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15 de Marzo de 2022La mitad de los procesos por ley Aula Segura se aplicaron a estudiantes de enseñanza básica
Foto: Agencia UNO
Al analizar la totalidad de causas de Aula Segura de 2019 y 2020, un informe elaborado por la Defensoría de la Niñez concluyó que la normativa no es un instrumento efectivo para resolver problemas de convivencia y seguridad dentro de las escuelas.
La mitad de las causas donde se aplicó la Ley Aula Segura entre 2019 y 2020 fue contra estudiantes de enseñanza básica.
Así lo reveló el segundo Informe de Política Pública elaborado por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez.
Esta normativa, impulsada por el gobierno de Piñera y promulgada en 2018, incorporó un mecanismo expedito de expulsión. Esto para casos de violencia grave que afecten a los miembros de la comunidad educativa.
Basados en los datos proporcionados por el Ministerio de Educación, el informe detalla que entre 2019 y 2020 se abrieron 1.135 procesos por Aula Segura.
En ellos estuvieron involucrados 885 estudiantes. Sin embargo, la mayoría se concentró en solo 576 establecimientos educacionales, es decir, un 5% de los colegios del país.
Además, el grueso de estos procesos se abrieron en la Región Metropolitana (35%), los que se concentraron específicamente en los liceos “emblemáticos”. Le siguen Valparaíso (12%) y el Maule (8%).
El 50% de los casos de Aula Segura son contra alumnos de enseñanza básica
Respecto a la edad de los involucrados, el análisis determinó que el 50% de las causas se abrieron contra estudiantes de enseñanza básica.
De hecho, en séptimo y octavo se concentró un 21% del total de casos. Incluso, hay casos aplicados contra alumnos de primero básico.
En relación a los motivos, la causal con mayor cantidad de procesos es el hecho “Transgresión reiterada a las normas del establecimiento” (43%). Le siguen “Agresiones físicas a otros estudiantes” (19%) y “Agresiones físicas a docentes y/o asistentes de la educación” (13%).
La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, manifestó su preocupación por estas cifras. “Este Informe viene a confirmar algunos de los riesgos que advertimos durante la tramitación de la ley”, dijo:
A su juicio, esta normativa “definitivamente no está enfocada en el deber del Estado de asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la educación“.
Además, calificó el instrumento de “ineficaz” para resolver “problemas de convivencia y seguridad dentro del aula”.
