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Coronavirus

1 de Abril de 2020

HRW alerta sobre aumento de poder de gobiernos autoritarios gracias al Covid-19

Pixabay

"Los gobiernos de mentalidad autocrática ven rápidamente en una crisis como ésta una oportunidad para requerir poderes draconianos y mantener el control", apuntó el subdirector de Human Rights Watch (HRW) para Asia, Phil Robertson.

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Controles militares, medidas de excepción, estado de alarma, confinamiento obligatorio y toque de queda es el panorama que se propaga en un mundo asediado por la pandemia de COVID-19, situación que algunos gobiernos están aprovechando para acumular poder y socavar derechos.

En Filipinas, Tailandia, Camboya, Israel o Hungría sus líderes han sucumbido a tentaciones autoritarias y han impuesto restricciones que violan derechos fundamentales con el pretexto de la emergencia sanitaria.

“Los gobiernos de mentalidad autocrática ven rápidamente en una crisis como ésta una oportunidad para requerir poderes draconianos y mantener el control”, apuntó el subdirector de Human Rights Watch (HRW) para Asia, Phil Robertson.

Robertson señaló que gran parte de Asia, continente dominado por regímenes autoritarios y democracias endebles, es “especialmente vulnerable” al problema, aunque no es exclusivo de la región.

“Para algunos gobiernos responder a la crisis se traduce en restringir la libertad de expresión, obstruir medios independientes y castigar a activistas que se atreven a criticar o plantear inquietudes sobre la acción del ejecutivo”, subrayó.

PODERES ESPECIALES

En Filipinas el polémico presidente, Rodrigo Duterte, ha logrado que el Congreso le otorgue “poderes especiales” bajo la emergencia nacional, lo que le permite actuar sin contar con el Legislativo, modificar los presupuestos a su antojo e incluso intervenir empresas privadas.

Grupos civiles y partidos de la oposición han alertado del riesgo de que se implante una “ley marcial de facto” al dar tanto poder a un mandatario que no oculta su poco apego a los cauces democráticos.

“Hay pocos frenos a los nuevos poderes de Duterte y, como sus aliados controlan el Congreso, encontrará muy poca resistencia política para hacer lo que quiera”, advirtió Robertson.

El mandatario se ha apresurado a colocar a las Fuerzas Armadas al frente de la respuesta frente al COVID-19, en detrimento de Salud, y ha designado al general retirado Carlito Galvez líder del equipo.

“Estamos en guerra contra un enemigo invisible y necesitamos gente entrenada en el arte de la guerra”, esgrimió su portavoz ante las críticas por la militarización de la respuesta a la pandemia.

El analista filipino Richard Heydarian afirma que la gestión de Duterte se basa hábilmente en la búsqueda de crisis -guerra contra las drogas, terrorismo, desastres naturales y ahora el coronavirus- para adoptar medidas extraordinarias. “El algoritmo de poder de Duterte opera bajo situaciones de emergencia, siempre más allá del marco constitucional”, indicó.

La actual pandemia es una oportunidad atractiva para que “proto-dictadores de todo el mundo construyan un clima de terror del que puedan sacar réditos políticos”, apuntó Heydarian, profesor de relaciones internacionales de la Universidad La Salle en Manila.

REPRESIÓN EN ESTADO DE EMERGENCIA

Las tácticas represivas ya se han cobrado sus primeras víctimas en Filipinas y HRW ha denunciado que cientos de personas han sido detenidas por violar el toque de queda -un hombre murió tras recibir un disparo- y algunas han sido encerradas en jaulas u obligadas a permanecer al sol durante horas como castigo.

También en la India, gobernada por el nacionalista Narendra Modi -quien ordenó el confinamiento de sus 1.300 millones de habitantes, el mayor de la historia-, agentes de la ley golpearon con palos a civiles por vulnerar la medida.

La organización Crisis Group, en un informe sobre cómo la pandemia podría alterar el “status quo” global, alertó sobre el peligro de que algunos líderes extiendan por tiempo indefinido medidas represivas como la prohibición de reuniones públicas y protestas para aplastar a la disidencia.

Esa posibilidad planea sobre Tailandia, que también ha declarado estado de emergencia, lo que otorga al primer ministro -el exgeneral golpista Prayut Chan-ocha- plenos poderes para imponer toque de queda y restringir movimientos, pero también para censurar medios o reprimir a la oposición.

Aunque ocupa el cargo tras ganar las elecciones del año pasado, Prayut accedió al poder en 2014 por un golpe de Estado y lideró durante cinco años la junta militar que acalló voces disidentes valiéndose de medidas de excepción similares a las decretadas ahora.

EL PRETEXTO DE LAS FAKE NEWS

Además de tener una de las leyes de lesa majestad más estrictas del mundo, Tailandia cuenta con una ley de delitos informáticos que ya se ha usado para encarcelar a detractores del régimen con la coartada de las “fake news”.

“El gobierno cuasi-democrático está retornando a sus raíces militares y amenaza con una guerra total contra quienes critican su gestión en las redes sociales”, señaló a EFE el subdirector de HRW.

En medio del aluvión de información sobre el nuevo coronavirus desde el estallido del brote en enero, países como Singapur, Malasia, Indonesia o Filipinas también han adoptado leyes que sancionan la difusión de noticias falsas, que aportan más confusión al incierto futuro de la pandemia.

Con esa justificación, Camboya ha detenido a 17 personas por compartir “información falsa” sobre el COVID-19, entre ellos cuatro miembros del opositor Partido para el Rescate Nacional, ilegalizado en 2017, lo que ha convertido al país en la práctica en un régimen unipartidista liderado por Hun Sen.

El primer ministro también ha solicitado poderes de emergencia para topar el precio de las máscaras, “aunque es solo una excusa porque con el margen que su partido tiene en la Asamblea Nacional, puede hacer lo que quiera con total impunidad”, alertó Robertson.

“Vietnam y Laos están censurando la libertad de expresión en la red con leyes contra las noticias falsas para considerar no factual cualquier comentario que no les guste”, ahonda.

La mordaza a la libertad de prensa en tiempos de pandemia también ha llegado a Egipto, que retiró la acreditación al corresponsal de “The Guardian” por un artículo que se hacía eco de una investigación que apuntaba a la presencia de 19.000 casos positivos de COVID-19 en la nación. El régimen del general Al Sisi amenazó con la misma sanción al periodista de “The New York Times” por retuitearlo.

DEMOCRACIAS EN PELIGRO

En Israel las medidas de prevención por el coronavirus están permitiendo al primer ministro Benjamín Netanyahu -en funciones desde hace más de un año- no sólo mantenerse en el poder, sino tambalear los cimientos de la democracia israelí.

Primero su ministro de Justicia, Amir Ohana, declaró un parón judicial al amparo de las medidas para contener el COVID-19 dos días antes de que comenzara el juicio por corrupción contra Netanyahu, ahora aplazado hasta mayo.

Después, el presidente del Parlamento, Yuli Edelstein -también aliado de Netanyahu- suspendió la actividad parlamentaria por razones de salud pública y se negó a convocar la sesión en la que la cámara previsiblemente votaría su destitución como primer ministro.

Durante la suspensión de la Knéset, el gobierno interino aprobó por decreto que los servicios de inteligencia usen herramientas contra el terrorismo para rastrear teléfonos móviles y controlar a los contagiados por COVID-19, una polémica decisión que afecta al derecho a la privacidad.

La deriva autoritaria ha llegado hasta la Unión Europea, donde el Parlamento de Hungría previsiblemente pasará en los próximos días una ley que prolonga indefinidamente el estado de emergencia por el coronavirus y permitirá al primer ministro, el ultraderechista Viktor Orbán, gobernar mediante decreto sin control legislativo.

La polémica enmienda prevé penas de hasta cinco años de cárcel para quien publique informaciones falsas que “imposibilitan o dificultan” la lucha contra el virus.

“Los reglamentos básicos del funcionamiento del Estado de derecho no pueden ser anulados en estado de emergencia por una epidemia”, avisaron en un comunicado conjunto Amnistía Internacional y el Comité Helsinki.

Por contra, otros líderes populistas de derechas, como Donald Trump en EEUU, Jair Bolsonaro en Brasil o Recep Tayyip Erdogan en Turquía, han minimizado el impacto del COVID-19 y han sido reacios a adoptar medidas drásticas enarbolando el fantasma de la recesión.

DECLARACIONES DE PHIL ROBERTSON, SUBDIRECTOR DE HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) PARA ASIA.

“El problema es que los dictadores en Asia toman al COVID-19 como una excusa para ganar más poder y silenciar a sus críticos. Decretos de emergencia han sido adoptados en Filipinas, Tailandia y llegarán a Camboya al final de la semana. Los Gobiernos de Camboya y Tailandia han tomado acciones en contra de cualquier crítica en las redes llamándoles un “fake news” y aplicando leyes draconianas para restringirlas. Más de 17 mil personas han sido arrestadas en Filipinas por violar el toque de queda, algunos de ellos han sido puestos en celdas saturadas o incluso en jaulas para perros, lo que es una clara violación a sus derechos. Además una clara falta de entendimiento que el distanciamiento social tiene que ser prioritario al castigo arbitrario. Vietnam y Laos también están oprimiendo a los disidentes, y esperamos que Birmania seguirá los mismos pasos en las tácticas de violación de los derechos”.

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