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Actualidad

3 de Junio de 2020

Advierten que el coronavirus puede aumentar la desigualdad salarial

Agencia UNO

"Uno de cada seis trabajadores está clasificado como trabajador con un salario bajo en la UE y la mayoría de ellos son mujeres. Estos trabajadores mantuvieron nuestras sociedades y economías vivas cuando todo lo demás tuvo que detenerse. Pero, paradójicamente, serán los más afectados por la crisis", dijo en un comunicado el comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit.

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La Comisión Europea (CE) cree que la crisis generada por la pandemia de COVID-19 puede aumentar la desigualdad salarial y deteriorar la protección que ofrecen los salarios mínimos, ya insuficientes para llegar a final de mes en algunos Estados, por lo que quiere garantizar que estos sean justos.

Así se recoge en una consulta pública puesta en marcha este miércoles por Bruselas que plantea establecer unos requisitos mínimos comunes, ya sea de forma obligatoria con una directiva comunitaria; o voluntaria, a través de recomendaciones políticas a los Estados, para asegurar un salario mínimo decente en todos los países.

La iniciativa, anunciada ya en enero por la Comisión Europea, no pretende fijar un salario mínimo igual en todos los países de la Unión ni armonizar los sistemas para establecerlos, que en algunos Estados los fijan por ley y en otros en la negociación de los convenios colectivos.

“Uno de cada seis trabajadores está clasificado como trabajador con un salario bajo en la UE y la mayoría de ellos son mujeres. Estos trabajadores mantuvieron nuestras sociedades y economías vivas cuando todo lo demás tuvo que detenerse. Pero, paradójicamente, serán los más afectados por la crisis”, dijo en un comunicado el comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit.

“Esta iniciativa sobre salarios mínimos en la UE es un elemento esencial de nuestra estrategia de recuperación. Todo el mundo merece un nivel de vida digno”, añadió tras publicarse hoy la segunda parte de una consulta entre sindicatos y patronales europeos sobre esta medida.

En la misma, la Comisión señala que la digitalización o el aumento de las formas de trabajo no tradicionales ha llevado a un aumento de los empleos con bajos salarios y una mayor desigualdad salarial en muchos países, una tendencia que “sin acción política (…) podría verse exacerbada por el fuerte impacto de la crisis del Covid-19 sobre la gente vulnerable”.

Bruselas destaca que la crisis podría aumentar la demanda de trabajadores no estándar y precarios para reducir costes, lo que podría agravar el riesgo de pobreza de estas personas, que en general ya tienen jornadas y salarios inferiores a los de los empleados fijos.

Además, “la crisis ha golpeado particularmente a sectores con bajos salarios, como el comercio y el turismo”, apunta el documento, que detalla que en estos sectores y el del transporte un 13 % de los trabajadores cobra el salario mínimo, solo superado por la agricultura (24 %).

“Hay un riesgo de que la adecuación del salario mínimo se deteriore en algunos Estados miembros tras la crisis del Covid-19. Las desigualdades salariales podrían aumentar, puesto que los trabajadores altamente cualificados podrían verse menos afectados por la pérdida de empleo e ingresos que los mediana o bajamente cualificados”, dice el texto.

La Comisión subraya que el salario mínimo en muchos países no permite llegar a final de mes y propone subsanar el problema introduciendo criterios comunes en todos los países a través de legislación obligatoria o de directrices políticas no vinculantes.

Plantea en concreto reforzar el papel de la negociación colectiva en la fijación del salario mínimo y que todas las categorías estén cubiertas en los convenios, así como crear marcos nacionales que permitan establecer y actualizar los salarios en base a criterios “claros y estables”, como el salario medio o el coste de la cesta de la compra.

También que se eliminen o limiten las exenciones y variaciones del salario mínimo, que se garantice el papel de los agentes sociales en los países dónde el salario mínimo se fija por ley, y que se introduzcan sistemas efectivos para controlar el cumplimiento de las normas.

Sindicatos y patronales europeos podrán pronunciarse hasta el 4 de septiembre sobre estos puntos para dar forma a la propuesta final que presentará el Ejecutivo comunitario. 

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