Luis Jiménez, convencional aymara: “El Presidente Boric debe entregar las facilidades institucionales y dejar la conversación política a nosotros”

Luego de la votación en el pleno de la Convención,  ayer 02 de Marzo, el constituyente aymara Luis Jiménez se considera satisfecho. Esto, ya que en el hemiciclo se aprobó el artículo que establece el reconocimiento de los Sistemas de Justicia de los Pueblos Indígenas, los cuales coexistirán “coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia”, según reza la norma.

No obstante, aún quedan algunos nudos que precisar en torno a esta idea. Escenarios hipotéticos: ¿qué materias conocerá la jurisdicción indígena? ¿Una persona no indígena podría verse involucrada en un proceso bajo ese sistema? ¿Habrá un tribunal que resuelva las apelaciones?, son algunas interrogantes que han preocupado a los detractores de la medida.

En ese contexto, mientras la plurinacionalidad avanza a paso firme en la propuesta de Carta Fundamental, Jiménez no desespera ante las ansiedades que despiertan los temas aún no resueltos del pluralismo jurídico, al tiempo que llama a no caer en llamados pesimistas para que el futuro gobierno de Gabriel Boric medie en el debate constituyente.

“Hay una falta de costumbre de ver debates tan densos y complejos en público. Y eso algunos lo quieren vender como desorden”, reflexiona en esta entrevista.

Así, luego de la jornada matutina de votaciones en la comisión de Sistemas de Justicia, en las que se están evaluando los mecanismos para materializar el futuro sistema jurídico, Jiménez contesta el teléfono a The Clinic.

“Estamos muy satisfechos porque se logró amplios consensos para aprobar el pluralismo jurídico y el principio de interculturalidad en los tribunales de justicia”, reflexiona el abogado sobre la votación del 02 de Marzo.

-¿Cómo entiende las aprensiones de convencionales que aseguraron que el artículo aprobado sobre pluralismo jurídico, falla en no delimitar los ámbitos de competencia de la justicia indígena y la forma en cómo se resolverán los conflictos?

-Es una crítica que tiene que ver con el diseño del debate que tenemos en las comisiones. Desde siempre se dijo que esto se dividió en dos partes. La primera es de principios y la segunda es de la orgánica, donde vemos consejos de la justicia y los tribunales, y ese era el lugar natural para conocer y resolver el tema de cómo esto va a ser en la práctica. Y eso, me imagino, es por un desconocimiento de cómo trabajamos, porque si los que critican hubiesen ido a la comisión a ver nuestro cronograma, hubiesen sabido que eso lo estamos discutiendo ahora. 

Sin perjuicio de lo anterior, nosotros recogemos desde ya todas las observaciones para preparar una solución y una propuesta sólida que logre nuevamente los dos tercios, que no es sencillo.

-Una de esas críticas vino de parte del convencional Ruggero Cozzi, que es parte de la comisión de Sistemas de Justicia…

-Sí. Respecto a Cozzi, hay cuatro preguntas que hay que responder que nos han dicho todos: qué materias va a conocer el sistema de justicia indígena; quién resuelve las apelaciones; quién resuelve conflictos de competencias; y qué determina el derecho a opción.

-¿Y cómo se deberían resolver en su opinión?

-Estamos debatiendo en la comisión de Justicia. Con Natividad Llanquileo propusimos que quien deba conocer las apelaciones y los conflictos de competencias, tiene que ser un órgano de integración plurinacional, porque si sólo fuera el sistema nacional de justicia no tendría sentido la jurisdicción indígena. 

En ese sentido, propusimos el modelo de un tribunal especial indígena compuesto por dos jueces del sistema nacional de justicia, dos expertos indígenas en la materia del propio pueblo que es juzgado, y un profesional de las ciencias sociales para que haga el trabajo del diálogo intercultural.

Aunque yo estoy abierto a considerar otras propuestas de otros colectivos, como que los vea una sala especializada de la Corte Suprema. Pero cual sea el modelo, debe tener integración plurinacional con mitad de jueces del Sistema Nacional de Justicia y mitad indígena.

-¿Y respecto a las materias que debería conocer esta jurisdicción?

-Te puedo decir que como pueblo Aymara, a nosotros, cuantitativamente, nos interesa que se resuelvan los asuntos civiles. Estos, a mi juicio, debieran ir desde competencias obligatorias en primera instancia en la justicia indígena. Los problemas de deslindes y de tierras no tienen solución actualmente, porque como la justicia no respeta la cosmovisión, los conflictos no llegan a término a pesar de que haya sentencia. 

Entiendo que otros pueblos también demandan que se conozcan algunos temas penales y yo estoy abierto a eso. Los colectivos nos han dicho que pueden ser materias penales en el sentido de delitos al patrimonio y de acción penal privada, que puede ser una base, pero la estamos deliberando aún.

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-¿Y es de la posición de que ambas partes deberán ser indígenas o puede haber alguien no perteneciente a los pueblos originarios en un proceso de este tipo?

-Creo que depende de la materia, eso también tiene que ver con el derecho a opción. Uno puede imaginar diversas hipótesis. Por ejemplo, en un territorio indígena hay un no indígena que por azares del destino tiene derechos territoriales. Entonces, un conflicto de deslinde quizás sí lo tenga que resolver la justicia indígena, sin perjuicio que esa persona tenga derecho a impugnar las competencias. Ahora, hay otro tema previo, que es qué tanto queremos regular en la Constitución. Porque aquí regulamos principios, no leyes, y nosotros señalamos expresamente que debe haber una ley de coordinación.

Pero, principalmente, lo que nos interesa al pueblo Aymara son las materias civiles. En los temas penales nos interesa que haya perspectiva intercultural, que puedan ser conocidos por la justicia chilena, pero siempre tomando en cuenta la cosmovisión indígena; que la integración del órgano que va a dirimir sea plurinacional y que en algunas materias podría haber derecho a opción.

-¿Y en materias territoriales?

-Para el pueblo Aymara los temas territoriales debería conocerlos la justicia indígena. Piénsese que los abuelos marcaban como límites un cerro, un lago o una pirca, que no son coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator, sistema de medición en base a proyecciones cartográficas medida en metros)

Entonces, cuando tú le llevas este caso a un juez chileno, siempre va a fallar contra los acuerdos que teníamos antes con los abuelos porque no tiene esa cosmovisión. Esos temas debiera conocerlos en primera instancia la justicia indígena, o los conflictos de bienes más grandes, como el derecho al agua.

-¿Y cómo podría ser viable eso, dada la dificultad para delimitar los territorios? Podría ser especialmente complejo en la Araucanía, por ejemplo…

-Es que una cosa es la resolución de conflictos intracomunitarios y otra es la restitución de tierras. Para la restitución de tierras estamos pensando en un tribunal especial aparte, con una comisión que defina en casos concretos cuál es la expropiación. Pero eso se va a ver en la siguiente tanda. 

También ayer incluimos en el artículo 15, inciso segundo, que cualquiera sea el tribunal en el país, tiene que tener un enfoque intercultural. Así que la jurisdicción indígena tampoco va a ser vinculante en el sentido que cada pueblo va a decidir, cuando haga su estatuto de autonomía, si además va a tener estatuto jurisdiccional. Y si no va a querer, va a seguir acudiendo a la justicia chilena.

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-¿Cómo ve los índices de aprobación pública a la baja que está teniendo la Convención?

-Creemos que hacen falta muchos temas de comunicación. Ha habido muchos debates nuevos y hay un temor a los cambios. Pero creo que en la medida que salgamos a explicar mejor y tengamos normas concretas, la gente va a ir entendiendo. Y, al final, confío plenamente que así como ganamos la nueva institucionalidad que tenemos en la Convención, también vamos a lograr el Apruebo. Nos falta salir más a la calle también, y eso tiene que ver con que no tenemos semana territorial.

-¿No ve con preocupación las encuestas, entonces?

-Más que preocupación, lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de esta realidad y redoblar los esfuerzos para comunicar mejor. Porque, lamentablemente, el lado del Rechazo tiene las puertas abiertas en los medios. Hay que preocuparse de hacer pedagogía, de tratar de compatibilizar el trabajo territorial con los tiempos que tenemos y mejorar el debate. 

Por eso celebro la propuesta de cambio de reglamento que se hizo este lunes para perfeccionar el debate y que las propuestas salgan buenas, que no salgan por salir. Creo que todo eso va a ir recuperando la confianza de la ciudadanía.

-¿Cómo cree que será la relación del próximo gobierno con la Convención?

-Sin perjuicio de que hay que garantizar las autonomías de la Convención y de los poderes constituidos, tiene que prestar las facilidades para nuestro trabajo, cosa que no hizo el Presidente Piñera: lo establece la Constitución. Esperamos que esa relación sea mucho más fructífera porque es un deber estatal, una misión país, que una Constitución salga bien, con amplio respaldo político, pero bien técnicamente.

-¿Difiere de la idea que el gobierno de Boric debe mediar en la Convención, como lo han pedido algunos convencionales y parlamentarios?

-No, no debe mediar. Lo que tiene que hacer él es entregar las facilidades institucionales para que nuestro trabajo funcione. Mediar no, porque es como si se lo pidiéramos al Congreso o a los tribunales, que son poderes constituidos. 

La Constitución ya definió los ámbitos de competencia y muchos de los problemas que tenemos son por la falta de recursos y la falta de tiempo; tuvimos al inicio problemas de infraestructura, a los asesores no se les pagaba. Entonces, estamos despejando esas cosas para preocuparnos de hacer una buena Constitución en términos políticos y técnicos.

-¿Y cómo evalúa el llamado de algunos convencionales para que el próximo gobierno entre en el debate?

-El Presidente debe entregar las facilidades institucionales y dejar la conversación política a nosotros. Lo que hay detrás es una falta de costumbre de ver debates tan densos y complejos en público. Y eso, algunos lo quieren vender como desorden, cuando en realidad es un debate sincero y abierto a la ciudadanía. A eso no hay que tenerle miedo e ir acostumbrándose.

-En las últimas semanas, convencionales de derecha acusan que se les excluye del debate. ¿Cómo ha visto esa situación a la luz de las últimas votaciones?

-Todas las posiciones son escuchadas. En la Comisión de Justicia escuchamos los argumentos de todos y respondemos por qué no estamos de acuerdo. Considerar no es hacerles caso porque sí, sino tomar en serio sus argumentos y responderles en el mismo sentido. Y los argumentos que nos parecen atendibles los recogemos. 

Muchas de las propuestas que ayer salieron, también recogieron ideas de Chile Vamos y eso es algo objetivo. Incluso, tenemos algunos incisos o artículos que vienen propuestos por ellos, como el sometimiento de los tribunales al imperio de la ley. Diálogo ha habido, lo que pasa es que no puede confundirse diálogo con que me tienes que hacer caso porque me toca.

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