Actualidad
2 de Junio de 2020Cinco iniciativas que ponen tensión al acuerdo nacional propuesto por Piñera
Agencia UNO
Si bien varios leen la propuesta de Piñera como un cambio de actitud frente a la crisis, la prueba de fuego se pondrá con algunos proyectos que ya han recibido el portazo del Gobierno a lo largo de la crisis sanitaria.
Parece ser la gran apuesta del Gobierno en medio de la pandemia. El Presidente de la República, Sebastián Piñera, invocó a fines de mayo a tratar de alcanzar un “gran acuerdo nacional”.
El mandatario llamó a la oposición a “poner en cuarentena nuestras diferencias”, y lograr acuerdos en al menos tres ejes: ingresos de las familias, reactivación económica y empleo.
Si bien varios leen la propuesta de Piñera como un cambio de actitud frente a la crisis, la prueba de fuego se pondrá con algunos proyectos que ya han recibido el portazo del Gobierno a lo largo de la crisis sanitaria.
CONDONACIÓN DEL CAE
En noviembre del 2019, Renovación Nacional (RN) presentó una propuesta con la intención de destrabar el estallido social en ciernes: Condonar la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE) a estudiantes que podrían haber estudiado con gratuidad, si se aplicaran los criterios actuales.
La iniciativa fue reflotada esta semana por el presidente de la colectividad, Mario Desbordes, quien propuso que formara parte del acuerdo nacional anunciado por Sebastián Piñera. Sin embargo, la medida fue descartada simultáneamente por los Ministerios de Hacienda, Educación e Interior.
La propuesta de RN está basada en las estimaciones del Instituto Igualdad, que calculan el costo en 524.445 millones de pesos. La iniciativa incorpora una condonación del saldo para quienes ya llevan 10 años pagando y una condonación de los intereses para el resto.
IMPUESTO A LOS “SÚPER RICOS”
Si bien la propuesta se estuvo gestando las últimas semanas al interior de la bancada del Partido Comunista e incluso se llegó a aprobar un proyecto de acuerdo (que dividió al oficialismo entre la abstención y el rechazo), este martes todas las bancadas de oposición decidieron respaldar un proyecto de reforma constitucional de impuesto para los “súper ricos”.
La iniciativa establece una carga del 2,5% a las grandes fortunas del país, cuya recaudación cercana a los 6.000 millones de dólares, permitiría generar una Renta Básica de Emergencia por sobre la línea de la pobreza (419.851 pesos), en beneficio del 80% de la población vulnerable.
En su momento, el diputado Patricio Melero argumentó en contra de la idea señalando que “no es una buena idea subir los impuestos a una economía en plena recesión, alto déficit y fuerte endeudamiento (…) Lo que se está haciendo en el mundo es, más bien, buscar crecer con eficiencia, reducir el gasto público, mejorar la productividad y entender que el crecimiento es lo que más reporta”.
En la presentación del proyecto, la diputada Camila Vallejo aprovechó de repasar al Gobierno. “Tranquilamente acepta que a los trabajadores se les suspendan sus contratos, que se les rebaje en 50% sus remuneraciones, que las familias no perciban ingresos y los estudiantes tengan que pagar las deudas del CAE. Sin embargo, se escandaliza cuando uno propone este impuesto a los súper ricos que es del 2,5%”, disparó.
La propuesta fue firmada por los diputados Gabriel Ascencio (DC), Alexis Sepúlveda (PRSD), Luis Rocafull (PS), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Giorgio Jackson (RD), Raúl Soto (PPD), Daniel Núñez, Karol Cariola y la propia Camila Vallejo (PC).
RETIRO DE FONDOS DE AFP
Los fondos de las AFP han intentado tocarse de manera disgregada en el Congreso. A principios de abril, un grupo de senadores de oposición presentó una moción para que los afiliados puedan retirar el 10% de ahorros para enfrentar la crisis sanitaria.
Semanas después, otro grupo de senadores planteó la nacionalización de las AFP, y que estas entidades fueran absorbidas por el Instituto de Seguridad Social. En esa misma línea, un grupo de parlamentarios PC presentó un proyecto para declarar dichos ahorros de “interés nacional”, sin embargo, la iniciativa se declaró inadmisible.
En la Cámara Baja sigue navegando en la Comisión de Constitución una reforma que permite el retiro de hasta un sueldo mínimo mensual para que las familias puedan paliar la crisis. Sin embargo, la idea impulsada por los diputados Alejandra Sepúlveda, Jaime Mulet, Esteban Velásquez (FRVS) y René Alinco (Ind) ya se ganó detractores en el Gobierno.
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, calificó el retiro de fondos de las AFP como “una mala idea”, argumentando incluso que dicha medida obligaría a bajar las pensiones.
FIJACIÓN DE PRECIOS
Expertos de diversas disciplinas han posicionado la necesidad de regular el alza de precios y la especulación con productos de alta demanda y primera necesidad en esta emergencia, particularmente de implementos de protección y artículos de limpieza.
El ministro de Economía, Lucas Palacios, aseguró que en esta coyuntura utilizarán “todas las herramientas para proteger los derechos de las personas”, particularmente a través del Sernac y la Fiscalía Nacional Económica. Sin embargo, se mostró contrario a la fijación de precios.
En Chile, la fijación de precios es un mecanismo que sólo se puede utilizar en Estado de Excepción Constitucional o Estado de Catástrofe. Tal como explica en una columna el abogado Francisco Agüero, académico de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, dicha declaración “autoriza a requisar bienes, limitar la propiedad y adoptar medidas extraordinarias y necesarias para el restablecimiento de la normalidad (…) Y fijar el precio de un bien es menos gravoso que expropiarlo”.
SUSPENSIÓN DEL SIMCE
Si bien no es una medida centrada en los lineamientos propuestos por Piñera, rechazo ha generado al anuncio del ministro de Educación, Raúl Figueroa, de mantener la prueba Simce 2020 para 2° medio, 4° y 6° básico.
Los gremios, expertos y parlamentarios de oposición han criticado la medida de manera transversal. Una de las respuestas más enérgicas la realizó el doctor en Educación de la Universidad de Harvard, Cristián Bellei, quien en una columna en Ciper planteó que el Gobierno tiene una “obsesión ideológica” con el Simce.
Por otro lado, el Colegio de Profesores, a través de su presidente, Mario Aguilar, anunció que “si el Ministerio insiste en mantener esta tozuda y absurda medida (…) nosotros vamos a llamar a boicotear el Simce”, reavivando lo que pasó con la PSU en pleno estallido social.
