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Opinión

9 de Marzo de 2021

Columna de Marcelo Mena: Escazú, la fiesta que vemos desde fuera

Marcelo Mena
Marcelo Mena
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Hace 3 años se adoptó el Acuerdo de Escazú en Costa Rica. Fue una fiesta para el continente, pues era el primer tratado ambiental de la región. El acuerdo fue negociado en largas sesiones por los países del continente, pero la mayoría en la CEPAL. Hoy, 24 de los 33 países latinoamericanos han firmado el acuerdo. Con la ratificación reciente de México, ha entrado en vigor este acuerdo que tiene por objeto proteger a los ciudadanos desde la perspectiva de la democracia ambiental.

El acuerdo llega en un momento oportuno para la región, la más inequitativa y vulnerable al cambio climático, que puede profundizar aún más nuestros problemas y que podría despojar del 10 al 15% del PIB a los países hacia el 2100.

Latinoamérica ha cuestionado a sus autoridades por la falta de espacios para incidir en lo que ocurre en su territorio. Chile no está ajeno a este fenómeno, donde la insistencia de las autoridades por limitar la participación ciudadana ha dado cabida a la judicialización de los proyectos de inversión. Cuando quitamos espacios destinados a la legitimación y al diálogo, invitamos a que se resuelvan nuestros problemas en sede judicial. Erróneamente los gobiernos de todo color político han pensando que saltarse ese proceso tan clave los llevará a una aprobación más rápida. Al contrario, extiende la incertidumbre por años. Más participación, más inclusión es mayor certeza y, ciertamente, mejora la oportunidad de inversión.

El acceso a la información ambiental es importantísimo. Cuando empezamos a medir calidad del aire en Chile a partir del 2012, nos dimos cuenta que casi todos los chilenos respiraban aire sucio. Tomamos medidas urgentes que lograron reducir el problema, pero aún queda mucho por hacer. Por otro lado, hay otras matrices ambientales de las que sabemos mucho menos.

Sobre cursos de agua, poco conocemos en cuanto a cantidad y calidad. En suelos, sabemos que hay muchísimos sitios contaminados en Chile, fruto de nuestro pasado minero. Pero la gente no sabe dónde están, ni qué se hace para abordarlo. No hay remediación de los pasivos sin una transparencia respecto de la ubicación de los sitios contaminados. Y si no medimos, no sabemos. Hoy, en ese espíritu, la Red Ciudadana de Calidad de Aire para La Infancia, proyecto de Fundación Horizonte Ciudadano y el Centro de Acción Climática de la PUCV, está desplegando casi 100 monitores de calidad de aire para permitir que ciudades en Chile, Brasil, Mexico, Colombia, Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador tengan información de la calidad de aire. Sin medición no hay acción.

El acceso a la justicia ambiental es fundamental, y para eso debemos fortalecer el marco jurídico en Chile, definiendo los delitos ambientales, estableciendo una ley para reparar con los tributos verdes el daño causado históricamente en las zonas de sacrificio por parte de las empresa.

Los defensores ambientales merecen protección especial. En Latinoamérica mueren cientos de personas al año resguardando su territorio. Así, el Acuerdo de Escazú establece disposiciones para que los estados miembros protejan a sus ciudadanos defensores ambientales.

El gobierno no quiso suscribir Escazú. Esto no opaca el triunfo de la diplomacia de Chile que quiso colaborar y convocar a un continente entero a proteger a sus ciudadanos. Una nueva constitución es una oportunidad de enmendar el error y permitir que los valores de Escazú se reflejen en la casa de todos. Porque son valores de un país que cree en la democracia ambiental, el diálogo y la cooperación con sus ciudadanos como herramientas para democratizar la toma de decisiones. Mientras tanto, miramos con felicidad que está vigente en 12 países, y que pronto, muy pronto, lo estará también en Chile. Si salimos a votar.

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