Poner en pie otra Cámara: la instalación a contrarreloj de la Convención Constitucional

Foto: Agencia Uno

Poner en pie otra Cámara: la instalación a contrarreloj de la Convención Constitucional

Según estimaciones, cerca de $3 millones mensuales debiera disponer cada constituyente para tener asesores, teléfonos, pasajes, combustible y viáticos. Pero eso es sólo el comienzo. Aquí, todo lo que debe quedar resuelto antes de que los redactores de una nueva Constitución sean convocados por el Presidente Piñera para su primera sesión.

El cronograma republicano es así: será el presidente Sebastián Piñera quien, entre el 14 y el 17 de mayo de 2021, mediante un decreto supremo, llamará a todos los integrantes de la Convención Constitucional elegidos un mes antes, para sesionar por primera vez. Pese a tener hasta el 1 de junio, se estima que esa fecha será el 21 de mayo, día simbólico para Chile. En esa jornada, los constituyentes deberán elegir a su presidente y vicepresidente, para comenzar con la definición de las normas que los van a regir.

Para el inicio de ese inédito proceso, sólo quedan escasos seis meses. Es por ello que el Ejecutivo está trabajando a contrarreloj para organizar e implementar todo lo necesario para ponerlo en marcha. Su mandato constitucional es claro: dotar de apoyo técnico, administrativo y financiero a la convención. La tarea incluye desde definir la sede hasta estimar los recursos para cada constituyente, los cuales deben estar calculados y considerados en la Ley de Presupuesto que se tramita a fines de mes. El tiempo no sobra y las dificultades abundan.  

La sede 

Aunque es un anhelo del Ejecutivo, al cierre de esta edición, todavía no había acuerdo del Congreso para facilitar su sede de Santiago. La Secretaría General de la Presidencia está en pleno despliegue para conseguir un lugar adecuado.

Se han sugerido edificios en el centro, palacios antiguos y hoteles, pero el ministro Cristián Monckeberg espera que sea el histórico edificio de calle Morandé con Compañía, el elegido. Para ello ya ha sostenido sucesivas reuniones con diputados y senadores de todas las bancadas. 

Según la reforma detrás del proceso, Piñera es el encargado de fijar un lugar para que funcione la convención. De no hacerlo, quedará automáticamente asignada la sede del Congreso en Valparaíso. Los senadores son quienes más se resisten a ceder las dependencias de Santiago, mientras que los diputados optaron por plegarse a la decisión que se adopte entre ambas cámaras. Quienes conocen las tratativas explican que lo que realmente esperan es que el Ejecutivo les refaccione el Palacio Huneeus -edificio ubicado frente a la sede legislativa de Santiago y que es parte de las dependencias del Congreso- antes de llegar a un acuerdo. Otros afirman que la resistencia apunta a mantener la sede y con eso evitar perder protagonismo, mientras funcione la convención. Pero lo cierto es que el gallito es estéril, puesto que es el mandatario quien posee facultades para disponer del edificio legislativo. 

Aunque es un anhelo del Ejecutivo, todavía no hay acuerdo del Congreso para facilitar su sede de Santiago. La Secretaría General de la Presidencia está en pleno despliegue para conseguir un lugar adecuado.

La Segpres ya se adelantó y realizó revisiones técnicas y planes de remodelaciones necesarias para habilitar el lugar. Según una proyección realizada por la Cámara de Diputados, se cifra en más de $8 mil millones el costo total del funcionamiento de los primeros siete meses de la convención -de junio a diciembre 2021-. La corporación hizo otra estimación en torno a los $10 mil millones. Ambas cifras incluyen la adquisición de un sistema de votación y audio, tablero de votación, licencias y software, servidores, mobiliario y computadores, entre otros. Se calcula en $915 millones el gasto necesario para habilitar técnicamente el exCongreso.

El personal

La semana pasada fueron días de movimientos para los funcionarios del Congreso. Las distintas comisiones de régimen comenzaron a confeccionar las listas de profesionales y administrativos que pudieran pasar, en comisión de servicio, a trabajar en la Convención Constitucional. Y para eso, deberán además reclutar, a través de concursos públicos, a quienes serían sus reemplazantes. Se habla de cerca de 30 personas en una primera etapa, número que podría aumentar con el correr de los meses. 

La cantidad de personas que requiere la convención estará dada por el número de comisiones que se determine. En ese sentido, fuentes legislativas hablan de cinco, en las que se agruparían los grandes debates: gobierno, sistema político, pueblos originarios, reformas a las policías y al sistema judicial, entre otras.  Para éstas se requieren jefes de comisiones con experiencia en la redacción de leyes que, se estima, saldrán del propio Congreso y serán remunerados por el Poder Legislativo. 

Según explicó a The Clinic el ministro Segpres, Cristián Monckeberg, la idea del Ejecutivo es firmar un acuerdo con el Congreso. “El Ejecutivo tiene que disponer de los recursos, a través de la Ley de Presupuesto y dotar de todo el personal administrativo, y del personal técnico, asesores y profesionales. Tenemos que buscar gente con experiencia, que haya trabajado en estos temas, idealmente en comisiones legislativas en el Congreso. Es un trabajo que se está llevando adelante”, explica. 

Según la estimación de la Cámara, la convención deberá financiar con recursos propios la Secretaría Técnica, aquellos abogados y abogadas constitucionalistas que también asesorarán a los convencionales. Se supone que serán los partidos quienes vayan sumando nombres para esa tarea, pero es la misma convención la que debe nombrarla una vez instalada. En la proyección, se estima a uno por cada 7 convencionales, es decir, 22 secretarios técnicos. Pese a que en algún momento se habló de que estas personas trabajarían ad honorem, en la estimación se fijó un monto como remuneración que en total asciende a $539 millones, por sus labores entre el 1 de junio y hasta el 31 de diciembre. Esto es, una remuneración mensual individual cercana a los $3,5 millones.     

Asignaciones con viáticos

Desde el Congreso advierten que, para el caso de los constituyentes, el gasto en asignaciones debiera ser mucho menor que el de los parlamentarios. “No afrontarán gastos operacionales -dice una alta fuente legislativa-, porque no tienen la necesidad de recorrer sus regiones”. Pero se avizora un primer round al interior de la convención sobre este punto extra constitucional: el monto que ellos mismos deben fijarse para funcionar. 

En las estimaciones de la Cámara, se señalan gastos de traslación, es decir, combustible y peajes: $223 millones entre junio y diciembre 2021. También se consideran pasajes aéreos para los constituyentes de regiones, cuyo monto estimado es de $270 millones. Además, se les pagarían viáticos para cubrir los gastos de alojamiento y alimentación. El estimado $78 mil diarios para quienes deban alojar fuera de su distrito; y $31 mil para quienes tengan su residencia en Santiago. En total, se estima un gasto de $246 millones entre los siete meses del 2021. 

También se consideran gastos en telefonía: $94 millones por mismo periodo. Se cubrirían desembolsos en difusión, es decir, todo aquel gasto destinado a realizar cabildos o a informar acerca de los avances de los temas constitucionales: $210 millones por esos primeros siete meses. Al igual que los parlamentarios, cada constituyente podrá contratar secretaria y asesores, remuneraciones de $700 mil y $1.3 millones, respectivamente. Se cifra en $2.170 millones ese gasto.  Además se habla de asesores para las presidencias, es decir, secretarios y jefes de gabinete, gasto que se estima en $490 millones para 2021.      

En total, las asignaciones bordearían los $3.700 millones para 2021. Es decir, cada constituyente podrá disponer de cerca de $3 millones mensuales para operar. 

La rendición de cuentas

Es un tema que preocupa a los organismo de transparencia. Según la reforma constitucional, será la propia convención la que fije un reglamento donde debiera estar contenido qué organismo será el que fiscalice sus cuentas, así como también sus inhabilidades, patrimonio e intereses, bajo la ley de Lobby.     

En total, las asignaciones bordearían los $3.700 millones para 2021. Es decir, cada constituyente podrá disponer de cerca de $3 millones mensuales para operar.

La dificultad de que algún ente sea verdaderamente autónomo de la discusión constitucional para cumplir esa misión, es algo que está en la agenda de la Contraloría, el Consejo para la Transparencia y Chile Transparente. Porque el ejemplo es así: ¿Qué pasa si la Contraloría detecta indicios de delito o irregularidades respecto de algún integrante de la convención y, al mismo tiempo, ese constituyente tiene la potestad de influir en los aspectos constitucionales de la Contraloría?

Así se lo pregunta Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente. “No es una discusión zanjada ni fácil. Las alternativas que existen son dos: una es que la Convención Constitucional actúe como el Congreso Nacional, que sería el estándar mínimo. Es decir, que fije un ente de autorregulación en su interior. Y la segunda es que utilicemos los mecanismos y organismos que hoy existen para fiscalizar. Por ejemplo, en materia de probidad, la Contraloría General de la República; en materia de acceso a la información, el Consejo Para la Transparencia; y, obviamente, el Ministerio Público por si hubiese alguna indagatoria por mal uso de recurso fiscal”, admite. “Lo complejo – agrega- es que estamos hablando de una convención que será una especie de supra órgano que modificará  a los otros”, puntualiza. 

Los organismos de transparencia esperan que esto quede definido antes de la elección, en marzo próximo, cuyo resorte estará en el Ejecutivo y el propio Congreso.

Comentarios
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