Columna de Gabriel Boric: Una nueva policía para una nueva democracia

La crisis de Carabineros es similar a la crisis de otras instituciones clave de nuestra democracia, y refleja el impacto de los casos de corrupción, del abuso de poder, de la diferencia de trato que afecta a las y los más vulnerables, y de una profunda desigualdad social al interior de la fuerza policial. La violación sistemática de los derechos humanos en la represión de la protesta social ha venido a consolidar la imagen de Carabineros como un actor de clase: mientras los vemos proteger los intereses de los poderosos y privilegiados, acumulamos evidencia sobre la vulneración de los derechos y garantías de los más pobres. Carabineros se percibe, además, como una fuerza sin mando y fuera de todo control civil.

Al menos tres de los problemas más complejos que hoy enfrenta nuestro país, se relacionan con esta institución: la crisis en la Macro Zona Sur y la represión al pueblo Mapuche; la crisis de orden público, violencia y violaciones a los derechos humanos; y el avance del crimen organizado y el narco, con el consecuente aumento del consumo problemático de drogas, que hoy se encuentra criminalizado. Carabineros, que debería ser parte de la solución, se ha convertido en cada uno de esos ámbitos en parte del problema.

En la urgente refundación de Carabineros se juega la posibilidad de reconstituir nuestra convivencia democrática y soberanía estatal. Es un cambio profundo que debe convertirse en política de Estado: todas y todos, independiente de nuestro sector político, requerimos de una policía confiable y bajo el control democrático civil, a la que pueda delegarse el ejercicio legítimo del poder del Estado. Se trata de una operación políticamente costosa —no es casualidad que ningún gobierno desde el fin de la dictadura haya avanzado significativamente en este plano— y logísticamente difícil, porque debe hacerse mientras Carabineros está en sus funciones en la calle, superando las resistencias que genere dentro de la misma institución.

“Carabineros, que debería ser parte de la solución, se ha convertido en cada uno de esos ámbitos en parte del problema”.

Existen propuestas impulsadas transversalmente para avanzar en la resolución de esta crisis, como la intervención civil a Carabineros, que permita su control político institucional y la participación ciudadana y de expertos en sus lineamientos. También la formación de una nueva policía con enfoque de DD.HH y la creación de una Comisión de verdad, justicia y reparación, que se haga cargo de las violaciones a los derechos humanos, e identifique y sancione a los altos mandos responsables. Al mismo tiempo, se hace imprescindible establecer un escalafón único en la institución, que termine con la discriminación entre oficialidad y tropa, así como una Superintendencia que regule el negocio de la seguridad privada. 

Nuestra nueva policía debe poner en el centro la protección de la ciudadanía, no de la propiedad, y debe ser una herramienta del Estado para construir una sociedad más justa y segura para todas y todos. En este giro hacia la refundación institucional, debemos tener presentes tres aspectos relevantes del actual debate sobre seguridad: 1) incorporar la perspectiva de género, sumar a más mujeres a la oficialidad y toma de decisiones, pero también considerar a las poblaciones vulnerables y cómo enfrentamos la reproducción de la delincuencia: cerca del 50% de los ingresos a cárceles por aplicación de la Ley 20.000 son mujeres y cerca del 60% de las detenciones por dicha ley corresponden a menores de 19 años. Asimismo se les debe incorporar en la red pública de salud, que tengan derecho a las garantías de salud (GES) y un plan de ingreso y acompañamiento en salud mental diseñado especialmente para cumlir el enfoque de DD.HH. 2) Una descentralización con mecanismos de participación comunitaria y entrega de competencias regionales y a nivel de gobiernos locales, que permita responder debidamente a las necesidades de cada territorio: cada año aumenta el presupuesto en armas de servicio y carros lanzaaguas, pero llevamos décadas esperando la instalación de subcomisarías que brinden mayor seguridad a vecinos y vecinas a lo largo del país. Tampoco tiene sentido que autoridades policiales afirmen no dar abasto a las denuncias de violencia intrafamiliar, mientras copan todos los viernes con mil efectivos una plaza para evitar manifestaciones. 3) La revisión de nuestro paradigma para enfrentar al narcotráfico y el crimen organizado, con la necesaria inversión en educación, prevención y tratamiento de la drogadicción como materia multisectorial superando la administración exclusiva del Ministerio del Interior, porque el consumo de drogas es un tema de salud pública y educación, no sólo de seguridad.

“Nuestra nueva policía debe poner en el centro la protección de la ciudadanía, no de la propiedad, y debe ser una herramienta del Estado para construir una sociedad más justa y segura para todas y todos”.

El conflicto en la macrozona sur del país, donde hoy las policías son ocupadas como cuerpos militares para sostener un enfrentamiento con integrantes del pueblo Nación Mapuche, no es sólo un problema de seguridad, sino ante todo es un problema político, que debemos enfrentar de una forma radicalmente distinta que como se hizo durante la masacre mal llamada “Pacificación de la Araucanía”, ni en las décadas de conflicto permanente que se han agudizado en los últimos años, siguiendo el camino de países como Nueva Zelanda y Canadá.

Hoy, la seguridad es un tema ineludible en esta carrera presidencial. Invito a todos quienes quieran transformar nuestras fuerzas del orden a hacerse parte del debate. Una nueva policía eficaz, legitimada ante la ciudadanía y capaz de actuar con pleno respeto a los derechos humanos, es posible y será una de las prioridades de nuestro gobierno.

*Gabriel Boric, diputado y candidato presidencial de Convergencia Social y Revolución Democrática.