[Columna] Derechos Humanos universales: para todos lo que es de todos.

Haydee Oberreuter, dirigenta DD.HH.
Emilia Schneider, presidenta FECH

Medio mes ha pasado desde que estudiantes secundarios decidieron comenzar a saltar los torniquetes del metro de Santiago. Sus acciones contuvieron una rebeldía y una profundidad histórica que nos hace sentir como si hubiera transcurrido mucho más tiempo, pues el conflicto ha escalado al punto en que la dimisión de un presidente es algo que buena parte de la sociedad está considerando.

Durante estas jornadas se ha hecho un esfuerzo por parte de la política tradicional de separar las demandas expresadas en la calle en busca de derechos sociales y contra la precarización de la vida, de la búsqueda por preservar el orden público mediante la militarización del territorio, cuestión que, al mismo tiempo de justificarse mediante la retórica del enemigo interno y la guerra, abrió el espacio para brutales violaciones a los Derechos Humanos que se han dado desde el primer día de estado de emergencia hasta hoy. Esta distinción quita fuerza a las posibilidades democratizadoras demostradas en los últimos días, por lo que no solo debemos evitarla, sino también combatirla.

Históricamente, dentro de los Derechos Humanos se ha hecho una clasificación entre distintos tipos de derechos que apuntan a objetivos similares de la realización humana y su dignidad. Por una parte, se ha agrupado tradicionalmente a los derechos que se relacionan con el ejercicio político y la protección de la violencia estatal: derecho a la vida, libertad de expresión, de circulación, de reunión, etc; como parte de los llamados “Derechos Civiles y Políticos”. Por otra parte, aquellos que se relacionan con la igualdad en el acceso a condiciones materiales de vida: derecho a la educación, salud, previsión social, etc; que se conocen como “Derechos, Económicos, Sociales y Culturales”.

Solo el respeto pleno a los primeros da espacio para que las sociedades se organicen democráticamente y busquen las fórmulas para lograr los segundos. En el caso chileno, la imposición de un ordenamiento institucional, político y económico mediante el terrorismo del Estado dictatorial generó un escenario donde el acceso a los derechos sociales, económicos y culturales se medió radicalmente por su mercantilización y la privatización. Y esa realidad, que produce gran parte de los problemas frente a los que hoy nos hemos rebelado, jamás fue producto de un pacto social. La violación masiva y sistemática de los derechos humanos fue la condición de posibilidad para ello. La impunidad de las mismas fue el precio a pagar para mantener la gobernabilidad, el equilibrio fiscal y la libertad económica del empresariado, en cuyo nombre cualquier cambio debía ser conjurado.

En ese sentido, la posibilidad de deliberación democrática en torno al modo en que como sociedad queremos dotarnos de una cierta forma de resolver las dificultades que implica la vida en común es lo que está en juego hoy. Para mantener abierta esa posibilidad, debe existir el más pleno respeto a los derechos humanos civiles y políticos y, por lo mismo, sus violaciones deben someterse al máximo rigor de la ley. Eso implica, por cierto, la investigación de las responsabilidades penales y políticas frente a las muertes, desapariciones, violencia política sexual, secuestros, torturas y otras vejaciones llevadas a cabo por las fuerzas armadas y de orden en los últimos días.

Al analizar los hechos de los días recientes, existe el peligro de disociar la mirada en estas dos dimensiones de los DD.HH. Sin embargo, solo combinando ambas es que se puede entender claramente el conflicto como habilitador de una profundización efectiva de nuestra democracia. El gobierno intenta evitar aquello mediante la distinción entre les pacíficos y les delincuentes, y afirmando que han escuchado a les primeres pero que mantendrán la mano de hierro con les segundes. Al mismo tiempo, se responde con inusitada violencia policial y militar frente a toda expresión pública de protesta, generando horrendas consecuencias humanas.

En otras palabras, la impugnación radical a un modelo que ha privatizado el acceso a derechos sociales, económicos y culturales y que fue construido en base a las violaciones a los derechos humanos busca ser acallada haciendo uso de la misma herramienta. Tras décadas de condenar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura civil-militar como modo de diferenciarse del pinochetismo más duro, el sector del gobierno de Sebastián Piñera evidencia, en los actos, que su convencimiento democrático y su compromiso con los DD.HH. no son plenos. Esto se expresa, por ejemplo, en la decisión del gobierno de poner urgencia a su propia agenda -que como se ha dicho hasta el hartazgo, profundiza la mercantilización, transfiere más recursos estatales a los privados y por ende fortalece al empresariado- apelando a la unidad nacional mientras se ejerce violencia estatal ilegítima contra la sociedad.

El verdadero conflicto que se ha vivido esta semana es el choque entre, por una parte, la Democracia y los Derechos Humanos en todas sus dimensiones, defendidos por la gente en la calle y en sus casas; y por otra, el retroceso hacia un autoritarismo expresado también en el mercado como proveedor de derechos sociales, defendidos por el Gobierno y el empresariado. Esta semana, el Presidente declaró la guerra por televisión y la gente le gritó en la calle dignidad.

La posibilidad de empezar un proceso de construcción de un nuevo pacto social fundado en el respeto irrestricto a los DD.HH., sin la amenaza del terrorismo de Estado, no es sólo una cuestión humanitaria, sino que también es profundamente política. Entrega la posibilidad de transformar el más terrible de los recuerdos en el más edificante de los proyectos. La figura de Víctor Jara, cuya música ha sido el más bello reloj despertador, es un ejemplo claro de esa necesidad. Es tiempo que las semillas que han dejado todos los luchadores sociales empiecen a crecer de nuevo, pero eso está constreñido por todas las formas de impunidad que soportamos.