El largo historial del depredador de la comunidad sorda: crónica del inédito juicio oral en el que trece mujeres víctimas de violación no podían oír

Quedan minutos para que comience la última jornada del juicio oral contra José Pablo Peñafiel. La prensa y algunos investigadores lo han bautizado como “el violador de la imprenta”, pero ese nombre, con tintes de novela policial, le queda corto a un hombre que hoy enfrenta cargos por abuso sexual y violación contra 13 mujeres de la comunidad sorda, a la que él mismo pertenece. Se trata de un caso sin precedentes en la historia judicial chilena.

Afuera de la sala se arma una discusión entre un hombre con un equipo de grabación y un funcionario del Poder Judicial. Son dos chilenos, adultos, de edades similares. Están lo suficientemente cerca para verse, escucharse y entenderse. Pero hay un abismo que los separa desde el primer segundo pese al esfuerzo que ambos hacen para comunicarse. Uno de los hombres es sordo y el otro no. Se trata de una situación incómoda para quienes no manejan lengua de señas, hasta que llega un intérprete.

El hombre viene de parte de un canal de noticias para la comunidad sorda y quiere registrar la audiencia donde se discutirá el caso. Quienes no asistieron esperaban ver la transmisión en vivo, pero tras discutir con jueces y abogados, no se le permitió grabar porque resultaba imposible resguardar la identidad de las víctimas cuando el intérprete se refiriera a ellas.

Es martes 4 de agosto y la sala llega a su capacidad máxima. Quienes toman asiento tienen especial cuidado de no bloquear la vista de los demás. Su prioridad no es escuchar con claridad al juez ni a los abogados, sino ver bien al joven ubicado en la esquina de la sala y a la mujer que se sitúa frente al acusado: los dos únicos intérpretes de lengua de señas responsables de interpretar todo el juicio oral.

La investigación sobre las 13 víctimas de Peñafiel surgió tras la muerte de Camila Villavicencio, profesora y activista dentro de la comunidad sorda. En 2018 tuvo una aparición en CNN, en el programa Conciencia Inclusiva, donde abordó la importancia de promover la enseñanza y difusión de la lengua de señas. “Si en la noche viene una persona y me roba o me viola, ¿cómo puedo llamar a Carabineros? (…) Las expectativas del Estado son que el sordo se convierta en oyente”, declaró.

Cuatro años después, en octubre de 2022, Villavicencio fue encontrada muerta en el domicilio de José Pablo Peñafiel, quien posteriormente, en el marco de una investigación por delitos sexuales, sería calificado por la Fiscalía como un “depredador sexual”.

Tras su fallecimiento, cuyas circunstancias siguen en investigación, una expareja del acusado realizó una transmisión en vivo en la que relató episodios de violencia que habría sufrido por parte de él. Ese testimonio motivó a otras víctimas de Peñafiel a denunciar. “Al escuchar las declaraciones en varias ocasiones parecía que solo cambiaban los nombres de las víctimas, más no el del acusado. Tampoco cambiaba su modo de actuar, no cambiaban las estrategias de sometimiento, tampoco sus amenazas”, señaló la fiscal en el juicio.

El patrón de Peñafiel

José Pablo Peñafiel tiene 36 años. Según los conocedores del caso, ha vivido en una posición de privilegio dentro de la comunidad sorda en Chile. Pertenece a una familia de clase media alta, dueña de una imprenta en Santiago Centro, lo que le permitió aprender el oficio y tener un sueldo desde los 18 años. “Eso, para un sordomudo, era mucho, porque al menos tenía dinero para invitar a salir a niñas, llevar plata al colegio para las colaciones y, además, como era un hombre trabajador, siempre hacía Uber, por lo que tenía un ingreso extra”, detalló su propio abogado.

Mientras muchas de sus víctimas apenas podían desplazarse solas o comunicarse fuera de sus círculos más cercanos, él podía conducir automóviles y motocicletas. También sabía leer labios y escribir, desenvolviéndose con una autonomía que le otorgaba una posición de poder sobre ellas, no solo al momento de acecharlas, sino también de amenazarlas.

En los testimonios de las afectadas se repite un patrón que, según la tesis expuesta por el Ministerio Público durante el juicio, respondía a un actuar metódico. Peñafiel seleccionaba a sus víctimas dentro de la comunidad sorda: adolescentes y mujeres jóvenes, algunas sin experiencia sexual previa. Las contactaba a través de redes sociales o en fiestas y, una vez que ganaba su confianza, las llevaba hasta su imprenta para violarlas.

En uno de los casos, grabó a una víctima mientras la agredía sexualmente y luego difundió el video. En otro, violó a una joven en el colegio al que ambos asistían. Incluso estando en prisión preventiva, Peñafiel mantuvo acceso a un teléfono celular, desde el cual llegó a amenazar a una de las víctimas para intentar impedir que declarara.

Denunciar un abuso siendo sordo es un proceso difícil. En una comunidad tan pequeña este tipo de casos rara vez pasa desapercibido. Una amiga de Camila relata que la denuncia generó divisiones y tensiones al interior de la comunidad, especialmente porque el acusado también difundió su propia versión de los hechos. “Ha habido muchos enfrentamientos entre quienes creen y quienes no creen. Hay grupos de WhatsApp con más de 40 personas opinando sobre el caso”, afirma.

La discriminación sistematica a las personas sordas

El primer hecho que el tribunal terminó acreditando contra Peñafiel ocurrió en 2009. El último, en 2022. Trece años durante los cuales las denuncias no llegaron, no porque faltaran víctimas, sino porque el camino para denunciar estaba lleno de obstáculos: declarar ante funcionarios que no entendían lengua de señas, esperar intérpretes que muchas veces no estaban disponibles y revivir un relato de violencia sexual a través de un tercero.

Para Carmen Figueroa, presidenta de la Fundación Centro de Apoyo a las Personas Sordas, en esta causa también está en juego otro veredicto. No se trata únicamente de la condena a Peñafiel, sino también de la capacidad del sistema judicial chileno para sostener, por primera vez de principio a fin, un juicio oral adaptado a las necesidades de comunicación de víctimas sordas. “Nunca antes se había hecho un juicio así”, dice Figueroa. Un antecedente que la propia comunidad espera que no sea el último.

Antes de este juicio, ya existía suficiente evidencia como para prever lo que ocurriría. Según cifras del Ministerio de Educación citadas por CIPER, el 87% de los establecimientos que reciben niñas y niños sordos en Chile no cuenta con intérpretes ni educadores que manejen lengua de señas. Otra cifra revela que la población infantil sorda tiene hasta cuatro veces más probabilidades de ser víctima de una agresión física o sexual que sus pares oyentes, según estudios internacionales recogidos por la misma fuente.

Esa vulnerabilidad no desaparece con los años. Por el contrario, suele encontrarse con un sistema que no está preparado para atenderla. Menos del 25% de los servicios de salud mental que atienden a personas sordas en Chile cuenta con intérpretes de lengua de señas y, aunque esta comunidad presenta una prevalencia de depresión, ansiedad y estrés postraumático que duplica la de la población oyente, menos del 10% recibe atención especializada en salud mental.

“Si una persona hablante de mapuzungun llega a hacer una denuncia, Carabineros tiene la obligación de conseguirle un intérprete. Con la lengua de señas, reconocida por ley en Chile, eso no ocurre con la misma naturalidad”, cuestiona la presidenta de la fundación. El caso de Camila Villavicencio expone esa falla en su forma más cruda. Cuando su familia llegó al sitio del suceso, en octubre de 2022, Carabineros no logró tomarles declaración: nadie ahí manejaba lengua de señas.