Corte Suprema afirmó que no fue “apresurada” la libertad vigilada a sospechoso por crimen de carabinero: “No existe una posibilidad de que el proceso sea perfecto”

Luego de que se revelará que el principal sospechoso del asesinato del cabo segundo David Florido Cisterna había sido dejado en libertad vigilada solo seis meses antes del trágico incidente, la Corte Suprema salió a explicar el beneficio que recibió este sujeto.

Cabe recordar que el joven de 23 años identificado como el presunto autor del disparó que le quitó la vida al carabinero, había sido condenado a una pena de ocho años de cárcel por un robo con violencia e intimidación, saliendo de la cárcel tras haber cumplido cinco años de dicha sentencia.

Sobre esta situación la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, entregó la versión del organismo sobre este beneficio de libertad vigilada que recibió el sospechoso del crimen, pese a que había un informa que advertía el riesgo de reincidencia.

En esta línea, según recogió MegaNoticias, la abogada argumentó que dicho documento “daba cuenta de algunos elementos que favorecían y otros que no, a la persona que estaba solicitando el beneficio”.

Tras esto, explicó que luego de que no se le otorgara el benefició en primera instancia a esta persona, “recurrió de amparo y una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió por mayoría y en definitiva el amparo resolvía que la persona podía recibir el beneficio”.

Vivanco afirmó así que “esto no ha sido una decisión apresurada, tampoco una decisión de una comisión administrativa, sino que ha sido una sentencia judicial, que es una sentencia pública que se puede consultar y que tuvo que ver con un procedimiento de amparo”.

La vocera de la Corte Suprema defendió la decisión de otorgar esta libertad vigilada apuntando a que pueden “suceder situaciones en que una persona pueda obtener beneficios y desgraciadamente vuelva a delinquir, pero no existe una posibilidad de que el proceso sea perfecto, previendo cada situación en el caso de que pueda volver a delinquir”.

Por otro lado, la abogada sostuvo que “lo otro sería transformar el sistema en un sistema que no tenga beneficios, lo cual perjudicaría a personas que efectivamente se tiene que rehabilitar y lo hacen”.