Jaime Bassa: Camino hacia la nueva Constitución

Por Jaime Bassa*

Recopilado por Meritxell Freixas

La revuelta popular que comienza el 18 de octubre tiene profundas raíces en la historia de los movimientos sociales de los últimos 30 años. El malestar social evidenciado en los últimos meses se acumuló a lo largo de las últimas tres décadas, en una serie de demandas sociales dirigidas contra las estructuras de nuestra convivencia democrática que fueron desconocidas o reprimidas por la institucionalidad. Esta postergación sistemática de demandas sociales justas generó las condiciones políticas para que la acumulación del malestar social adquiriera una potencia constituyente muy significativa, que hoy es articulada a través de la reivindicación por una nueva Constitución Política. Las demandas levantadas desde distintos sectores de la sociedad han significado cuestionamientos a las estructuras de poder político de la sociedad, especialmente por la forma en que la Constitución determina las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, que han estado en las bases de dichas reivindicaciones.

El reclamo por una nueva Constitución que hoy nos convoca está vinculado con la forma en que se han venido acumulando los malestares sociales en la cotidianidad de quienes integramos esta comunidad política, pues el ejercicio de nuestros derechos está determinado en un proyecto político de sociedad basado en la mercantilización de la vida, la hegemonía de la razón neoliberal y las prácticas económicas en clave extractivista. No se trata de malestares teóricos: son malestares concretos y específicos que se verifican en la materialidad de nuestras vidas, de nuestras relaciones sociales. Tienen que ver con el reclamo por una educación pública de calidad, por salud y pensiones dignas, por el derecho a la vivienda, la protección del medio ambiente, el derecho al agua y los recursos naturales, los derechos de los pueblos originarios y las demandas en clave antipatriarcal, entre otras. Todas las dimensiones de la vida de las personas, así como las distintas formas políticas y sociales en las que construimos una comunidad, están atravesadas por las opciones políticas tomadas en dictadura y plasmadas en la Constitución de 1980.

La respuesta a la demanda social por una nueva Constitución llegó el pasado 15 de noviembre, a través de un acuerdo entre partidos de oficialismo y de oposición. Esta respuesta debe ser juzgada desde una doble perspectiva: por una parte, las formas de la representación política y, por la otra, la dimensión de la participación política y social; ambas dan forma a un binomio político que se complementa, pues han sido las demandas sociales por una participación efectiva e incidente las que han generado las bases políticas para cuestionar las formas de la democracia representativa.

Desde la perspectiva de la representación, el acuerdo dio un paso importante en el sentido que reivindica el movimiento social actualmente: abrir un proceso constituyente que permita elaborar una nueva Constitución. Bajo la lógica tradicional del ejercicio del poder estatal, ese acuerdo tiene un peso histórico importante, pues permitiría destrabar la cuestión constitucional que se viene arrastrando por décadas. Sin embargo, desde la perspectiva de la participación política, el acuerdo asoma como una mala noticia, pues se verifica sin la participación efectiva de la ciudadanía y sin incorporar el contenido de las demandas sociales. Las formas de participación ciudadana que ha habilitado la institucionalidad han sido, muy mayoritariamente, irrelevantes para el contenido de las decisiones públicas, por lo que la suspicacia de la ciudadanía frente a este tipo de acuerdos parece estar basada en la propia experiencia de postergación e invisibilización. Una valoración política de este acuerdo, así como de las posibilidades que abre en clave constituyente, deben ser ponderadas considerando las diferentes aristas involucradas en esta coyuntura histórica.

Desde esa consideración, pienso que la preocupación más importante debe estar puesta en la posibilidad del órgano constituyente para desplegar una potencia transformadora. Los distintos factores no debieran ser considerados en abstracto o por separado, sino desde la posibilidad de habilitar o impedir que se despliegue la potencia constituyente esperada. La reflexión política no se agota en la interpretación literal del acuerdo, sino que se abre hacia un debate para pensar en las condiciones que hacen posible la habilitación constituyente de la Convención. Si bien es cierto que el quórum y algunas de las reglas formales de funcionamiento podrían llegar a ser una amenaza, podrían no ser un problema para la potencia constituyente de la Convención, considerando que esas mismas condiciones han generado efectos positivos en otros procesos constituyentes. En cambio, la potencia constituyente de la Convención sí podría verse amenazada ante una débil participación electoral, o bien, ante una baja representatividad. Ahí se juega, a mi juicio, la potencia transformadora del proceso constituyente, en la apertura de los espacios de deliberación y decisión política a los actores políticos y sociales estructuralmente postergados.

Nos acercamos a una oportunidad histórica, donde el pueblo podrá manifestarse de manera libre y soberana si quiere una nueva Constitución. Un hito que podría tener la potencia simbólica del plebiscito del 5 de octubre de 1988. Ante esa posibilidad, el desafío de las fuerzas sociales y democráticas es trabajar conjuntamente para consolidar ese sentir popular constituyente y avanzar decididamente hacia una nueva Constitución, para luego proyectar su potencia constituyente hacia las elecciones de octubre de 2020. El efecto político del plebiscito de abril debiera irradiar todo el proceso constituyente, como un hito irreversible, un punto de no retorno. Así, con independencia de lo que ocurra en los recovecos del proceso constituyente, el hito de abril debe entenderse como un mandato irreversible en el camino hacia una nueva Constitución. 

* Es abogado constitucionalista y académico en la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Profesor titular de Derecho Constitucional y Teoría Política.