Agencia Uno

Indulto a presos del estallido: Presidente de Comisión de Constitución pide “establecer a qué personas beneficiaría”

Según Araya, esta iniciativa necesita, en primera instancia, "establecer a qué personas beneficiaría", según informó en un punto de prensa durante esta mañana.

En el marco del proyecto de ley que busca indultar a los “presos de la revuelta”, el Presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya reconoció este miércoles la existencia de un problema para establecer a quiénes beneficiaría esta exención.

Según Araya, esta iniciativa que la Convención Constitucional demanda tramitar “con máxima celeridad” al Senado, necesita, en primera instancia, “establecer a qué personas beneficiaría”, según informó en un punto de prensa durante esta mañana.

“Queda claro que si esto se aprueba tal como está, en la práctica, 45 mil personas sometidas a persecución penal van a poder solicitar la amnistía o indulto y dentro de esas personas hay delincuentes comunes que nada tienen que ver con el estallido social que se verían beneficiados”, explicó.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Constitución declaró que “le hemos pedido al fiscal nacional poder hacer un esfuerzo en tratar de depurar la información y que nos puedan a lo menos entregar un listado de cuántas personas, a juicio de la fiscalía, están siendo perseguidas por delitos relacionados con el estallido social“.

“Este mismo esfuerzo se lo estamos pidiendo también a los familiares de los presos de la revuelta, para como Comisión de Constitución a lo menos poder tener algún margen y saber de cuántas personas estamos hablando y de qué tipo de delito“, agregó, haciendo énfasis en que estos esfuerzos los están haciendo para “no cometer una injusticia hacia cualquiera de los dos lados”.

Al ser consultado sobre una posible comisión que defina quiénes podrán acceder a este indulto, explicando que junto a la presidenta del Senado, Yasna Provoste, “es que como Senado podamos proponer una suerte de comisión que funcione por corto tiempo, en un plazo de no más de 30 o 45 días, que pueda identificar quiénes son las personas privadas de libertad por causas asociadas al estallido social (…) y a partir de eso poder ir generando algún proyecto que permita la paz social“, finalizó.

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