chofer del Transantiago que padece enfisema pulmonar, se han visto agravadas.

A unas cuadras de distancia, en la villa El Nocedal, Noemí Uribe, dirigenta de la Coordinadora Medioambiental El Bosque-San Bernardo, cuenta que sacudir la casa todos los días, tapar los electrodomésticos con paños para que no les entre polvo, convivir con enfermedades respiratorias y alergias son pan de cada día para las familias de las villas El Nocedal, Las Margaritas y Santa Laura, las más cercanas a las plantas de cemento y hormigón.

“Nosotros acá vivimos rodeados de empresas. En un sector que es un parque industrial, y en otro que son viviendas, todas viviendas sociales además”, señala.

Pese a que no se han realizado estudios de impacto ambiental que evidencien una relación entre enfermedades y la contaminación de las empresas de cemento y hormigón, de acuerdo a un informe entregado este año por la municipalidad de El Bosque, las cifras de las personas con enfermedades respiratorias no controladas que viven en aquel sector son importantes, siendo la segunda zona residencial con más hospitalizaciones abreviadas de la comuna y la primera en el caso de niños por neumonías y síndrome bronquial obstructivo recurrente.

“Hay trabajo detrás, son años en comité de vivienda para poder obtener su casa y que hoy día se ven amenazados con la posible instalación de esta mega planta que solo va a terminar de sepultar todos sus sueños”, afirma la dirigenta.

Inversiones Orange: El posible nuevo vecino en la mira

Fue en febrero de este año cuando los vecinos de El Nocedal en San Bernardo, entre los cuales se encontraba Noemí Uribe, se reunieron por primera vez con Inversiones Orange. La empresa constituida por Guillermo Pinto Aracena y Érico Zursiedel Ramos, según se señala en el Diario Oficial, buscaba presentarles un proyecto innovador, sustentable, que utilizaba el ferrocarril, y que esperaba poder ganarse la confianza de sus vecinos, pero que, en cambio, los participantes recibieron con suspicacia.

“Al escuchar el relato de la empresa versus lo que nosotras estábamos leyendo, nos dimos cuenta de que de verdad era un problema importante que significaría solo perjuicios si esto se instala”, manifiesta Uribe.

Según consta en el oficio N°7125 de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones del 23 de junio de este año, el proyecto pretende instalarse entre las calles Riel Soldado, en la comuna de El Bosque, y Avenida Ochagavía, colindante con San Bernardo en donde esperan construir una fábrica con capacidad de producción de 1.124 mil metros cúbicos de hormigón premezclado al año, hecho en un 95% en base a áridos y clinker.

Fue justamente esto último uno de los puntos que llamó la atención de los vecinos. “El hormigón lo van a producir con el clinker y eso es lo que a nosotras nos alarma porque es un componente altamente tóxico, muy soluble con el agua, y que está elaborado en un 70% por sílices”, asegura Uribe.

Si bien el químico no está regulado en Chile como una sustancia peligrosa, según cuenta Laura Fuentes, ingeniera en medioambiente con master en gestión y tratamiento de residuos en la Universidad Autónoma de Madrid, sí puede traer riesgos para la salud. Algunas empresas destacadas alrededor del mundo como las españolas Cementos Lemona y Cemex, y la estadounidense Lehigh Hanson Inc. indican en sus hojas de seguridad que su manipulación puede producir quemaduras severas en la piel, reacciones alérgicas, irritación respiratoria, entre otras. Síntomas que no les son ajenos a los vecinos.

“Sabemos en la actualidad lo que es vivir rodeados de cementeras, lo que es sacar polvo todo el día de tu casa, que tus hijos sean alérgicos, que los niños se resfrían y derive a una bronquitis”, asegura la vocera de la coordinadora.

Otra estadística del informe de salud de la municipalidad de El Bosque señala que el consultorio Santa Laura, que atiende a la población más próxima a las cementeras, presenta un porcentaje elevado de niños menores de seis meses con riesgo de morir por neumonía, alcanzando el 35% de la población, tal como señalan las cifras del ministerio de Salud.

Vivir en una nube de polvo

Cada vez que toma su vehículo para dirigirse a Santiago, Uribe debe recorrer el “tour de las cementeras”. Saliendo de su casa, la primera con la que se topa es la planta de hormigones Grau, a pasos de la villa El Nocedal, para luego, 300 metros después de virar hacia el norte por Avenida Ochagavía, encontrarse con Hormisur a su izquierda y, un poquito más adelante, Cementos BSA por su derecha, seguido por Lafarge, Ready Mix, y las galvanizadoras y metálicas Gymsa y Aircal. Todo intercalado con villas, comercio y colegios.

Avenida Ochagavía es una calle estrecha y gris. Tiene apenas una pista de ida y otra de regreso, y los escasos árboles que decoran el camino están cubiertos por un polvo de color blanco ceniza, el mismo que colorea las señaléticas y automóviles estacionados. En cambio, no tan escasos son los camiones de carga, los que en horas punta rivalizan con el transporte público y privado formando focos de congestión vehícular. 

Por este tipo de paisajes cotidianos, para quienes viven en el sector el método transporte de los materiales se ha vuelto un punto de quiebre para el rechazo a la instalación de una nueva planta de hormigón en el barrio. 

Según explica Laura Fuentes, los camiones pueden ser contaminantes de dos maneras. La primera es a través del material particulado que levantan en su paso y, la segunda y más importante para la especialista, es la liberación de gases tóxicos a raíz de la propia combustión de los vehículos.

Pese a que el proyecto de Inversiones Orange plantea el uso del ferrocarril a través de la habilitación de un terreno con acceso a este medio, de propiedad de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, en un proceso completamente encapsulado, según aparece en el Informe de Factibilidad Técnica presentado a la seremi de Transportes, la movilización completa del material por vía férrea se logrará solo al cuarto año del funcionamiento de la planta. Los primeros dos años el traslado de los materiales será través de camiones que, según los cálculos de la propia empresa, tendrán una afluencia de 88 vehículos por hora transitando principalmente por Avenida Ochagavía y Las Acacias.

Una cifra que el propio Guillermo Pinto, socio y representante legal de Inversiones Orange, confirma y defiende. Según dice, el funcionamiento del ferrocarril hará que en el futuro la empresa incluso descontamine la zona al quitarle parte del mercado a otras plantas de hormigón que habitan en el sector. “Además, con el transporte de materiales por tren vamos a sacar 200 mil viajes en camión de Santiago y crear 250 empleos que queremos destinarlos, ojalá, a la gente de ahí”, asegura.

Además, el empresario e ingeniero civil asegura a The Clinic que la implementación de su proyecto contempla medidas de mitigación como el arreglo de semáforos, asfalto de calles y la entrega de estufas ecológicas a los vecinos. “Si yo me pongo frente a una persona que vive ahí puedo decir que sí, 88 camiones son hartos. Pero industrialmente, para una zona que el plano regulador definió como industrial, lo que yo te digo es que no es harto”, señala.

Informe MTT Cementera El Bosque – San Bernardo by The Clinic on Scribd

La maraña de los planos reguladores

Si se miran las villas El Nocedal, Las Margaritas y Santa Laura desde el mapa es posible ver cómo el territorio es dividido por la calle Avenida Ochagavía, la cual, a su vez, las separa en dos comunas. Una división política que también trae consecuencias a la convivencia de las empresas y poblaciones, al coexistir en menos de 150 metros de distancia dos planos reguladores que, pese a comprender conjuntos residenciales, permite la instalación de actividades de “tipo inofensivo”.

Las consecuencias son inmediatas para las industrias como Inversiones Orange, al no verse exigidas a los mismos estándares que en las zonas pobladas, pese a que a metros de donde planea instalarse, en la misma comuna de El Bosque, viven familias en la villa Santa Laura. Pero no solo eso: todos los camiones del proyecto de la planta de hormigón pasarán por las calles de San Bernardo, circulando por afuera de las viviendas de los vecinos de Las Margaritas y El Nocedal.

“La planta se va a instalar en una zona donde el plan regulador lo permite, pero todos sus camiones van a transitar por una zona urbana, entonces ahí es donde está el tejemaneje del tema municipal de los planos reguladores”, cuenta la ingeniera Laura Fuentes.

Si bien ambos municipios se han manifestado a favor de las demandas ciudadanas, desde la Dirección de Obras Municipales de San Bernardo, Christopher Karamanoff asegura que la modificación de los planos reguladores, los cuales muchas veces se van quedando obsoletos con el paso del tiempo, es una de las principales dificultades de las administraciones.

“¿Dónde se generan estos problemas? En los planes reguladores metropolitanos, comunales, de las comunas de El Bosque, La Pintana, San Bernardo y en la comuna que sea. Obviamente, son los que te permiten o te prohíben ciertos tipos de actividades en ciertos sectores”, manifiesta. Sin embargo, además de señalar que se encuentran en proceso de licitación de un nuevo plano regulador para su territorio, Karamanoff asegura que en este caso es El Bosque el que tiene la responsabilidad de liderar las denuncias al Servicio de Evaluación Ambiental.

Por su parte, Sadi Melo, alcalde de dicha comuna, también sentencia que ha sido enfático en el respaldo a los vecinos afectados, recalcando que el territorio no solo está sujeto a un plan regulador comunal que permite la instalación de empresas, sino también a uno intercomunal el cual entra en disputa con el local.

“Está obsoleto, no es coherente con toda la discusión de la conversación medioambiental que se hace en la Región Metropolitana. Eso incide en las densidades en las que se construye, en las alturas, en las exigencias de las externalidades que generan la localización ya sea empresarial o la localización de viviendas”, afirma el alcalde Melo.

Así como San Bernardo, el edil de El Bosque asegura que su comuna también se encuentra en proceso de cambio a un nuevo plan regulador el cual entrará en vigencia en 2020 y que caracteriza el área de la villa Santa Laura y las cementeras como “zona intermedia de localización”, realizando algunas regulaciones ambientales.

“El nuevo plan regulador coloca los temas de transporte y accesibilidad vial más cerca de las necesidades de las viviendas y de los ciudadanos”, dice Sadi Melo.

Las mujeres que lideran la batalla

El domingo 9 de junio las calles de El Bosque cercanas al terreno en donde se pretende construir la planta de hormigón estaban repletas de familias y vecinos. Noemí Uribe estaba entre ellas y corría de un lado a otro organizando los detalles del “Carnaval Ambiental”, una de las tantas actividades que la Coordinadora Medioambiental El Bosque-San Bernardo ha convocado para movilizar a los vecinos en el debate respecto a la iniciativa de Inversiones Orange. 

Junto a grupos de Whatsapp, reuniones vecinales y presencia en redes sociales, iniciativas ciudadanas como aquella le han dejado un amplio apoyo vecinal a la coordinadora, consiguiendo entregar 740 observaciones al proyecto en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), cada uno con un testimonio sobre por qué creen que no se debe instalar ahí una nueva planta de hormigón, lo cual se suma a las emitidas por las municipalidades y los servicios regionales.

Sin embargo, Uribe y el resto de las voceras de la coordinadora -todas mujeres- no se han conformado con aquel respaldo y han sido proactivas en el contacto con autoridades pidiendo que se repare uno de los principales errores que cree que han sido cometidos: que el proyecto de Inversiones Orange presente un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en vez de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). “Nosotras consideramos que es muy simple para el tipo de industria que se quiere instalar”, señala Uribe.

Según indica la Ley 19.300, la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental se exige cuando la empresa interfiere significativamente con el medioambiente, pudiendo presentar, entre otros escenarios, riesgos para la salud de la población debido a las emisiones, residuos y efluentes producto del funcionamiento de la actividad.

“A diferencia del Estudio de Impacto Ambiental, la Declaración de Impacto Ambiental no te exige que tú le tomes como una foto -que es la línea base- al área antes de que instales el proyecto. Entonces por eso es que los vecinos insisten tanto con el estudio, porque ellos quieren que realmente les digan cuál va a ser el impacto y las medidas de mitigación”, opina la ingeniera en medioambiente.

Un problema que trasciende a Inversiones Orange S.A. 

La sensación de respirar el polvo “que estaba en las casas, en los autos y cubría las ventanas” fue significativa para Gael Yeomans, diputada del Frente Amplio por el distrito 13 que incluye a El Bosque, quien, luego de ser contactada por las dirigentas de la coordinadora, fue a visitar el sector. Allí, en un entorno rodeado de empresas y viviendas, acusa que ha existido falta de iniciativa por parte de las seremis de Salud y Medio Ambiente a la hora de fiscalizar un territorio cuya crisis antecede al proyecto de Inversiones Orange.

“Nosotros tuvimos una reunión con la seremi de Salud y de Medio Ambiente que solicitamos a propósito de este tema. Fuimos con la organización y lamentablemente la respuesta que ahí nos dieron fue lavarse las manos”, indica la diputada.

Pese a que The Clinic intentó contactarse con la seremi de Salud metropolitana para preguntarle respecto a su visión sobre las condiciones sanitarias en el sector, hasta el  momento del cierre del reportaje no han contestado.

Por su parte, luego de consultar a su par de Medio Ambiente respecto de sus facultades fiscalizadoras, desde el organismo respondieron que sólo son competentes cuando los proyectos cuentan con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo cual aún no es el caso de la iniciativa de Inversiones Orange. 

Además, afirmaron que el proyecto debe ingresar al Servicio de Evaluación Ambiental si está tipificado como una instalación fabril de dimensiones industriales, según se consigna en el literal k del artículo 3 de la Ley 19.300, lo cual contrasta con la categoría de “terminal de camiones” con que fue ingresado por los titulares de la sociedad.

Un territorio ubicado en la periferia de Santiago que, según Yeomans y el edil Melo, es tratado de forma distinta por las autoridades, siendo comunas precarizadas, donde los trabajadores tienen que realizar grandes trayectos para regresar a sus casas y cuyas necesidades son ignoradas. “No puede ser que empresas de este carácter contaminante puedan estar instaladas tan cerca de las viviendas y de poblaciones que de hecho fueron construidas también por proyectos del Serviu, o sea, con completa irresponsabilidad del Estado”, manifiesta la diputada.

En este mismo tono, la dirigenta Noemí Uribe es tajante al señalar que creen que “venir al sector, que se hagan mediciones, sería un argumento más que suficiente para poder pedir que aquí se haga un Estudio de Impacto Ambiental. Nosotros estamos en una nueva zona de sacrificio”.

Por su parte, Karamanoff también reconoce que existe una contradicción entre la coexistencia de empresas y viviendas, donde afirma que la mitigación ha sido inefectiva. “La normativa nos dice que si hay un impacto negativo, mitiguémoslo, pero en realidad nuestra normativa debiera indicar que si hay un impacto negativo, que no se haga. Yo no puedo estar pensando en curar una enfermedad cuando las empresas no debieran existir”, señala el director de Obras de San Bernardo, comuna que cuenta en su territorio con plantas como Cementos Grau, Hormisur, Ready Mix y Lafarge.

Misma línea que manifiesta el edil de El Bosque, quién asegura que se debería pedir el traslado definitivo de las empresas. “Si uno piensa en que tenemos la Cop 25 en Chile y que vas a tener a todos los mandatarios haciendo una discusión sobre cómo descarbonizamos la economía, muchas de las medidas que se van a tener que tomar en Chile es cómo empiezas a relocalizar para tener sostenibilidad ambiental”, dice Sadi Melo.

Llevar la pelea hasta las últimas consecuencias

Elba Cartagena asegura que no tiene posibilidades de trasladarse a otro barrio. Actualmente pasa la mitad de su tiempo entre la Teletón y hospitales, donde lleva a su nieta -de quien tiene la tuición- a controles médicos a causa de sus enfermedades, lo cual no le permite trabajar para traer mayor ingresos a su hogar. Sin embargo, su sueño, dice, es hacer desaparecer esas empresas. “De hecho, de solo saber que van a instalar una nueva planta hace que yo me desilusione completamente”, señala.

“Y a estas empresas también hay que sumarle una metalúrgica que también afecta la parte ambiental. Muchos vecinos trataron de juntarse, saben que la unión hace la fuerza. Ha costado mucho ya que son empresas que contaminan, meten ruido y la verdad es que nosotros ni los vecinos podemos dormir”, añade la vecina del sector en conflicto. 

Por su parte, Uribe y el resto de las voceras de la coordinadora están dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias con el fin de que no se construya la planta de hormigón de Inversiones Orange. Allí, entre capacitaciones con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y en estrecha relación con otras organizaciones locales, como Mujeres en Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví en Resistencia, las dirigentas no descartan recurrir incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es que sus peticiones no son escuchadas.

Mientras, el próximo paso que esperan poder concretar es reunirse con la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, quien es una de las personas que vota en la Comisión de Evaluación Ambiental, instancia que tiene la última palabra a la hora de decidir si la instalación de la planta de hormigón será permitida o no. Sin embargo, hasta el momento, Uribe dice que las solicitudes que han realizado a través de la Plataforma de Lobby para tener una reunión con Rubilar han sido derivadas y aún no tienen fecha fijada.

“Fuimos mujeres las que empezamos a escuchar, porque somos vecinas, porque las mujeres somos las que permanecemos más tiempo en el territorio. Nosotras las mujeres somos las que cuidamos a nuestras familias cuando se enferman, somos las que limpiamos el hogar, las que habitamos en el fondo el territorio”, cuenta Uribe respecto a la lucha que han llevado junto a sus compañeras y vecinas de la coordinadora. 

Todas juntas esperan que en esas 5,64 hectáreas donde pretende instalarse Inversiones Orange pueda construirse, en vez de una industria nociva, un parque intercomunal en que  puedan recrearse las familias que habitan las comunas de El Bosque y San Bernardo, esperando que las hojas de esos árboles no estén cubiertas de polvo como sucede en la actualidad. Un pulmón verde para una zona con escasa presencia de vegetación e históricamente saturada por la presencia de industrias cementeras, metalúrgicas, agrícolas y de depósito de residuos, que hoy conviven con una población que, afirman, ha sido relegada.