Lucía Dammert: La crisis policial

Desde los 90 Carabineros de Chile era la institución con mayores niveles de confianza ciudadana. La ciudadanía reconocía su entrega y profesionalismo, así como su acción frente a las más diversas situaciones cotidianas donde el Estado no estaba presente. Sus funciones aumentaron de forma exponencial, junto con la dotación de personal que subió de alrededor de 20 mil funcionarios en 1990 a aproximadamente 60 mil en el 2019. De la mano vino el aumento presupuestario que llegó a 1,737 millones de dólares para el año 2020.

Paradojalmente mientras los chilenos temían al delito y la criminalidad se consolidaba como la principal preocupación, la confianza en la policía se mantenía alta y los políticos corrían en círculos buscando propuestas que sonaran suficientemente fuertes para generar la sensación que “algo se hacía”. Se consolidó la autonomía policial, que venía diseñada desde la dictadura con múltiples barreras constitucionales para su reforma, pero que se potenció con la presencia de grupos de interés que presionaban incluso abiertamente. No había mucho donde negociar, la política (de izquierda, centro izquierda y derecha) que ha estado a cargo del ministerio del Interior desde 1990 no estuvo interesada en gobernar la institución.

Carabineros creció como el país, con un sueño de grandeza que nos llevó a tener agregados policiales internacionales, ser los auspiciantes de múltiples espacios de influencia policial, formar a miles de policías; en resumen, a considerar que teníamos la mejor policía de América Latina. Una donde la corrupción y la ineficiencia eran temas foráneos. Pero claro, al igual que en el país, la foto mirada de cerca mostraba aristas que no se quisieron observar en detalle y que florecieron los últimos cuatro años. La institución tiene una organización jerárquica basada en la separación entre oficiales y suboficiales que carece hoy de una clara explicación. Más allá del mantenimiento de desigualdades intolerables para un organismo público, la consolidación de una elite de oficiales sin control civil trajo de la mano el famoso “pacogate”. Básicamente, la consolidación de asociaciones ilícitas al interior de la institución entre aquellos llamados a dirigirla que sacaron los dineros para su beneficio personal, más de seis millones de dólares son parte de una causa que empezó el 2017 y que aún tiene múltiples aristas en los tribunales de justicia.

Otro elemento institucional es su formación y disciplina militarizada que pone énfasis en la verticalidad, código de silencio y falta de transparencia como ejes centrales de su actuación. Nunca en democracia se puso en duda si se necesitaba una policía con este tipo de formación y entrenamiento, en realidad la ausencia de gobierno civil trajo de la mano situaciones de autonomía que les permitió autodefinir sus protocolos de ética, de transparencia, de entrega de información, de formación, de entrenamiento, de uso de la fuerza, entre otros. Es verdad que son todos ratificados por el ministerio del Interior y Seguridad Pública, pero en realidad son firmados como parte de un acto administrativo más que debatidos con equipos civiles técnicos competentes.

Los contornos más oscuros de la foto policial tienen que ver con el uso de la fuerza y las estrategias policiales usadas para literalmente combatir el delito. Por décadas el discurso naturalizado reconocía la necesidad de blindados y armas largas para estar en el sur del país, así como blindados y aviones no tripulados para vigilar los barrios donde la presencia del narcotráfico aumentaba de forma constante. Las evaluaciones de estas respuestas no daban resultados positivos, pero la ausencia de gobierno nos llevó a aumentar las penas, generar tipos penales, proteger a las policías de cualquier agresión civil, permitir el control de identidad preventivo incluso a menores, potenciar el uso de lacrimógenas y agua con químico ante los disturbios, entre otros. Pero también la ausencia de gobierno permitió que hasta inicios del 2019 fuera parte del protocolo desnudar a los detenidos, usar las escopetas antidisturbios y por supuesto nunca dudar de las afirmaciones policiales. Hasta que vimos en vivo y en directo cómo líderes comuneros mapuches iban detenidos gracias a la fabricación de evidencia policial así como el asesinato de Camilo Catrillanca fue disfrazado de enfrentamiento armado.

El orden público en Chile se enmarca en el descontrol gubernamental y la autonomía policial. La tarea era simple: reprimir a quien se salga del lugar y horario autorizado. Porque en Chile para marchar había que pedir permiso y negociar el trazado de la marcha con autoridades que, basadas en la inteligencia policial, tomaban decisiones sobre cómo cuidar las ciudades de las protestas. La respuesta policial se convirtió en una ritualidad marcada por agua con químicos, lacrimógenas, controles de identidad masivos, detenidos, violencia. Pero eran situaciones consideradas puntuales y esporádicas, que muchas veces se justificaban por la “criminalidad” en la calle. La rapidez de las noticias hizo que muchos hechos pasaran rápidamente al olvido, salvo los anuarios del INDH, de la Defensoría de la Niñez o algunos informes académicos el resto miró hacia otro lado.

Gas pimienta y soda cáustica: estudio del Movimiento Salud en Resistencia revela componentes del agua del carro lanzaguas

El 18 de Octubre nos ha permitido reconocer lo que no quisimos mirar por décadas, la institución policial ha reaccionado con violencia, las violaciones de derechos humanos han sido evidenciadas por diversas instituciones internacionales. La incapacidad para controlar el orden público muestra que la estrategia es incorrecta, que la violencia policial ha sido clave para potenciar la violencia callejera. Es verdad que jamás un problema político se puede resolver con una respuesta únicamente policial, pero el estallido social ha abierto las puertas para la necesaria reforma dentro de la institución.

«Un elevado número de violaciones graves a los DD.HH.»: el categórico informe de la ONU que habla de torturas y violencia sexual en Chile

La agenda de reformas estructurales que el país busca y requiere tiene un elemento central en la redefinición de lo que entendemos por orden público, por el reconocimiento del derecho a la protesta y, finalmente, por la convicción de la necesidad de una institución policial con menores niveles de autonomía, mayores niveles de transparencia y apego al Estado de Derecho. De otra forma, reconstruir la legitimidad institucional y aumentar la confianza policial serán tareas imposibles.  

*Socióloga, doctora en Ciencia Política en la Universidad de Leiden, Holanda. Es una de las directoras del centro de estudios Espacio Público.