¿Por qué el proceso de Contraloría contra el Alto Mando de Carabineros podría salpicar a Piñera?

Foto: Agencia UNO

¿Por qué el proceso de Contraloría contra el Alto Mando de Carabineros podría salpicar a Piñera?

El Gobierno ha optado por respaldar a los uniformados en esta pasada, lo que podría traerle coletazos a futuro. ¿Por qué? Porque Contraloría no tiene la potestad de castigar, sólo de proponer sanciones, y será el Presidente quien deba aplicar o hacer oídos sordos a las recomendaciones del organismo, las que pueden ir desde multas hasta dar de baja a los generales involucrados.

La Contraloría General de la República se encuentra en pleno proceso de formulación de cargos contra siete generales del Alto Mando de Carabineros por su eventual responsabilidad administrativa en operativos realizados durante el estallido social.

Según detalles del sumario -que se mantenía en secreto hasta el pasado viernes cuando fue revelado por Radio Bío Bío– los generales están siendo investigados por no haber garantizado el cumplimiento de los “protocolos del uso de la fuerza” que regían en esa fecha y que fueron modificados en febrero del 2020.

Pese a los antecedentes expuestos, la institución uniformada recibió el respaldo del Gobierno y sectores del oficialismo criticaron el proceder del organismo fiscalizador. La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, incluso aseguró que “esta es una atribución que excede las potestades que la ley le otorga a Contraloría”.

Sin embargo, el abogado Luis Cordero, experto en derecho administrativo de la Universidad de Chile, explica a The Clinic que este tipo de acciones están completamente en el marco de sus competencias y que las críticas esgrimidas son “producto de la ignorancia” respecto de sus facultades.

En ese sentido, las declaraciones del Gobierno podrían anticipar un nuevo flanco de conflicto para el Presidente Sebastián Piñera, puesto que será él quien deberá ratificar la sanción -en caso que exista- contra estos siete miembros del Alto Mando de Carabineros.

LOS PASOS DEL PROCESO

Desde su fundación en 1927, la Contraloría tiene entre sus responsabilidades velar por el cumplimiento de las disposiciones del estatuto administrativo, esto es, verificar que los funcionarios del Estado cumplan con sus deberes.

Para ello, el organismo cuenta con cuatro instrumentos a su disposición: tomar razón, dictaminar, auditar o instruir sumarios administrativos. Este último es el caso del Alto Mando de Carabineros, actuar que está regulado por el artículo 131 de la Ley 10.336 y reglamentado por la resolución 510.

Dicho procedimiento tiene tres fases: indagatoria, acusatoria y resolutiva. El sumario contra los uniformados está en la segunda etapa, que comienza precisamente con la formulación de cargos, donde se notifica a cada uno de los generales -o sus respectivas defensas- sobre la investigación de la que son objeto, y culmina con la llamada “vista fiscal”.

Entremedio se desarrolla todo un proceso de recepción de pruebas y otras diligencias solicitadas, donde los afectados pueden aportar nuevos antecedentes y declaraciones. El plazo que esta instancia debiera durar 10 días hábiles, pero son prorrogables.

De hecho, el abogado Luis Cordero indica que en caso de sumarios complejos -como es el que caso del Alto Mando de Carabineros- el tiempo podría ser mayor. “Quedan varios meses por delante, pero en general no debiera demorarse más de un año”, aclara.

La complejidad del caso radicará principalmente en torno a la discusión sobre si le corresponde responsabilidad operativa al Alto Mando de Carabineros, asumiendo que las acusaciones apuntan a omisiones o incumplimientos en los deberes de supervisión de las jefaturas.

Sebastián Piñera junto a Mario Rozas. Foto: Agencia UNO

¿QUIÉN SE HACE CARGO? ¿PIÑERA O ROZAS?

Una vez concluido el período de presentación de pruebas, se da paso a la vista fiscal, que básicamente consiste en un informe elaborado por el fiscal a cargo del sumario administrativo y que resume el proceso. Como la Contraloría no tiene facultad sancionatoria -salvo contados casos- el documento sólo se remite a proponer sanciones, las que pueden ir desde una amonestación o multa, hasta dar de baja al funcionario sumariado.

Dicho informe debe ser aprobado o rechazado por el contralor general de la República, Jorge Bermúdez. Si lo aprueba, debe remitirlo a quien tenga la potestad sancionatoria de los involucrados, es decir, la autoridad que tenga poder de nombramiento y remoción de dichos cargos.

En ese sentido, Cordero explica que “existe una alta probabilidad de que esa propuesta vaya dirigida al Presidente de la República”, puesto a que él tiene dichas atribuciones sobre el Alto Mando de Carabineros. Sin embargo, también es posible que, en caso de tratase de sanciones menores, “podría considerarse enviársela a Mario Rozas”.

En cualquier caso, Cordero asegura que es prácticamente una certeza que “la vista fiscal va a pasar durante este Gobierno”, por lo que eventualmente será Sebastián Piñera quien dirima si aplica las recomendaciones de Contraloría o decida mantener a los uniformados en sus cargos.

Comentarios
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