Apruebo con reforma: un manifiesto

En una entrevista reciente en otro medio, he esbozado en términos generales, algunas de las razones que me llevan a sentirme interpretado por el “Apruebo con reforma” de cara al plebiscito constitucional de salida del 4S.

Es un voto apruebo, pero sobre la base de una reflexión que, por un lado, busca darle contenido a una cierta posición en gestación en el debate público (el apruebo con reforma) y, por el otro, se conecta directamente con los fundamentos de una columna anterior que publiqué en The Clinic hace algunas semanas, en torno a la idea de que una (nueva) constitución (toda constitución) es un punto de partida. 

Más allá de las preferencias subjetivas de cada uno respecto del ideal regulativo que inspira el texto constitucional propuesto (especialmente entre maximalistas y minimalistas), de los problemas de una constitución de detalle, de los desafíos y complejidades técnicas de algunas de las opciones de diseño y de transición propuestas, la evaluación del mismo debe centrarse en si la propuesta logra hacerse cargo del diagnóstico y los problemas fundamentales que venimos discutiendo como comunidad política hace 10 años sobre cambio constitucional.

Y, por supuesto, si la forma en que lo hace, la articulación entre tal diagnóstico, los objetivos de reforma y la arquitectura propuesta, especialmente al tratarse de un pacto político, que es también un símbolo, genera lealtad o patriotismo constitucional en una sociedad plural.  

Entre lo que hemos sometido a la deliberación de la Convención destacan el generar las condiciones para viabilizar una interpretación más exigente de la igualdad y dignidad de cada miembro de nuestra comunidad, que permita el despliegue de los más diversos proyectos de vida autónomos y asociativos, en condiciones de igual consideración y respeto por cada uno de ellos; un modelo de desarrollo económico que sea sustentable ambientalmente; un nuevo pacto de distribución territorial del poder entre la capital y las regiones no metropolitanas; una nueva forma de relacionarnos con los pueblos originarios; y un sistema político más eficaz y cooperativo, legitimado, basado en una democracia de instituciones que permita la rehabilitación de una práctica política vigorosa y esencialmente programática.

La nueva Constitución, como toda constitución, debe ser entendida como un punto de partida, un proyecto en desarrollo, y no como un punto de llegada o una etapa final.

La Convención Constitucional, tras casi un año de trabajo, nos presenta un texto constitucional estructurado sobre la base de cinco pilares fundamentales que operan como estructura básica:

• un Estado Social y Democrático de Derechos con un catálogo extenso de derechos sociales que buscan hacer realidad el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales;
• una Constitución económica que contiene las libertades económicas clásicas, aumenta el rol del Estado en el área e incorpora un extenso capítulo de protección a la Naturaleza y medioambiente;
• un Estado Regional basado en un modelo de autonomías regionales y locales, con una redistribución intensa de competencias entre el nivel central y sub-nacional;
• un Estado Plurinacional, con pluralismo jurídico, justicia especial indígena, escaños reservados en instituciones de representación, autonomías territoriales indígenas, y una serie de derechos colectivos y
• un modelo de democracia representativa basado en un presidencialismo atenuado y un bicameralismo asimétrico, con una serie de instrumentos de democracia directa, paritaria, y de mayoría, pero con contrapesos institucionales en resguardo de la minoría.

Por diversas razones, especialmente de dinámica política al interior de la Convención, y conductas de exclusión y auto-exclusión, sectores moderados de centroderecha y centroizquierda, que buscaron contribuir de manera genuina, han planteado reparos al texto.

Si se examinan con detención y reflexivamente estos reparos, me parece que no cuestionan lo sustantivo de los cinco pilares ya mencionados, sino que aspectos específicos -y por cierto, relevantes- que les impiden sentirse interpretados por la propuesta constitucional y, por lo tanto, considerarla como propia.

En consecuencia, un desafío perentorio del proceso consistirá en pasar de los pilares, su estructura básica, a pactos políticos fundamentales ampliamente compartidos, que le den estabilidad en el tiempo y hagan cierto que la Constitución sea un símbolo de unidad y no de división, que genere lealtad o patriotismo constitucional de manera transversal.

Y más importante aún: requiere que cada pacto sea considerado desde la perspectiva del equilibrio interno de los valores y reglas que el texto contiene y busca promover. 

Ahora bien, ¿cómo avanzar desde estos cinco pilares a pactos políticos fundamentales equilibrados virtuosamente en sus componentes internos? Desde el punto de vista de la justificación intelectual, la respuesta se encuentra en la idea -expuesta en la columna anterior- de que la nueva Constitución, como toda constitución, debe ser entendida como un punto de partida, un proyecto en desarrollo, y no como un punto de llegada o una etapa final.

Es decir, como una Constitución abierta permanentemente a la renegociación democrática, la que se materializa en buena parte en reformas constitucionales que explicitan tantos los pactos y re-equilibrios, como las prácticas interpretativas y políticas futuras.

Sobre la base del examen de los planteamientos y reparos que han formulado diversos grupos de convencionales moderados al interior de la Convención, es posible, desde ya perfilar algunos ejemplos, potenciales reformas y re-equilibrios. Veamos. 

En primer lugar, hay un amplio acuerdo en torno al Estado Social de Derecho, basado en una serie de derechos sociales que orientan las políticas públicas y cuyas infracciones, en las condiciones establecidas en la ley, pueden ser reclamadas judicialmente. Pero la propuesta constitucional es demasiado ambigua, en algunos casos refractaria, con la necesaria participación de la sociedad civil y el sector privado en la provisión de derechos sociales.

Unas pocas reglas más específicas permitirían pasar desde un pilar a un pacto. En esta materia, no olvidemos que uno de los grandes legados de la Presidenta Bachelet fue dejar una institucionalidad compartida, a pesar del intenso debate inicial, en materia de educación, incluyendo educación superior. Aprovechemos el pacto vigente que es un verdadero pacto constitucional, donde el derecho a la educación y la libertad de enseñanza logran un justo equilibrio, algo que el texto propuesto no logra.

En segundo lugar, existe un acuerdo menos extenso, pero potencialmente alcanzable en los sectores moderados de la sociedad, en torno al Estado Plurinacional y sus elementos complementarios como el pluralismo jurídico, la justicia especial indígena o los derechos colectivos.

En este punto, es bueno recordar que la nueva Constitución incorpora buena parte de las propuestas del Informe de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato o Comisión Aylwin de 2003. A lo que se suma una serie de restricciones en materia de creación y competencias de autonomías territoriales indígenas, además de la preservación de la unidad e integridad territorial, la prohibición de la secesión o el respeto al rol unificador de la Corte Suprema, entre otros.

Pero aún hay espacio. El Informe de la Comisión de Venecia fue muy didáctico al señalar cómo aumentar restricciones y precisiones en diferentes ámbitos. Por ello, ante las graves e injustas críticas de que estamos ante una Constitución indigenista y separatista, mayores precisiones en el texto contribuirían enormemente en la línea de generar un pacto también en esta materia. Ejemplos concretos podrían ser excluir la jurisdicción penal, precisar los sujetos a los que se aplica o detallar el derecho de opción. También hay margen en lo que se refiere al diseño y cantidad de los escaños reservados.

En tercer lugar existe un amplio acuerdo en avanzar hacia una Constitución económica, que habilita la participación del Estado en estas materias y, especialmente, fortalece los derechos de la naturaleza y el medioambiente. ¿Es posible hacerlo con un mejor equilibrio interno de este pilar del texto constitucional? Estimo que sí. Para ello se debe potenciar la garantía de libertad económica (tan débil como en la actual, pero en un contexto diferente), despejar ambigüedades en el estatuto de propiedad (principalmente, en materia de indemnización por expropiación, donde la idea de “modalidades de pago” puede ser fuente de arbitrariedades), precisar algunos aspectos de la actuación del Estado Empresario (especialmente sus reglas y el principio de neutralidad competitiva); y puntualizar algunos aspectos de los estatutos de minería (desconstitucionalizado) y aguas (en un esquema de autorizaciones nuevas con características perfectibles), o el de los bienes comunes naturales (que puede generar confusión con las categorías tradicionales en esta materia, largamente desarrolladas a nivel legislativo y jurisprudencial). 

Un último ejemplo. El nuevo Estado Plurinacional y Regional -en su diversidad, riquezas y oportunidades- debe ir de la mano del proyecto unitario. Por supuesto, es importante contar con una regla que disponga que en ningún caso el ejercicio de la autonomía de las entidades territoriales podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile ni permitirá la secesión territorial, pero es importante explicitar y potenciar la idea del proyecto de país, común, compartido, que tenemos hacia el futuro como comunidad política y que debe irradiar la totalidad del texto constitucional.

En este punto, además de las reglas constitucionales (la aludida u otras como las cláusulas que limitan u obligan a coordinar competencias de la región autónoma con políticas, planes y programas nacionales o similares), la práctica interpretativa y política jugarán un rol central.

La experiencia española demuestra la importancia decisiva de, al menos, dos fuerzas centrípetas: el rol del Presidente y los partidos políticos nacionales (y su influencia y raigambre en las regiones); y el del Tribunal Constitucional, precisando las competencias de cada entidad territorial y bloqueando la fragmentación indebida y el secesionismo, lo que se ha plasmado en sentencias que han precisado que “autonomía no es soberanía”.

Sigue siendo fundamental, en los meses que vienen, y especialmente de cara a un plebiscito que se prevé estrecho, continuar realizando todos los esfuerzos necesarios para lograr que la Constitución sea un símbolo de unidad de una inmensa mayoría ciudadana y con las puertas y ventanas muy abiertas a los que hoy la rechazan para que, mañana, puedan hacerla propia.

Por supuesto, la propuesta constitucional enfrenta desafíos que tienen un fuerte componente técnico, y en ello será fundamental la estrategia de implementación gradual propuesto en el articulado transitorio final, que hoy aparece con un cronograma demasiado sobre exigido en la propuesta de la comisión respectiva, por la desconfianza en el Congreso actual.

Con todo, sigue siendo fundamental, en los meses que vienen, y especialmente de cara a un plebiscito que se prevé estrecho, continuar realizando todos los esfuerzos necesarios para lograr que la Constitución sea un símbolo de unidad de una inmensa mayoría ciudadana y con las puertas y ventanas muy abiertas a los que hoy la rechazan para que, mañana, puedan hacerla propia.

Y es que el mayor fracaso de la nueva Constitución será el que desde el comienzo se transforme –como la actual- en un elemento permanente del debate de la política ordinaria o que cada campaña electoral sea un momento para cuestionar su legitimidad y exigir su desplome.