Protestas en Chiloé: una sola familia pone en peligro la conectividad entre Quinchao y Dalcahue

Diego Miranda, vecino de Curaco de Vélez, cruza todos los días el Canal de Dalcahue por razones de trabajo. Algunos fines de semana trabaja de noche, así fue el caso del 19 de octubre de 2019, cuando tomó el único servicio de madrugada que existe, que es de la naviera Man-Pue y sale a las 3.00 de la mañana desde Dalcahue con dirección a la isla de Quinchao. En ese momento fue notificado de que a partir del 1 de octubre de 2019 el valor del pasaje en ese horario había subido de $2.500 a $10.000. No tenía el dinero suficiente, pues no estaba enterado del alza, a pesar de utilizar el servicio constantemente. Alega que en ningún medio de comunicación o red social se había informado esto.

“Como no poseía el dinero en efectivo para cancelar el transbordo, el trabajador y además el capitán de turno me señalan que tengo que desembarcar en medio de la navegación, haciendo volver la barcaza a la rampa, habiendo más testigos y automovilistas en la embarcación, lo cual es una medida abusiva y poco ética, ya que tuve que esperar la siguiente pasada que comienza a las 6 de la mañana”, señala el usuario.

Una persona como Diego, que debe cruzar todos los días el Canal de Dalcahue para trabajar, gasta $5.000 diarios y $110.000 mensuales si pasa con un auto, $6.000 diarios y  $132.000, respectivamente, si lo hace en camioneta. Esto si se consideran 22 días laborales en un mes. El viaje “a pie” es gratuito, pero para llegar a las zonas pobladas es necesario tomar un bus interurbano.

La isla de Quinchao es la tercera más grande del Archipiélago de Chiloé y tiene dos comunas en su superficie: Curaco de Vélez y Quinchao. De esta última dependen además nueve islas menores. Según el Censo de 2017, en ellas habitan 11.917 habitantes, quienes, por diversos motivos, tienen que desplazarse constantemente hacia la isla grande de Chiloé, en la que se encuentran algunas de sus fuentes laborales, los servicios públicos y los únicos tres hospitales del archipiélago en los que se hacen intervenciones quirúrgicas. Desde enero han tenido dificultades para cruzar y denuncian que la conectividad es deficiente.

En los primeros días de este año, justo al comienzo de la temporada estival, la naviera Man-Pue anunció que subiría en $300 los precios de sus barcazas por pasada. Días después también lo hizo Alecar, lo que desató la molestia de las y los vecinos de la isla, que ya habían enfrentado una importante alza del precio del pasaje de madrugada en octubre, por parte de Man-Pue. Estas empresas son las únicas que brindan el servicio de transporte en el sector y que, además, son controladas por la misma familia.

Manifestaciones en las rampas, actividades culturales, asambleas, reuniones con autoridades y campañas en redes sociales, son parte de las acciones que han hecho las y los habitantes de esta isla, agrupados en la Asamblea Ciudadana del Archipiélago de Quinchao, para visibilizar las dificultades de conectividad que han vivido siempre. Ante los alegatos, el dueño de Man-Pue, en una reunión con la comunidad el día 13 de enero de este año, amenazó con dejar de operar el servicio.

OLIGOPOLIO FAMILIAR

La Sociedad Transportes Marítimos Man-Pue y Compañía Ltda, cuyo dueño y representante legal es Carlos Ramón Mansilla Vivar, conocido en la zona por su segundo nombre, opera en el Canal de Dalcahue desde 1992. Su hijo, Ramón Alejandro Mansilla Millán, es dueño de la segunda empresa que controla el canal, la Sociedad Transportes Marítimos, terrestres Alecar y Compañía Ltda, que opera desde 2016.

Ambos servicios tienen las mismas tarifas durante el día: $2.500 para los vehículos más pequeños (camionetas y camiones tienen otro precio) entre las 6:00 de la mañana y las 1:00 de la madrugada en el caso de Man-Pue y hasta las 9:00 de la noche en el de Alecar.

Man-Pue cobra $10.000 en el único horario de trasnoche que tiene, que es a las 3:00 AM y $34.000 si es que alguien quiere utilizar las barcazas fuera del horario establecido.  Alecar, por su parte no tiene horarios de madrugada.

(Barcaza de naviera Alecar. Canal de Dalcahue, Febrero 2020. Fotografía por Camila Pérez Soto)

Ambas empresas, a principios de enero de este año, decidieron subir el costo mínimo del pasaje a $2.800 en sus cuatro embarcaciones (uno de Alecar y tres de Man-Pue). Esta situación generó movilizaciones sociales y que el Diputado por la zona, Alejandro Santana (RN), acudiera a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que se investigue a las firmas involucradas por un presunto acuerdo de precios. La FNE, al ser consultada vía correo electrónico, declaró que no se entrega información sobre las investigaciones o posibles investigaciones.

Consultado por The Clinic, Carlos Ramón Mansilla Vivar accedió a hablar vía telefónica para contar su versión del conflicto y confirmó un acuerdo entre ambas empresas para subir las tarifas: “sí, incluso él (su hijo, dueño de Alecar) lo va a subir igual, yo inicié lo de subir las tarifas, porque tengo un gasto más grande”.

(Tarifas de Man-Pue. Canal de Dalcahue, Enero 2020. Fotografía por Camila Pérez Soto)

Por otro lado, dice que no estaría interesado en seguir trabajando si el servicio fuese subsidiado por el Estado “porque resulta que si me dan el subsidio, me amarran. Yo tendría que cumplir todas las cosas que me diga el Ministerio de Transporte”.

Actualmente estas navieras no tienen contratos con el Estado, ya que no existe un subsidio de ese servicio, por tanto, al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones no le compete fiscalizar; la Armada de Chile es la institución que se encarga de hacerlo.

El dueño de Man-Pue fue enfático en agregar que “como yo no tengo contrato con nadie, no me interesa, pesco las cuestiones y me voy a trabajar a otro lado” y, refiriéndose al gobierno regional, dijo que “si me siguen leseando así, controlando y colocándome falencias todos los días, que control, que esto, que lo otro y no me dejan trabajar tranquilo, capaz que pesque mis cosas y me vaya”.

Pabla Quezada, vecina de la comuna de Quinchao, comenta que el día 30 de diciembre debió esperar junto a su familia una hora y cuarto para cruzar el Canal: “habían como tres camiones esperando […].Una fila eterna para cruzar desde la isla grande, una fila eterna para cruzar desde Quinchao y una pequeña barcaza trabajando”.

En esa oportunidad reclamó a la Empresa Portuaria Puerto Montt (EMPORMONTT) que está a cargo de las rampas de acceso y esta le dijo que no podían hacer nada, entonces se contactó vía telefónica con la naviera Man-Pue, ya que con anterioridad había solicitado el libro de reclamos en la embarcación y le dijeron que no existía.

Cuando llamó, la derivaron con Francisco Mansilla “que entiendo es hermano de uno de los dueños, me lo pasaron como el jefe de flota. Un caballero que la verdad me atendió pésimo, me terminó cortando el teléfono y me dijo que si quería cruzar más rápido, contratara una lancha para mí”, relata la usuaria, quien además se contactó con la Alcaldía de Mar de Dalcahue, dependiente de la Armada de Chile, quienes le dijeron que esa institución se encargaba de velar por la seguridad al cruzar, “cosa que a nosotros los usuarios, no nos consta, porque jamás vemos a los marinos fiscalizando la carga”, enfatizó Pabla Quezada.

Carlos Ramón Mansilla Vivar, al ser consultado por los reclamos de las y los usuarios de Man-Pue, señaló que son acusaciones falsas y que su empresa entrega un buen servicio.

(Mensajes en contra del alza de tarifas. Curaco de Vélez, enero 2020. Fotografía por Camila Pérez Soto)

Los 300 pesos que hicieron estallar la movilización social en Quinchao

El día 7 de enero de este año comenzaron las manifestaciones en las rampas de acceso al Canal de Dalcahue. Las largas esperas, el alza del pasaje y el servicio que califican como deficiente, motivaron a las y los vecinos de Curaco de Vélez y Quinchao a hacer cortes de ruta que duraban aproximadamente una hora, con el objetivo de evidenciar el descontento.

Gracias a las movilizaciones lograron congelar la última alza de las tarifas, de $300, pero instalaron sobre la mesa el problema de conectividad interna que los aqueja. En esta isla no se realizan partos u operaciones médicas complejas, tampoco están presentes algunos servicios públicos o privados, es por esta razón que deben trasladarse a Castro, la capital provincial, constantemente. La situación es peor cuando se trata de las y los habitantes de las nueve islas menores que dependen de Quinchao.

“Queremos soluciones definitivas porque esto ya no da para más” manifestó Oscar Gallardo, concejal de la comuna de Quinchao y miembro de la Asamblea Ciudadana del Archipiélago de Quinchao.

Las exigencias de dicha agrupación social incluyen el subsidio del servicio de los transbordadores a mediano plazo, partiendo por el de madrugada, que actualmente tiene un solo horario por parte de la empresa Man-Pue a las 3:00 AM y que estos sean completamente administrados por el Estado a largo plazo.

“El servicio de transbordo del Canal de Dalcahue es el único medio que nosotros tenemos para poder entrar y salir de la isla, eso de entrar y salir es por un tema vital, ya que en el Archipiélago de Quinchao no existen servicios dignos en salud, educación y trabajo. El Estado es quien debe garantizar la conectividad, porque incluso es un derecho constitucional y el no poder circular libremente por nuestro territorio (de noche), nos limita en todos los sentidos”, manifiesta Ana Marchant, integrante de la Asamblea de Quinchao.

(Movilizaciones en la rampa de acceso a las barcazas. El pasaje, Curaco de Vélez, enero 2020. Fotografía por Asamblea Ciudadana del Archipiélago de Quinchao)

(Miembras/o de la Asamblea Ciudadana del Archipiélago de Quinchao. Curaco de Vélez, enero 2020. Fotografía por Camila Pérez Soto)

Respecto a esto, Nicolás Céspedes Morales, Seremi de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Los Lagos, es enfático en manifestar que:

“Eso es imposible porque la Ley de Marina Mercante, en el artículo 14, no permite que el Estado de Chile, no solamente el Ministerio, si no que el Estado, invierta dineros públicos en una ruta en donde hoy día funciona un privado. Nopuedo subsidiar un transbordador porque estoy atentando sobre la ley de competencia del que hoy día está operando”.

La Asamblea Ciudadana del Archipiélago de Quinchao exige que se modifique el artículo 14 de laLey Nº3.059 de Fomento a la Marina Mercante, según explica Maribel Lacave, integrante de la agrupación. 

El Seremi también agrega que “lo que hay que hacer aquí para solucionar esto… bueno, no sé si está enterada, pero hay un puente (sobre el Canal de Dalcahue) que está en proceso, ya pasó la prefactibilidad y esa es la solución definitiva. Según el MOP [Ministerio de Obras Públicas] un proceso de puente, desde el inicio al final, se demora entre 8 y 10 años”.

Se contactó al Intendente Regional, Harry Jürgensen, pero hasta el cierre de este reportaje no fue posible obtener sus declaraciones.

El día 30 de enero, la Asamblea Social citó a las autoridades del MOP, a la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, la autoridad portuaria y los consejeros regionales (CORES) para conversar nuevamente sobre la problemática y llegar a soluciones, pero el único que asistió fue el Alcalde de la comuna de Quinchao, Washington Ulloa. “Creo que es una falta de respeto tremenda a la comunidad”, expresó Carmen Barría, vecina de Curaco de Vélez, en esa oportunidad.

Las comunas de Quinchao y Curaco de Vélez no tienen ninguna alternativa para cruzar el canal que no sea pagar las tarifas que la familia Mansilla determina. Aunque el conflicto estalló por 300 pesos que finalmente no se subieron, la comunidad seguirá movilizada en coordinación con las distintas asambleas territoriales de la provincia, ya que esperan una solución definitiva y pronta a su problema de conectividad, pues además está latente la amenaza que hizo Man-Pue de cesar sus servicios en la zona.

El día miércoles 19 de febrero, por más de seis horas trabajó solo una barcaza en el canal de Dalcahue, pues habían dos embarcaciones de la empresa Man Pue con fallas mecánicas. Esta situación generó más críticas entre las y los usuarios del servicio.

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