Agencia Uno

Columna de Eugenio Tironi: Primer año

El Presidente electo y su equipo mas íntimo tienen una cosa importante a su favor. A diferencia de un Piñera, Bachelet, Lagos o Frei, se sienten cómodos frente al Congreso. Ellos aprendieron de políticas públicas en el hemiciclo, no en las aulas de la Escuela de Gobierno de una universidad extranjera. Por lo mismo se sienten a sus anchas en la búsqueda de acuerdos con los adversarios.

Pensando en cuales han de ser las prioridades del nuevo gobierno en su primer año, se abren dos caminos. El primero sería replicar lo que hizo Aylwin, y en cierto modo Lagos y Bachelet en su segunda administración: aprovechar la adhesión popular obtenida —antes que se disuelva, lo que es inevitable— para sacar adelante de entrada las reformas más duras, como la tributaria, de salud y de pensiones, con la esperanza de navegar los años venideros por aguas más mansas. El segundo camino es el opuesto: ocupar el primer año en amasar el apoyo recibido, transformar la mayoría electoral en una sólida mayoría política y cultural, y de paso esperar los resultados de la Convención Constitucional, la cual re-dibujará los márgenes de lo posible.

Entre los dos caminos parece mejor el segunda; sazonado, por cierto, con la atención a urgencias como el combate a la pandemia, la reactivación económica y otras que de seguro no van a escasear. En tal caso la primera tarea es ir configurando una coalición que provea al gobierno entrante de una vasta mayoría tanto en las instituciones políticas como en la sociedad. En esto no hay que dejarse arrastrar por la ansiedad. Las coaliciones son un plato que se cocina a fuego lento, que cuando se aceleran inevitablemente se malogran. Su cocción, de otra parte, no puede reducirse a los pactos o “anillos” entre partidos: debe madurar a la vez en los movimientos sociales, así como en las esferas culturales e intelectuales. Lo que brote de todo esto quizás nunca alcance mucha formalidad, y esto no es problema. Basta un propósito general común —una suerte de base moral-emocional—, y a partir de ahí puede adoptar fisonomías variables según los temas y las circunstancias. Es como funcionan las estructuras en estos tiempos, cuando reina lo híbrido, lo flexible, lo adaptativo.

En tal caso la primera tarea es ir configurando una coalición que provea al gobierno entrante de una vasta mayoría tanto en las instituciones políticas como en la sociedad. En esto no hay que dejarse arrastrar por la ansiedad. Las coaliciones son un plato que se cocina a fuego lento, que cuando se aceleran inevitablemente se malogran

Esa suerte de coalición móvil es básica para lidiar con un Congreso que será especialmente chúcaro. El Senado está empatado, y en la Cámara el arco que apoyó a Boric en segunda vuelta (Apruebo Dignidad más la ex-Concertación) tampoco tiene mayoría. Se agrega a esto una extrema atomización, con 21 partidos (entre ellos el de Parisi) y muchos parlamentarios que fueron el listas partidarias pero que en realidad son independientes y actuarán como tales. El Presidente electo y su equipo mas íntimo tienen sin embargo una cosa importante a su favor. A diferencia de un Piñera, Bachelet, Lagos o Frei, se sienten cómodos frente al Congreso. Ellos aprendieron de políticas públicas en el hemiciclo, no en las aulas de la Escuela de Gobierno de una universidad extranjera. Por lo mismo se sienten a sus anchas en la búsqueda de acuerdos con los adversarios. Basta ver el récord legislativo del diputado Boric: entre 2018-2021 firmó 77 mociones, 49 en conjunto con diputados de la ex-Concertación y 28 con parlamentarios de la centro-derecha.

En paralelo con lo anterior, el nuevo gobierno deberá prestar atención a la marcha de la Convención. Cierto: hay que cuidar la autonomía de los poderes “constituyente” y “constituidos”, pero no se pueden cerrar los ojos a un hecho evidente: el fracaso de la Convención sería el fracaso del nuevo gobierno, toda vez que ambos responden a un mismo proceso histórico. Tal revés podría tomar varias formas, con diferentes grados de probabilidad. La primera, por ahora escasamente probable, es que la Convención quiera extender los plazos, o que se vea obligada a ello ante la imposibilidad de concordar un texto con el respaldo de los dos tercios requeridos, lo que seguramente encontraría la oposición del Congreso, desataría una crisis institucional y provocaría la polarización de la opinión pública. La segunda, que el texto aprobado sea rechazado en el plebiscito de salida, lo que daría pie a una poderosa fuerza de oposición y multiplicaría la ya elevada incertidumbre. La tercera, que  el texto sea aprobado por una mayoría ínfima, lo cual no le otorgaría la legitimidad que se busca y consagraría un equilibrio de fuerzas de tintes catastróficos. 

Para evitar tales desenlaces se requiere que la Convención cumpla su cometido en los plazos fijados, lo que implica enfocarse en su cometido principal y abandonar otros propósitos para los cuales ya no hay tiempo. Adicionalmente se precisa que el texto aprobado ojalá supere los dos tercios obligatorios, de tal modo que su aprobación en el plebiscito de salida sea a la vez transversal y masivo, como lo fuera en 1989, cuando se consagraron las reformas negociadas entre la Concertación y el régimen saliente.

La Convención ha declarado su voluntad de abrir canales para escuchar la voz de la ciudadanía. Haría bien, entonces, en prestar atención a la más contundente de todas: la voz que se expresó en la votación que eligió al nuevo Presidente de la República. Éste no puede ni debe interferir en el trabajo del órgano constituyente, pero las fuerzas políticas que lo respaldan tienen la responsabilidad de hacer sentir su peso toda vez que la evolución de la Convención marcará el destino de su gestión y del país.

La Convención ha declarado su voluntad de abrir canales para escuchar la voz de la ciudadanía. Haría bien, entonces, en prestar atención a la más contundente de todas: la voz que se expresó en la votación que eligió al nuevo Presidente de la República

Han surgido opiniones indicando que el gobierno debe partir por darle prioridad a la agenda económica. Antes, me parece, debe atacar los problemas que arrastra el país en materia de orden público. No me refiero a la delincuencia y el narco, ni menos a la violencia en la Araucanía, cuyo control tomará tiempo. Me refiero a algo más básico: la alteración y destrucción de los espacios públicos.

En la segunda vuelta el candidato Boric declaró numerosas veces que había escuchado el mensaje de la ciudadanía; y su mensaje más contundente, que sirvió de combustible al fenómeno Kast, fue “queremos el restablecimiento del orden público”. La población puede tolerar que la solución a los déficits en materia de pensiones, salud, vivienda, educación y otras materias por el estilo sea gradual y tome tiempo; lo que difícilmente va a tolerar es que la cuestión del orden público se siga desbordando, y si esto sucede, de seguro se lo cargará sin misericordia al nuevo gobierno.

Abordar la cuestión del orden público va a requerir un trabajo extremadamente fino. De un lado es urgente reponer la legitimidad de Carabineros, tanto la institucional como la ciudadana. La cosa es clara: si el organismo encomendado a emplear la fuerza del Estado para hacer cumplir la ley no goza de la confianza del poder político y de la población, se vuelve un gigante de papel. Hay un amplio consenso que Carabineros requiere de reformas estructurales —de ahí que se ha hablado de “refundación”, lo que desde el punto de vista simbólico quizás no es mala idea—, pero convenir y operacionalizar esas reformas tomará tiempo, y la cuestión del orden público no puede esperar. Habrá, pues, que caminar y mascar chicle a la vez. En este sentido la reunión del Presidente electo con el Director General de Carabineros fue una muy positiva señal.

Sería ingenuo imaginar que la legitimación de la acción de Carabineros no provocará reacciones contra el gobierno entrante con su base más dura, cuya bandera es la “liberación de los presos de la revuelta”. Para abordar el asunto, es útil recordar el dilema bastante similar que enfrentó el presidente Aylwin. Al tiempo que ponía en marcha el proceso de verdad y justicia, él tuvo que encarar el asunto de los presos políticos de la dictadura (alrededor de cuatrocientos), algunos de ellos condenados por hechos de sangre. A partir de una convicción muy personal, Aylwin asumió que la liberación de los presos políticos era un pilar moral y político indispensable para la reconciliación. De ahí que encomendó a su amigo y ministro de Justicia, don Pancho Cumplido, encontrar las vías administrativas y legales para conseguirla. Así, a pesar de la crítica —cuando no el chantaje— de la derecha y de las amenazas de las FFAA, el día que entregó el mando fue liberado el último preso político de la dictadura.

Para abordar el asunto, es útil recordar el dilema bastante similar que enfrentó el presidente Aylwin. Al tiempo que ponía en marcha el proceso de verdad y justicia, él tuvo que encarar el asunto de los presos políticos de la dictadura (alrededor de cuatrocientos), algunos de ellos condenados por hechos de sangre. A partir de una convicción muy personal, Aylwin asumió que la liberación de los presos políticos era un pilar moral y político indispensable para la reconciliación.

El orden público y la paz son conquistas que tienen costos de los que nadie se puede eximir. En esta coyuntura, uno de ellos es elaborar solidariamente una solución a los “presos de la revuelta”. La centro-derecha debiera allanarse a esto. Así demostraría que su tardía adhesión a la figura del Presidente Aylwin no es mera retórica electoral.

Consolidar un amplio arco de apoyo, asegurar el éxito de la Convención, atender la demanda por orden público, y desde luego continuar el combate a la pandemia y la reactivación económica, son las prioridades del primer año del nuevo gobierno. Si las saca adelante podría darse por satisfecho.

*Eugenio Tironi es sociólogo.

The Clinic Newsletter
Comentarios