Política
7 de Marzo de 2022A cuatro años del aborto en tres causales: en uno de cada tres prestadores de la red de salud no hay acceso a los protocolos para interrumpir el embarazo
Un informe realizado por el Consejo para la Transparencia devela importantes déficits relativos a la información sobre la Ley 21.030. A modo de muestra: de 107 prestadores analizados, en ninguno fue posible acceder a información pública sobre la implementación de la ley, según el documento al que The Clinic tuvo acceso exclusivo.
“Estamos saldando una deuda enorme con las mujeres de Chile”, apuntó la ex Presidenta Michelle Bachelet entre aplausos en el evento que se realizó en La Moneda el 14 de Septiembre del 2017, cuando la Mandataria promulgó la Ley de Aborto en tres causales. A saber: si está en peligro la vida de la mujer; si existe inviabilidad del feto para sobrevivir fuera del útero; y cuando el embarazo sea resultado de una violación.
Con esta política pública se comenzaba a materializar una de las demandas más sentidas por el movimiento feminista, mientras que la institucionalidad prometía ponerse a tono con lo que la nueva ley —N°21.030— exigía: la posibilidad de interrumpir el embarazo cerrando la posibilidad que las mujeres terminaran en la cárcel, al menos en las excepcionalidades que contempla la actual legislación.
No obstante, un informe realizado por el Consejo para la Transparencia realizado entre abril y el segundo semestre del 2021 muestra que, a cuatro años y medio de la promulgación de la ley, hay un aspecto clave que no está siendo abarcado en su totalidad por las instituciones sanitarias: la información y publicación de los protocolos para realizar los procedimientos y, en algunos casos, la existencia misma de dichos reglamentos.
“Problemas de acceso a información disponible para las mujeres”
“Según lo reportado por algunas organizaciones que han hecho seguimiento a la implementación de la Ley 21.030, existirían algunas problemáticas que podrían estar afectando y limitando el acceso a la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en cada una de las causales”, comienza planteando el informe, al cual The Clinic tuvo acceso exclusivo.
Entre estas problemáticas, el documento agrupa: “la desinformación por parte del personal médico respecto de la ley, la ausencia de protocolos internos ajustados a la Norma Técnica de la Ley 21.030, el número de objetores de conciencia por organismos, la ausencia de stock de medicamentos para interrupciones farmacológicas, entre otros”.
De esta forma, el Consejo para la Transparencia consideró relevante fiscalizar la existencia de información abierta que permita a las personas conocer los detalles de los procedimientos y la forma en cómo se implementa este derecho en la red pública de salud. Para ello, fiscalizó a hospitales autogestionados, de las FF.AA, Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, Servicios de Salud y organismos de la administración central del Estado.
Así, mediante solicitudes de información realizadas a través de la modalidad de usuario simulado, la Unidad de Fiscalización del consejo envió requerimientos sobre sus protocolos para la interrupción voluntaria del embarazo a 108 organismos —107 centros de salud más Fiscalía—, de los cuales 104 respondieron a la solicitud.
Con esto, el informe concluye que en ninguno de los organismos fiscalizados fue posible acceder a los protocolos que reúnen “prácticas, procedimientos, técnicas y requisitos para cualquiera de las tres causales”, los cuales no estarían disponibles de forma permanente para el público.
Así, de los 85 organismos obligados por ley a entregar la información requerida respecto de sus protocolos, sólo fue posible acceder a la documentación en 59 de ellos. “Es decir, en casi 1 de cada 3 casos no fue posible acceder a la misma, ya sea porque no contaban con este documento o porque no lo remitieron”, constata el documento.
Sobre la implementación de la ley por parte de los centros de salud fiscalizados, las cifras demuestran grandes déficits en la producción de los protocolos: cerca de la mitad de los organismos fiscalizados —y obligados por ley a entregar la información—, “han generado un protocolo de atención específico para su establecimiento”, señala el documento.
Incluso, el CPLT identifica a cinco recintos médicos que derechamente no cuentan con protocolos, “puesto que no cuentan con especialidad de ginecología y obstetricia, entre estos principalmente, los hospitales pediátricos”, dice el escrito. Estos son: Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramírez (Valparaíso),Hospital Clínico de Niños Dr. Roberto del Río (Independencia, RM), Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río (HUAP), Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna, Hospital Dr. Exequiel González Cortés (San Miguel, RM).
Por lo mismo, el informe concluye en base a esta cifra que “existen aún instituciones que no han diseñado un protocolo adaptado a su organismo para la atención de mujeres que deseen interrumpir su embarazo, lo cual puede generar obstáculos al momento de comprender la aplicación del procedimiento vinculado a esta normativa”.
“A partir de este proceso, hemos conseguido levantar una serie de evidencias asociadas a problemas de acceso a información disponible para las mujeres o cualquier persona que desee conocer antecedentes sobre la prestación médica para interrumpir un embarazo acorde a la ley. También identificamos y queremos subrayar problemas de control y de implementación de la política”, señala la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, sobre los hallazgos del informe.
Escaso seguimiento a la implementación de la ley
Otro problema que encontró la fiscalización del Consejo para la Transparencia, es la falta de seguimiento a la implementación de la interrupción del embarazo por parte de los organismos responsables durante el 2019 y 2020, “lo que se observa en los escasos procesos de auditoría”, señala el documento.
A objeto de sustentar esto, el CPLT pone cifras sobre la mesa. “Entre el período objeto de análisis, se constituyeron 1.458 casos de interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud pública, de los cuales sólo 11 han sido auditados y corresponden a fichas de procedimientos revisados por un sólo Servicio de Salud -Los Lagos- de los 29 existentes”.
Con esto, el informe conecta los resultados relativos al déficit de información de los protocolos con el escaso control con que cuentan los establecimientos. “Se devela un bajo nivel de procesos de fiscalización por parte de los organismos competentes, a lo que se agrega la dificultad de efectuar control social, por cuanto existe ausencia de información básica en los canales de libre acceso, como transparencia activa o a través de motores de búsqueda como Google sobre la implementación de esta política pública”, acusa el documento.
De la misma forma, el Consejo para la Transparencia detectó que sólo se realizaron tres reclamos ante la Superintendencia de Salud sobre la aplicación de la ley. Con esta cifra, la presidenta del organismo plantea una inquietante interrogante: “La pregunta que emerge es: ¿los reclamos son pocos porque no existe información sobre los procedimientos para hacer efectivo este derecho? Creemos que es una de las razones que lo podría explicar”, sugiere De La Fuente.
The Clinic tomó contacto con el Ministerio de Salud, quienes declinaron referirse a este artículo y al tenor de las revelaciones contenidas en el informe del Consejo para la Transparencia.
Reporte FF IVE-5 by The Clinic on Scribd
