Columna de Martina Cociña, Romina Ramos e Isaac Ravetllat: La obligación de resguardar la infancia en la crisis humanitaria

Columna de Martina Cociña, Romina Ramos e Isaac Ravetllat: La obligación de resguardar la infancia en la crisis humanitaria

"Cabe indicar que la semana pasada fallecieron dos personas, quienes estaban durmiendo en la plaza de Colchane, pues el alcalde de la comuna se ha negado a facilitarles el gimnasio municipal u otros espacios para albergarlos. Ello, a pesar de que hay situaciones verdaderamente trágicas como la de una mujer venezolana con su bebé de dos meses que no tenía leche para alimentarla, y no sabía cómo iba a pasar la noche a la intemperie, en una zona donde las temperaturas disminuyen a los -8 grados" señalan los autores.

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En el norte de Chile se vive una grave crisis humanitaria. La respuesta del gobierno chileno ha sido aumentar la presencia militar en la zona, expulsar a quienes ingresan irregularmente y licitar vuelos para continuar deportando. Estas medidas se suman a la imposición de visas consulares para personas dominicanas, haitianas y venezolanas, a la denegación de solicitudes de refugio y a la dilatación en la tramitación o solicitud de requerimientos no contemplados en la normativa, según lo detectado por la Contraloría General en su informe especial N°318/2020. Dichas medidas han terminado por obstaculizar o hacer casi imposible el ingreso regular a Chile. Por tanto, a pesar de que el presidente Sebastián Piñera, en diversas ocasiones, declaró que los venezolanos serían bienvenidos a Chile, ha impuesto una política centrada en la securitización de la movilidad humana que, bajo el prisma de una migración ordenada, segura y regular dificulta su arribo, criminalizando a quienes entran por pasos no habilitados.

A pesar de estas medidas los desplazamientos de personas, mayoritariamente de nacionalidad venezolana, no se han detenido. Si bien es cierto que han disminuido frente al incremento del control militar, no por ello han dejado de existir. Algunos se han quedado en la zona boliviana de Pisiga, a la espera de que se flexibilicen los controles en Colchane, pero se estima que la gran mayoría se trasladará hacia territorios menos militarizados, como por ejemplo el paso fronterizo de Ollagüe (181 km de Colchane-Pisiga) pues se ha “corrido la voz” de que en Colchane se está deportando, y nadie quiere ser devuelto a un país donde son considerados traidores a la patria y no hay alimentos ni insumos básicos para subsistir.

La situación en Colchane se tornó dramática, en una localidad fronteriza donde tan solo habitan 300 residentes y que a fines de enero llegaron cerca de 1.800 personas, concretamente lo hicieron a un poblado que no cuenta con supermercados, farmacias, transporte público, ni albergues por eso quienes arriban se guarecen en lugares donde encuentran un poco de abrigo. En efecto, las condiciones climáticas han generado, en un acto de desesperación, que migrantes forzaran una vivienda para no morir de hipotermia. Cabe indicar que la semana pasada fallecieron dos personas, quienes estaban durmiendo en la plaza de Colchane, pues el alcalde de la comuna se ha negado a facilitarles el gimnasio municipal u otros espacios para albergarlos. Ello, a pesar de que hay situaciones verdaderamente trágicas como la de una mujer venezolana con su bebé de dos meses que no tenía leche para alimentarla, y no sabía cómo iba a pasar la noche a la intemperie, en una zona donde las temperaturas disminuyen a los -8 grados.

En este escenario, UNICEF el 9 de febrero pasado emitió una declaración pidiendo protección a niños, niñas y adolescentes migrantes en las localidades de Colchane y Huara. Sería ideal que, junto con lo anterior, su labor se visualizará en la zona, por ejemplo, repartiendo kits de emergencia, como lo ha hecho en otras crisis, donde ha estado resguardando la infancia. También sería fundamental contar con la presencia en terreno de organismos internacionales como ACNUR para dar respuesta integral a esta crisis.

A la frontera norte de Chile no sólo han llegado hombres y mujeres, sino también niños, niñas y adolescentes (NNA), quienes, al igual que sus progenitores, han debido sortear una larga y dura travesía de más de 6.000 kilómetros desde Venezuela. A pesar de ello, las autoridades imponen la autodenuncia como requisito para trasladar a esas familias con sus hijos e hijas a albergues y residencias sanitarias. En otras palabras, los migrantes se han visto obligados a autodenunciarse para recibir abrigo, salud y comida. Una estrategia perversa que, amparándose en la necesidad de quienes se desplazan, agiliza su registro y posterior expulsión.

Como se aprecia, no sólo los organismos internacionales están al debe en su mandato de brindar protección, sino muy particularmente las autoridades nacionales, quienes insisten en securitizar la movilidad humana, a pesar de que estemos hablando de personas menores de edad. No hay que olvidar que hablar de niñez y adolescencia migrante nos sitúa automáticamente frente a una condición de triple vulnerabilidad: ser niño o niña, ser migrante y, en este caso concreto, ostentar – junto con sus familiares – un estatus migratorio irregular. Estos factores limitan la posibilidad de acceder a ciertos derechos esenciales, dificultando, en gran medida, el ejercicio de otras garantías fundamentales de carácter económico, social y cultural.

Pero no cabe extrañarse, pues se enmarca en una política que ha apostado por precarizar las travesías migratorias, aunque éstas incluyan a niños, niñas y adolescentes, no acompañados o separados de sus referentes familiares, como ha constatado el propio Tribunal Constitucional al declarar, por unanimidad de todos sus miembros, contrario a los preceptos de la Constitución Política de la República el procedimiento de retorno asistido de NNA contenido en el artículo 132 del Proyecto de Ley migratoria (Boletín 8970-06), por lo que éste, afortunadamente, no podrá convertirse en ley.

Retomando el análisis de lo ocurrido en Colchane, una vez que una persona menor de edad ingresa a Chile, Carabineros, mediante parte policial, informa al Tribunal de Familia por vulneración de derechos, se abre una causa de protección y el juez o la jueza cita a audiencia para revisar la situación que afecta al NNA. Lo anterior se complica si los padres o adultos referentes con los que viaja el NNA no cuentan con pasaportes o documentos que acrediten el vínculo de filiación o parentesco, ya que sin esa prueba se puede abrir la arista de un posible tráfico de migrantes o trata de personas, judicializándose el proceso. En un contexto de inestabilidad y precariedad extrema, donde se migra para no morir de inanición, el no contar con documentos no se establece como un impedimento para desplazarse, de ahí que muchos paguen ingentes sumas de dinero para entrar a Chile, aunque el ingreso por paso no habilitado pueda poner en riesgo su vida; es que quedarse en el camino no es opción, en especial, para quienes cuentan con familiares en Chile.

Según la Seremi de Salud de Tarapacá 2.952 niños, niñas y/o adolescentes de nacionalidad venezolana han ingresado a residencias sanitarias entre septiembre y diciembre del 2020. En caso de personas menores no acompañados (sólo se han reportado dos niños de 13 y 16 años en Colchane) se les envía a una residencia de SENAME y se les nombra un curador ad litem quien representa sus intereses. Sin embargo, no hay registros que permitan comprender la magnitud de este fenómeno, es más, el sistema informático de los tribunales de familia no tiene la posibilidad de registrar a menores extranjeros no acompañados. Por lo que hace un par de meses se solicitó a la Corte Suprema la adaptación del programa. A nivel sanitario tampoco se cuenta con cifras, la Seremi de Salud de Tarapacá respondiendo a una solicitud de transparencia pública, informó que no hay registro de NNA extranjeros sin acompañantes que hayan ingresado a residencias sanitarias transitorias durante el 2020. No obstante, en la Región de Tarapacá se ha levantado una Mesa para trabajar con NNA no acompañados, pues, a pesar de que no exista información pública disponible, extraoficialmente habría más de dos NNA en esta situación.

Chile se encuentra obligado a resguardar a NNA, no sólo porque en su legislación nacional reconoce la protección del interés superior del niño (Ley 19.968 de Tribunales de Familia), sino que también, a nivel internacional por la suscripción de tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención internacional sobre los de Derechos del Niño, donde se consagra su protección. No obstante, lo que se observa es la apatía y la indiferencia, tanto de organismos internacionales como del gobierno chileno que no quieren comprender que hoy en día personas que se están muriendo en el norte, no sólo de frío y de hambre, sino debido a la falta de voluntad política para abordar esta situación como lo que realmente es: una crisis humanitaria de enormes proporciones, que requiere respuestas integrales, coordinadas internacionalmente para brindar refugio a quienes más lo necesitan.

Las organizaciones que trabajamos por la defensa de los derechos de la infancia, de la adolescencia y de los migrantes, denunciamos esta situación y, al igual que lo hacemos siempre en nuestro trabajo cotidiano, exigimos respetar la dignidad y derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, para lo cual es imprescindible que las autoridades de nuestro país garanticen, de una vez por todas, la protección y la no vulneración de estos derechos.

*Martina Cociña es Doctora en Derecho y Ciencia Política U. de Barcelona

*Romina Ramos es Directora del Núcleo de estudios criminológicos de la Frontera, U. Arturo Prat

*Isaac Ravetlla es Director del Centro de estudios sobre derechos de la infancia y adolescencia U. de Talca

Comentarios
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