Permisos para viajar: El obstáculo que ronda la nominación de Patricia Pérez para la CtIDH

CBR Villa Alemana

Permisos para viajar: El obstáculo que ronda la nominación de Patricia Pérez para la CtIDH

La exministra de Justicia es hoy Conservadora de Bienes Raíces de Villa Alemana, cargo que mantendrá de ser ratificada como jueza de la Corte Interamericana de DDHH. Pero para poder asistir a las sesiones en San José de Costa Rica, donde funciona, Pérez deberá usar un permiso especial de hasta dos meses que establece el Código Orgánico de Tribunales chileno, el que faculta a ministros de fe para ausentarse de su oficio. Tanto ella como Cancillería, debieron pedir opinión jurídica para despejar que ambos cargos no fueran objetables.

El 1 de octubre de 2015, mediante decreto supremo, Patricia Pérez, fue nombrada en el cargo de Conservadora de Bienes Raíces, Comercio y Minas de Villa Alemana. Quince días después asumió como tal, título que se le confiere de prácticamente de por vida, hasta los 75 años.

El 6 de febrero pasado, la Cancillería anunció mediante comunicado de prensa que Pérez, exministra de Justicia del primer gobierno de Sebastián Piñera, sería propuesta por el ministro Andrés Allamand para ocupar uno de los cupos para siete jueces pertenecientes a los Estados miembros de la OEA.

Por esos días, alertada de una posible incompatibilidad, Pérez encargó un informe en derecho para verificar si su trabajo como Conservadora -cuya oficina queda en Calle Bueras de esa comuna y atiende en forma presencial de lunes a viernes de 9 a 14 horas- podía ser combinado con el de jueza de la CtIDH.

Así fue como, el abogado Claudio Meneses, de Mackay & Cia Abogados, elaboró un trabajo de solo 5 puntos, en el que revisa tanto la normativa respecto de la Corte como lo relacionado a Conservadores chilenos.

Pese a que en el grueso desestima cualquier problema de fondo, en el informe Meneses explica que para que Pérez pueda asistir a las sesiones en la Corte que funciona en San José de Costa Rica, Pérez deberá solicitar un permiso especial por dos meses que poseen los ministros de fe en Chile para ausentarse de sus funciones.

“La compatibilidad entre el cargo de conservadora de bienes raíces y el de jueza de la Corte Interamericana de DD.HH. queda reforzado por normas como el art. 478 Código Orgánico de Tribunales que autoriza a estos ministros de fe para solicitar y obtener permisos hasta por dos meses durante cada año para ausentarse del lugar de residencia y dejar de asistir a su oficio, tiempo en el cual podrá cumplir funciones jurisdiccionales en sede internacional”, dice el escrito.

Meneses detalla que la Corte celebra “cinco períodos ordinarios de sesiones al año y dos períodos extraordinarios, los que – a su juicio- resultan plenamente compatibles.

Sin embargo, el abogado Doctor en Derecho Internacional de los DD.HH. por la Universidad de Notre Dame, Pier Pigozzi, posee otra opinión y la envía a The Clinic por escrito: “El artículo 16 del Estatuto de la Corte exige la disponibilidad plena de los jueces para viajar con ella (en el 2021 ya están programadas más de 180 días de labores). El Código Orgánico de Tribunales en su artículo 478 dispone que los conservadores no podrán ausentarse sin que medie una autorización. Si el permiso requerido excede de dos meses, debe ser otorgado cada año por el Presidente de la República (lo que no está garantizado)”.

El abogado agrega agrega: “El artículo 18.1.c del mismo Estatuto establece la incompatibilidad del cargo con otro que afecte su imparcialidad o deber de disponibilidad. La abogada Pérez incurre en ambas incompatibilidades y una de ellas es de especial gravedad, porque la afectaría tanto por la competencia del judicial chileno para removerla de su cargo de conservadora de bienes raíces y por la facultad del ejecutivo chileno de negarle autorización para ausentarse por más de 60 días al año”, afirma.

En el informe de Pérez se aborda sobre el fondo del nombramiento: “Es necesario advertir que el cargo de conservador no cabe confundir con el de juez ni su función como fedatario con la actividad jurisdiccional”, dice el escrito. “Sin duda alguna que tienen un rol en el cuadro general de justicia civil, pero ello no los transforma en jueces ni su actividad en una labor jurisdiccional. Una conservadora de bienes raíces tiene el rol de ministro de fe; no es jueza nacional ni mucho menos internacional”, se agrega.

A juicio de Meneses, la independencia institucional está salvaguardada. “El artículo 470 del Código Orgánico de Tribunales se inspira en la idea de proteger la independencia judicial y la de los auxiliares de la administración de justicia, para lo cual hace incompatible las funciones jurisdiccionales y de dación de fe pública con las de otros órganos públicos”, dice. “Así -agrega- se evita la injerencia de otros poderes en el cumplimiento de tales funciones (jurisdiccional, en un caso; de fedatario, en el otro). Este resguardo resulta innecesario en el caso de los jueces y juezas de la CIDH, como quiera que el ejercicio de esta función no puede afectar la independencia de un ministro de fe como un conservador de bienes raíces, cuyo ámbito de actuación es netamente interno (nacional) y, además, carece de naturaleza jurisdiccional”.

En otras palabras -dice- “no existe el riesgo de que una actividad (dación de fe pública en el tráfico jurídico nacional) sea influenciada por otra (juez de la CIDH). Al no haber peligro de afectación de la independencia, carece de sentido invocar la incompatibilidad”, agrega.

Los pergaminos para el cargo es algo que ninguno de los abogados cuestiona. La exministra es Doctora en Derecho de la Universidad de Valparaíso, Magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Católica de Valparaíso. Es además integrante del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas y Doctor Honoris Causa por la California Western School of Law.

The Clinic consultó a Cancillería sobre una posible incompatibilidad, donde confirman que se hicieron consultas jurídicas: “El gobierno analizó la situación mediante distintos análisis jurídicos para despejar toda incompatibilidad, y una vez que eso se resolvió, decidió avanzar en la postulación de la Patricia Pérez”, fue la respuesta.

El nombramiento del cargo es un proceso que partió en febrero pasado y que culmina a mitad de 2021.

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