Se registran 292 denuncias por comportamiento de connotación sexual en colegios de Chile

En lo que va del año, se han registrado 292 denuncias ante la Superintendencia de Educación por comportamiento de connotación sexual en distintos colegios y escuelas a lo largo de Chile. Un número que alarmantemente afecta más a mujeres que a hombres, ya que en 180 casos, es decir, más de la mitad, las afectadas son mujeres.

150 casos corresponden a delitos de violación, abuso sexual, estupro, y corrupción de menores. La mayoría de estas se concentran en la región de Valparaíso y Metropolitana, y en colegios particulares subvencionados. La mayoría de estas denuncias se concentran en niños en educación básica (157), mientras que se registran 59 en educación media. Actualmente existen varios protocolos de género que están activos a lo largo de Chile y que deberían aplicar en todas las instituciones educativas que trabajan con menores de edad.

Los delitos relacionados con hechos de connotación física, como abuso, y violación; son en gran parte acompañado de otro tipo de actuar de los agresores; un posterior acoso y hostigamiento para garantizar que se mantenga la impunidad y el círculo de confianza del victimario, conducta que se replica en el caso del Liceo Experimental Artístico, ante la negligencia de sus autoridades. Según la Superintendencia de Educación, 140 de las denuncias que tienen registradas, corresponden a comportamientos de connotación sexual que no constituyen una agresión física, sino que más bien se trata de acoso y hostigamiento; en total 87 niñas y adolescentes a lo largo del país son víctimas de este tipo de delitos; que en ocasiones tiene como agresores a compañeros de curso, y profesores.

El caso del Colegio Experimental

Una de las denuncias ingresadas este año en la Superintendencia, corresponde a los padres de la menor, E.G.S, de 16 años. En el verano del año 2018 E.G.S., pidió permiso para ir a la Fiesta de la Tirana junto con una compañera de curso y sus padres. Cuando volvió, le contó a sus padres que durante el viaje, en una de las noches, otro menor compañero de liceo, en ese tiempo de 3° medio, de iniciales V.G, abusó de ella mientras dormía. Después de esto, para ella comenzó una pesadilla conocida por mujeres, niñas y adolescentes que son víctimas de este tipo de delitos, constantes amedrentamientos y acosos virtuales en el que le exigen guardar el secreto, y la responsabilizan de haber sido víctima, con declaraciones como “ella sabía a lo que iba”. Pasó a ser el centro de atención en grupos de whatsapp e instancias sociales en el colegio. Esto fue solamente el inicio de un año completo cargado de experiencias revictimizantes, perpetradas por V.G. y bajo la supervisión de las autoridades del colegio que nunca activaron el protocolo de convivencia escolar, existiendo denuncia verbal de la menor y de los padres por escrito.

La Superintendencia de Educación emitió un informe, de fecha 6 de junio de 2019, respecto del liceo donde constata las faltas al incorrecto actuar de sus administrativos ante casos de acoso y abuso sexual, por no aplicar los procedimientos correspondientes: “específicamente, no es posible verificar que se haya abordado la situación de hostigamiento hacia la estudiante afectada conforme a lo establecido en los protocolos de actuación contenidos en el reglamento interno de convivencia escolar.”

Daniela López, abogada de AML Defensa de Mujeres, que lleva la representación de la víctima, afirmó que:

“Tal es la infracción a los derechos fundamentales de la joven, que el establecimiento durante casi un año ha producido en la menor deseos de desertar de su casa de estudios, crisis de angustia al ver expuesta su vida privada, intimidad y reputación en la comunidad educativa de pares, la cual desacredita su vivencia y la culpa de que los padres de su agresor retirarán al joven del establecimiento, unas semanas antes del cierre de año, con su egreso exitoso de enseñanza media. El Liceo Experimental Artístico, mediante su director Luis Espinoza, ha impetrado acciones ilegales y arbitrarias en contra de la menor, privandola de su derecho a un juicio racional y justo, al no activar el protocolo de convivencia,  a no ser juzgada por comisiones especiales, puesto que no actuaron con la debida imparcialidad en sus actuaciones, siendo los encargados del procedimiento.  Carecieron de total moralidad al momento de dirigir el caso, pues lo correcto habría sido indagar. Por tanto sus autoridades han perturbado su derecho a la honra y a la vida privada, afectando su derecho a la integridad psíquica y a no ser discriminada arbitrariamente mediante la reproducción de sesgos de género que sostenido la no reparación, dándole a la joven trato de víctimaria y al agresor de víctima. 

A su vez, como institución educativa, a cargo de la formación de niñas, niños y jóvenes han alimentado la normalización de las conductas constitutivas de violencia de género, denotando subestimación a la declaración de la víctima. Todo en desmedro de las normativas nacionales como internacionales,  ratificadas por Chile y que se encuentran vigentes”.