Columna de Crescente Molina: La clase política y la marca de la deslealtad

El resultado de las elecciones recién pasadas, donde hubo un triunfo sustancial de candidatos independientes a la Convención Constitucional, ha dejado en evidencia lo que ya todos a estas alturas sabíamos: que una parte importante de la ciudadanía no ve a la clase política actual como un grupo capaz de liderar la conducción política de Chile. ¿Qué explica que la coalición de gobierno actual y la coalición que lideró la transición hacia la democracia hayan sufrido una pérdida tan importante de popularidad?

Parte de la clase política creyó que el deterioro en su popularidad se debería al mero aburrimiento o desencantamiento de la ciudadanía (como el hastío de los espectadores de teleseries cuando éstas contienen siempre los mismos personajes o tramas; o el de un niño que siempre juega con el mismo video juego). Así, la solución propuesta por la clase política fue incorporar a sus filas liderazgos más atractivos y novedosostales como miembros de la farándula, deportistas famosos o actores de televisión. Sin embargo, el efecto positivo de tal estrategia fue prácticamente nulo; tales liderazgos frescos y llamativos no han logrado reivindicar a la clase política. ¿Cuál es entonces la causa de la crisis de popularidad?

En contraposición a la idea de que la política es una especie de espectáculo del cual los ciudadanos estarían simplemente aburridos, la clase política debió haber considerado seriamente (antes de que fuera muy tarde) una hipótesis mucho más simple y obvia como explicación a su crisis de popularidad:  la ciudadanía ha perdido la confianza en la virtud política de la clase política actual; es decir, la confianza en que ésta posea los atributos esencialesque hacen a un buen líder político. ¿Cuál sería la principal virtud que la ciudadanía habría visto ausente en la clase política de las últimas décadas?

“La solución propuesta por la clase política fue incorporar a sus filas liderazgos más atractivos y novedosos tales como miembros de la farándula, deportistas famosos o actores de televisión. Sin embargo, el efecto positivo de tal estrategia fue prácticamente nulo; tales liderazgos frescos y llamativos no han logrado reivindicar a la clase política. ¿Cuál es entonces la causa de la crisis de popularidad?”

Consideren una virtud política fundamental a la que podríamos llamar, usando un término jurídico, lealtad fiduciaria. La lealtad fiduciaria es aquella a la que están sujetos aquellos que administran intereses ajenos; es la lealtad que debe un mandatario a su mandante. Los deberes fiduciarios de los representantes políticos (como los de cualquier mandatario respecto de su mandante) no incluyen solamente deberes básicos de honestidad, transparencia y probidad, sino que prohíben todo acto del mandatario queatente contra los intereses del mandante. Así, un político leal, debe siempre anteponer el interés del mandante (i.e., de la ciudadanía en su conjunto) por sobre su interés propio o el interés de otro grupo privado de cualquier naturaleza (e.g., grandes grupos económicos, lobistas, hordas virtuales en Twitter, etc.,). ¿Ha sido leal nuestra clase política? Lamentablemente, nos ha dado más de una razón para dudar de su lealtad.

Los casos Penta, SQM o Caval, además de constituir violaciones al estado de Derecho, son un caso claro de falta de lealtad fiduciaria. En todos estos casos (que afectaron, recordemos, a la mayoría de la clase política), nuestros representantes demostraron dar prioridad a su interés personal (económico, electoral, familiar, etc.,) por sobre los intereses de la ciudadanía. Y estos escándalos de corrupción institucional no han sido, a los ojos de la ciudadanía, las únicas manifestaciones de falta de lealtad fiduciaria de nuestros representantes. Nuestros mandatarios han frecuentemente fallado también en realizar reformas fundamentales a la institucionalidad vigente, incluso cuando dicha institucionalidad claramente afecta los intereses de la mayoría de los ciudadanos (piensen, por ejemplo, en la defectuosa regulación de ciertos delitos económicos o anticompetitivos, o en las deficiencias más graves en nuestros sistemas de salud, educación o pensiones; o en las urgentes reformas a la eficacia del aparato estatal). No proponer o no apoyar reformas de tal importancia (o no hacerlo de manera oportuna), o no estar dispuestos a lograr acuerdos al respecto, es en sí mismo (y con razón) percibido por gran parte de la ciudadanía como una violación del deber básico de lealtad fiduciaria por parte de nuestros representantes.

Hoy los nuevos rostros victoriosos de la política celebran. Sin embargo, deben recordar que la profesión política no se desempeña en un espectáculo en el que basta entretener o encantar al público para triunfar. Todos aquellos que resultaron electos son simples mandatarios nuestros y su deber más básico es siempre proteger los intereses de la ciudadanía. Hay, por supuesto, un amplio margen de desacuerdo razonable sobre qué es lo que constituye los mejores intereses de la ciudadanía. Bien entendido, el proceso político es una contienda, de buena fe, por consagrar distintas visiones sobre el bien común de la República. Pero si nuestros nuevos representantes dejan una vez más en evidencia faltas claras a la lealtad fiduciaria como las que hemos visto en las últimas décadas, no pasará mucho tiempo hasta que los nuevos aires frescos sean contaminados con la marca de la deslealtad.

“Hoy los nuevos rostros victoriosos de la política celebran. Sin embargo, deben recordar que la profesión política no se desempeña en un espectáculo en el que basta entretener o encantar al público para triunfar. Todos aquellos que resultaron electos son simples mandatarios nuestros y su deber más básico es siempre proteger los intereses de la ciudadanía”.

*Crescente Molina es abogado, doctor en Derecho e investigador asociado en Filosofía del Derecho, University College, Oxford.