Opinión
9 de Agosto de 2021Columna de Ana María Álvarez y Cristian Leyton: Derechos Sociales y el peso de una historia
Agencia Uno
Pasar de diseñar políticas públicas focalizadas o políticas “para pobres” a pensar en políticas que garanticen derechos al conjunto de la población resulta un desafío no solo de concepción de un nuevo tipo de Estado y de la gestión pública, sino también un cambio cultural.
Ana María Álvarez y Cristian Leyton
Avanzar en la conquista de derechos sociales implica reconocer y materializar una serie de garantías, traducidas en servicios sociales por parte del Estado hacia el conjunto de la sociedad. Ello implica una experiencia de relación con los servicios públicos no experimentada por la mayoría de la sociedad chilena, y en general, en América Latina.
Desde hace más de 40 años, con el giro neoliberal vivido por la sociedad chilena y el mundo, venimos siendo socializados en la idea de que el Estado, particularmente en lo referido a las políticas sociales, tiene como tarea central asistir a la población en situación de pobreza, vulnerabilidad o exclusión social. Tanto es así, que incluso en la presentación de los resultados de la CASEN realizada en el Centro de Estudios Públicos, la Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, se refería a las diferencias en los niveles de pobreza considerando o no la acción del Estado, diferenciando entre estos resultados con la “ayuda” o “sin la ayuda” del Estado, poniendo al Estado en un rol similar al que puede realizar una entidad caritativa.
El giro desde una concepción de Estado Social garante de derechos para la ciudadanía en su conjunto -que aún subsiste en algunas sociedades europeas y latinoamericanas- se relaciona directamente con la pérdida progresiva del trabajo asalariado y protegido en favor de una precarización general del empleo que se hace extensiva a casi todas las categorías socio ocupacionales. Esta situación trae consigo, señala Paugam (2019), una alta vulnerabilidad económica, así como también una restricción de derechos sociales ya que estos se basan, en gran medida, en la estabilidad del empleo.
En este contexto, el status de los pobres, colectivo más fuertemente afectado por esta precarización, queda reducido a la categoría de asistidos del Estado, lo que instala una descalificación social en la medida que se construye como un grupo dependiente de las políticas sociales y del resto de la sociedad. Este modelo ha tenido, ciertamente, un profundo impacto sociocultural en la sociedad chilena cuya envergadura desconocemos, y que se transformará en un obstáculo importante a la aspiración levantada por el estallido social y por el espíritu que anima la Convención Constitucional en materia de universalización de derechos.
A la oposición de elites económicas y políticas que no quieren perder sus privilegios hay que agregar la impronta de una sociedad moldeada por la idea de que la protección estatal es un beneficio reservado a los más pobres, quienes están, además, obligados a probar su situación de pobreza para poder acceder a esos beneficios. Por lo tanto, pasar de diseñar políticas públicas focalizadas o políticas “para pobres” a pensar en políticas que garanticen derechos al conjunto de la población resulta un desafío no solo de concepción de un nuevo tipo de Estado y de la gestión pública, sino también un cambio cultural que impacte nuestra subjetividad rompiendo con las ideas que impiden que nos pensemos ligados por un vínculo de ciudadanía, es decir, de legitimización del acceso universal y garantizado a derechos de todo tipo.
El giro desde una concepción de Estado Social garante de derechos para la ciudadanía en su conjunto -que aún subsiste en algunas sociedades europeas y latinoamericanas- se relaciona directamente con la pérdida progresiva del trabajo asalariado y protegido en favor de una precarización general del empleo que se hace extensiva a casi todas las categorías socio ocupacionales.
Estas barreras no son fáciles de romper, ya que en nuestras sociedades los sistemas de bienestar han sido más bien frágiles y las experiencias de garantía universal de derechos, reducidas y marginales (GES por ejemplo). Al mismo tiempo, el impacto de las lógicas neoliberales y de consumo, generan procesos de reproducción de estos modos de comprensión del mundo en aquellos sectores de la población que no han “dependido” del Estado para alcanzar mejores niveles de bienestar y que han debido, algunos a duras penas, satisfacer sus necesidades a través de sistemas privados. Todo esto implica avanzar no solo en definir un camino para garantizar y realizar derechos sociales universales, sino también implica quebrar lógicas instaladas en nuestra subjetividad y en el peso de nuestra historia social y política.
* Ana María Álvarez R. es Doctora en Urbanismo y Acondicionamiento del Espacio, de la Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Francia, y Doctora en Arquitectura en Estudios Urbanos, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es académica e investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud (CISJU) de la Universidad Católica Silva Henríquez. Cristian Leyton N. es PhD. en Social Policy, de la School for Policy Studies, University of Bristol, Reino Unido. Profesor en la Universidad Católica Silva Henríquez y en la Universidad de Chile.
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