Informe cuestiona rol de la fiscalía en investigación por violaciones a DD.HH durante estallido social

Un informe elaborado por Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, cuestiona fuertemente el rol que ha cumplido fiscalía en la persecución e investigación de los casos de violaciones de derechos humanos en el marco del estallido social.

Sobre los frutos de las investigaciones, el titulado “Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile”, califica como “desalentadores” los resultados de los juicios y condenas en estos casos.

“La justicia no solo ha tardado, sino que en muchos casos no ha llegado para los cientos de personas que sufrieron mutilaciones por parte de agentes del Estado o vieron vulnerados sus derechos fundamentales en el marco de la protesta social”, se puede leer en el documento.

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El Ministerio Público aparece como el principal sindicado como responsable de los infrutuosos resultados en materia de reparación y justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos en el periodo del estallido.

“Lo que se observa es una lentitud e inoperancia del Ministerio Público por falta de liderazgo en este terreno. Esto implica que no se ha logrado dimensionar adecuadamente la obligación que pesa sobre la institución en lo referido al deber de debida diligencia en la investigación de violaciones graves a los derechos humanos”, acusa el informe.

Sobre las repercusiones que puede causar este mal manejo de los casos, el informe advierte que esto puede afectar el desarrollo de las investigaciones: “Es posible que la evidencia ya no exista, que no sea viable identificar a todas las víctimas, que estas vean con suspicacia el trabajo del Ministerio Público y que algunas de ellas no deseen seguir adelante”.

De la misma forma, el documento pone en tela de juicio el uso de la prisión preventiva con los denominados “presos de la revuelta”, debido a que se estaría afectando el derecho de principio de inocencia de los acusados.

“No solo afecta en términos individuales el principio de inocencia de personas privadas de libertad sin que se haya dictado condena, sino que, además, desde una perspectiva general, su amplio uso genera un efecto de criminalización del ejercicio del derecho a la protesta social”, sentencia el informe.

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