Columna de Eduardo Vergara: 5 razones por las que la ley anti narco terminará siendo pro narco

Es un año electoral y se nota. La Cámara de Diputados acaba de aprobar la Ley “anti-narcos”. Nuevamente el gobierno y su coalición lograron instalar con éxito una retórica comunicacional de guerra y prohibicionismo que termina por esquinar a diversos sectores políticos entre el chantaje y la pared: si no apruebas nuestro proyecto estás con los malos. Esto se viene repitiendo en el Congreso desde Aula Segura pasando por todo el paquete de medidas populistas aprobadas en el marco del Estallido Social y de forma más reciente con la extensión del estado de catástrofe sin siquiera exigir rendición de cuentas y garantías que este no seguiría siendo abusado para ejercer control desproporcionado e incluso militarización en los territorios. Por esto mismo, la responsabilidad de perpetuar estos modelos, goza, tristemente, de transversalidad. 

Lo peligroso, es que con leyes como estas el país continúa profundizando el fracaso actual que nos ha llevado a aumentos en consumo de drogas (principalmente en menores) y crecimiento del poder del narco. Este sistema ha seguido siendo eficiente para perseguir a los eslabones débiles y desechables de la cadena de narcotráfico mientras que los grandes narcos siguen de fiesta. Existiendo abundante evidencia que nos habla del fracaso de este enfoque e incluso que países como EEUU y México estén dando giros radicales en la dirección opuesta, la realidad criolla habla de lo contrario. Es más, el ausentismo e ineficiencia del Estado en proteger las personas en los territorios, particularmente en esta pandemia, ha generado verdaderas zonas de sacrificio en seguridad, donde la paz y bienestar de la gente pasa a depender del narco de turno. Cada centímetro que el Estado cede, es un centímetro que el narco y el crimen organizado gana. Aquí 5 razones que hablan del peligro de este proyecto en terminar entregando más poder al narco, desprotección a las personas y por qué, el Senado lo debe rechazar. 

1.- Los aumentos de pena benefician al gran narco porque terminan siendo eficientes en abultar las detenciones y la cárcel de eslabones desechables. Las y los soldados del narco que terminan pagando con cárcel son en muchos casos víctimas. No es menor que el grueso de las detenciones por ley 20.000 y la privación de libertad en Chile sea principalmente para estas personas y no para los grandes narcos. Esto es además, funcional para mostrar aumentos en la cantidad de detenidos y nutrir el show mediático. Jóvenes, mujeres y quienes menos tienen terminan pagando los costos mientras las cabecillas se nutren de capital humano casi infinito reproducido por la desigualdad aumentando así su poder. 

2.- La reproducción de pobreza es el mejor aliado del narco, mientras el Estado está ausente y no genera ni protección y menos oportunidades. Esto último se profundiza con el proyecto. Por ejemplo, la enajenación temprana de bienes permitirá que personas (particularmente vulnerables al ser el grueso de la población perseguida) pierdan sus bienes antes de ser condenados. Si una persona es posteriormente declarada inocente o la pena no condena el decomiso de estos bienes, el precio de la venta de estos (que siempre es inferior) será restituido. Entonces, incluso al ser restituido, inocentes terminarán más vulnerables. Frente a ese escenario, será el narco quien estará esperando afuera de la puerta para ofrecerle una alternativa que el Estado no le ofrece.

3.- El populismo pone el foco sobre el show mediático y nos distrae del problema de fondo. Una de estas medidas populistas es la prohibición de ser candidato o ejercer cargos públicos a menos que se demuestre que no se tiene dependencia a las drogas. Independiente de como esto se prestará para montar persecuciones, cacerías de brujas y extorsión política, el problema de fondo radica en que será una medida que no tendrá impacto alguno sobre el combate al narcotráfico, además será discriminatoria. No hay evidencia que ligue el uso problemático de drogas con ser corrupto, este es solo un invento criollo. Mientras en el mundo los países avanzan a reconocer las adicciones como un problema de salud que depende en gran parte de las oportunidades, la inclusión y la re inserción, aquí les cerraremos la puerta como si fueran criminales solo para montar un circo. 

4.- Los estímulos financieros a las instituciones de persecución generarán incentivos perversos. El proyecto permite que recursos generados por enajenaciones sean destinados a instituciones como el Ministerio Público, Carabineros y la PDI para seguir financiando su labor bajo este mismo modelo fracasado. Nuestro sistema de educación, prevención y tratamiento es ineficiente y requiere financiamiento, siendo ahí donde deben terminar los recursos y donde debemos poner el foco. La reducción de la demanda es clave en base a la educación con evidencia para generar empoderamiento en la población. Seguir nutriendo la persecución y el control es seguir alimentando el círculo vicioso en el que nos encontramos.

5.- Las grandes omisiones que el narco celebra. Hemos perdido una nueva oportunidad de avanzar hacia una nueva política de drogas. Por el contrario, esta ley “anti-narco” sigue en la senda opuesta a la de los países que han aprendido de sus errores tras la falsa ilusión de que fortaleciendo la maquinaria de guerra algún día esta se ganará. Nada más errado. Perdimos además la oportunidad de fijar cantidades de porte, tenencia y cultivo para terminar con criminalización de usuarios y poder enfocarnos sobre el verdadero tráfico; exigir que existan indicios “claros” antes de culpar a alguien de tráfico aumentando la rigurosidad en la persecución; de una vez por todas desarrollar una agresiva estrategia contra el lavado de activos y el movimiento de capitales; de ir de una vez por todas sobre el patrimonio de los grandes narcos; y por sobre todo, de dejar de gastar millonarios recursos en una guerra que parece más un juego, que es reactiva por sobre preventiva y donde el costo lo pagan los pobres. 

Es de esperar que pronto, los liderazgos políticos terminen con esta obsesión ineficiente y peligrosa. Debemos poner el show de lado y entrar en discusiones que a muchos incomodan y juntar coraje para proteger a las personas y quitarle el negocio al crimen por medio de la estricta regulación legal de las drogas. Seguir dándole en bandeja más de un millón de dólares al día al crimen organizado gracias a la concesión del mercado de las drogas para que siga disputando el poder estatal, corrompiendo y controlando la seguridad y salud de las personas es, al menos, un error imperdonable.