Columna de Nicolás Grau: Un proceso constituyente con protagonismo popular

Nicolás Grau, militante frenteamplista, profesor de Economía Universidad de Chile.  

El estallido social ha abierto una oportunidad histórica de democratización, donde los intereses de las mayorías populares y de clases medias no estén subordinados a los intereses de una pequeña minoría. El acuerdo firmado hace algunos días hace más probable que esta oportunidad se concrete, toda vez que genera condiciones favorables para que la constitución de Chile deje de ser expresión de intereses minoritarios y circunstanciales que primaron por la fuerza durante los 70 y 80.

Ahora bien, que una constitución sea definida por mecanismos democráticos, como promueve el acuerdo, no asegura en ningún caso el protagonismo popular. Ese protagonismo popular depende, por un lado, de una serie de aspectos que quedan por definir por el parlamento y depende también del compromiso que a este respecto tengan las fuerzas políticas de izquierda. Dado que se ha hablado bastante de lo primero, en esta columna me centraré en lo segundo y esbozaré algunas propuestas concretas en dicha dirección.

Estoy convencido que, más allá de lo que se logre avanzar en el parlamento respecto a las cosas que quedan por definir (por ejemplo, paridad de género), si las fuerzas políticas de izquierda se juegan por facilitar el protagonismo popular, están todas las condiciones para que ello sea posible.

En concreto propongo lo siguiente:

–Desarrollar un proceso constituyente de facto (anterior a la inscripción de candidaturas), con una estructura de cabildos que asegure una participación sustantiva de todas y todos. En la misma línea de lo que ha organizado Unidad Social y muchas personas y organizaciones sociales de forma espontánea, pero ahora con reglas y dos objetivos muy claros: construir una visión constitucional común y generar una lista de candidatas y candidatos expresivas de toda la diversidad social.

–Que todo este proceso sea patrocinado, pero no liderado por los partidos políticos disponibles para ello. Es decir, que pongan a disposición sus ventajas legales (para conformar una lista, por ejemplo), pero que sus militantes no tengan ninguna ventaja en tal proceso y que se comprometan a respetar las reglas previamente acordadas (las que se especifican más abajo).

–Que se conforme una lista con candidatas y candidatos que surjan de este proceso. Es decir, que todas y todos los candidatos hayan participado en los cabildos (con una cierta asistencia mínima) y que se comprometan a empujar la visión común que surja de tal proceso. Que las y los candidatos se elijan de dos maneras. Por un lado, que una fracción relevante (digamos una mitad o un 70%), se elija por sorteo entre todas las personas que cumplan con la asistencia mínima. Por otro lado, que la proporción restante se elija por un mecanismo de votación, en el que estén habilitados para participar quienes tenga la asistencia mínima a los cabildos. El mecanismo de sorteo se requiere para asegurar que haya una representación de toda la diversidad participante (porque incluso en espacios de este tipo pueden operar las desigualdades estructurales de nuestra sociedad). El mecanismo de votación busca promover que ciertos liderazgos sociales y políticos sean elegidos, en la medida que sean valorados por quienes participen en los cabildos-.

–Que existan cuotas de diversa índole, para así promover decididamente –entre otras cosas- la paridad de género, la participación de pueblos indígenas y la fuerte presencia de dirigencias sociales. La forma concreta que tome este compromiso dependerá de cómo quede la ley del sistema de elección.

–Todos los recursos levantados por los partidos y aportados por particulares deben ser depositados en un fondo común y único para campaña, repartido igualitariamente entre candidatas y candidatos. Esta igualdad sólo debe ser alterada con el fin de lograr que los grupos con menor presencia mediática tengan una mayor probabilidad de ser electos. Esto implica, que ningún partido pueda gestionar por su lado los recursos para las y los militantes que hayan sido electos en el proceso antes descrito. A su vez, que la franja por televisión sea especialmente dedicada a dar a conocer a las y los candidatos de organizaciones sociales y a quienes hayan sido elegida(o)s en el sorteo.

–Que la dirección de este proceso de cabildos y de construcción de lista de candidatas y candidatos no esté en los partidos políticos, sino en una comisión amplia, donde participen dirigencias sociales y personas de diversos ámbitos que den la confianza necesaria para las y los participantes. Que para los efectos operativos y de diseño de metodologías, se solicite apoyo técnico (para el sorteo, por ejemplo).

Por supuesto esta es sólo una propuesta. Pero con ella me interesa mostrar que mientras exista voluntad, están dadas las condiciones para que nuestra constitución no sea el fruto de un proceso formalmente democrático, pero en la práctica elitista. Se debe hacer el máximo esfuerzo para que el sistema de elección que quede en la ley recoja todas estas inquietudes, pero aun en caso que no lo haga o lo haga imperfectamente, las organizaciones políticas de izquierda pueden mostrar en los hechos su compromiso con un proceso constituyente realmente participativo.