Patricia Muñoz: Cuando la delincuencia vende bien

Agencia Uno

Instituto Nacional y Aula Segura

Patricia Muñoz: Cuando la delincuencia vende bien

Por Patricia Muñoz*

Recopilado por Camilo Espinoza

Este año se evidenció con mucha fuerza el sitio policial permanente que hay en las afueras del Instituto Nacional, con agresiones persistentes, uso de gases lacrimógenos de manera indiscriminada, acceso policial al interior del recinto, sin los cuidados ni el cumplimiento debido de protocolos. A eso le sumamos una permanente actitud de criminalización y estigmatización por parte de las autoridades responsables del ámbito educacional, quienes trataron de vincular a los estudiantes y sus demandas legítimas -que uno podrá compartir o no- con situaciones que se relacionaban con la comisión de delito. En ese comportamiento, en ese trato permanente, desmedido e injustificado de autoridades como el sostenedor del colegio o la propia ministra de Educación, nunca se hizo una distinción entre quienes cometen delito y los estudiantes legítimamente movilizados. En vez de resolver los problemas, lo que hacían las autoridades era agudizar la situación de conflicto, perjudicando a los más de cuatro mil niños y jóvenes que estudiaban en ese establecimiento.

En parte, eso nos motivó a realizar acciones que tuvieran que ver con lograr que las autoridades, particularmente el alcalde Alessandri y el Mineduc, pudieran escuchar las demandas que tenía el Centro de Estudiantes, las que, por lo demás, se venían trabajando hace muchísimo tiempo, pero nunca habían sido respondidas debidamente. Un elemento importante que se suma a otro que refleja lo que estamos viendo a nivel país: La falta de confianza de los jóvenes en las decisiones y en las resoluciones que las autoridades toman para resolver problemas que les afectan.

Es por eso que, cuando vimos este petitorio y esta situación de polarización, nuestra búsqueda fue colaborar para que este conflicto cese y encuentre una respuesta. Ahí ejercimos una de nuestras facultades: Intermediar, en términos de sentar en una misma mesa a estudiantes y autoridades. Esa reunión la hicimos en la Intendencia, con la ahora ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar. También participó Carabineros, el alcalde y el Centro de Estudiantes. En paralelo, fuimos solicitando la mediación de los organismos competentes, particularmente la Superintendencia de Educación. Desafortunadamente, no se logró resolver en los términos que hubiésemos querido.

Estudiantes del Instituto Nacional marchando hasta la municipalidad de Santiago por el cierre anticipado del establecimiento (noviembre de 2019). Fotografía: Agencia Uno.

De todos modos, en esta crisis yo responsabilizo más a los adultos que a los jóvenes, porque la responsabilidad de brindar espacios de protección de vida es de ellos. Fue precisamente el sostenedor quien tomó la decisión de cerrar el año escolar. De acuerdo a sus declaraciones, ellos no les podían brindar seguridad a los alumnos, lo que es una manifestación clarísima y expresa de la incapacidad de dar cumplimiento a una de sus labores y funciones. Eso gatilló una serie de efectos que son muy negativos para los jóvenes, quienes ven agudizados los problemas que ya tienen en el contexto educativo. Como si los cuatro mil jóvenes del Instituto, fueran delincuentes y eso, por cierto, no es así. Las autoridades han fallado y han seguido fallando en esa materia.  Por eso cuando los jóvenes se movilizan muchas veces tratan de enfrentarse a la institucionalidad, ya que es esa misma institucionalidad la que nunca les da espacio para poder manifestar directamente cuál es su opinión, cuál es su necesidad, cuáles son sus requerimientos. Que las necesidades sean consideradas y que se traduzcan en una solución concreta en su realidad escolar.

Cuando las autoridades pierden la confianza de las personas a quienes dirigen su accionar, la situación se vuelve grave, porque pierden legitimidad y eso condiciona a que la gente tome otras medidas para poder presionar esos cambios, ya que por la vía institucional chocan frente a un muro.

En ese sentido, es bastante claro que proyectos como Aula Segura tuvieron un objetivo asociado a la ciudadanía en general. La delincuencia es un tema que genera permanente preocupación, por lo tanto, cuando se trata de poner el tema sobre la mesa tiene la aspiración de contar con el “apoyo ciudadano” para agudizar la persecución penal. Y eso es una trampa, porque los procesos de criminalización y de estigmatización en los jóvenes tienen un impacto nocivo absoluto en el desarrollo integral y armonioso de ellos. Cualquier medida que el Estado adopte, desde el poder Ejecutivo o Legislativo, cuando va destinada a propiciar o infringir la Convención sobre los Derechos del Niño.

Apoderados manifestándose en apoyo de los estudiantes. Fotografía: Agencia Uno:

Entonces, la criminalización es lo más simple. Vende bien hablar de delincuencia, vende bien hablar de que me preocupo por la delincuencia, pero todas esas utilizaciones simplistas, sin fundamento y sin un desarrollo mayor, en definitiva, lo que hacen es tener un impacto muy negativo en quienes son las víctimas, con el trato que hoy día la ciudadanía hace a los niños, niñas y adolescentes. Qué mejor ejemplo que el senador RN Juan Castro, que se permitió unos días atrás decir en la Cámara Alta: “¿Derechos humanos para quién? ¿Para los niños delincuentes?”. Volvimos a mantener en el tapete esta lógica reduccionista, pero además injusta, que va absolutamente en contra de los niños y jóvenes.

En síntesis, ser adolescente es una etapa de la vida muy decisiva en orden a las posibilidades de tener incidencia real, participación activa y formas de favorecer el desarrollo, no solo personal, sino que también del país. De hecho, hemos pedido que esta nueva Constitución no puede volver a excluir niños, niñas y adolescentes, y eso parte de la base con estructurar mecanismos de participación que sean efectivas. Una alternativa es el voto, efectivamente que es una forma de manifestación, pero también, al menos, generar espacios donde los jóvenes puedan dar cuenta de lo que quieren como país, cuáles son las necesidades que ellos ven, que muchas veces son mucho más claras que las que los mismos adultos tienen. Entonces, si eso se logra obtener y, además, se erradica este comportamiento tan simplista de algunas autoridades, de tratar siempre a los jóvenes como lumpen, yo creo que podemos transitar hacia una situación mucho más favorable en nuestro país. Pero eso está sujeto a la voluntad y disposición de quienes ejercen cargos de autoridad, a que abran espacio y dejen de tener miedo a la participación a los jóvenes.

*Patricia Muñoz es la primera Defensora Nacional de la Niñez. Abogada de la Universidad Católica de Temuco y ex Directora de la Unidad Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional.

Comentarios
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