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Nacional

18 de Agosto de 2022

¿Qué pasa si quiebran las isapres? Ex superintendentes de Salud lo explican con manzanitas

Agencia UNO

Manuel Inostroza y Patricio Fernández lideraron la institución que regula las prestaciones de salud en el país. Advierten sobre la situación crítica en que se encuentran las isapres.

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La presunta quiebra de las isapres es un tema que se ha tomado la agenda de las autoridades de salud. Declaraciones cruzadas en la última semana han marcado un conflicto entre el gremio y el Ejecutivo, que durante esta jornada sostendrán una nueva sesión de la mesa de trabajo de coordinación para enfrentar esta crisis que viven las prestadoras de salud.

La instancia fue citada por la Ministra de Salud, María Begoña Yarza, quién invitó ayer miércoles 17 de agosto a que «las personas que están en isapres tengan la tranquilidad de que vamos a cuidarlas. Nadie va a abandonar a nadie en este camino hacia la reforma de salud».

Sin embargo, es una certeza que estas instituciones se encuentran en una «compleja situación». Así lo admitió también el superintendente de Salud, Víctor Torres. «No podemos decir que esto se va a arrastrar en el tiempo, o que hay una quiebra inminente. Hay que ser bien claros; hay un déficit, si, ¿eso significa que hay una quiebra? El señor de las Isapres lo ha dicho, no yo», sostuvo.

Torres hacía referencia a los dichos del presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, quien sostuvo el martes 16 de agosto que «los problemas que tienen el sistema hacen inminente una quiebra en las próximas semanas». Un escenario de eventuales quiebras que Camilo Cid, director de Fonasa, calificó ese mismo día en entrevista con La Tercera «como ciencia ficción».

The Clinic conversó con Manuel Inostroza y Patricio Fernández, ex superintendentes de Salud y conocedores de la legislación, para saber qué opinan sobre esta situación. Además de proyectar cómo sería el proceso para los afiliados en caso de que sus isapres lleguen a la insolvencia económica.

¿Cuál es el riesgo de quiebras?

Cabe señalar que esta problemática deviene de los años 2020 y 2021, cuando las isapres debieron congelar precios de sus planes debido a la pandemia. Para este año, la Superintendencia de Salud permitió un reajuste límite de un 7,6%.

Una cifra que según Manuel Inostroza «no es un dato del mercado. Probablemente habría sido mucho más alto (…) porque no es reajustar al costo que ha tenido el sistema».

En ese sentido, explica que «este tipo de instituciones funcionan como empresas de flujo, que viven de los ingresos que recaudan. Por lo tanto, si no hay ingresos suficientes que financien sus gastos de prestaciones, licencias médicas, y otras, no hay viabilidad. Las posibilidades de quiebra son muy altas».

«No es ciencia ficción en ningún caso», apunta Patricio Fernández. Un fenómeno que, según él, se verá acrecentado con el término de convenios de clínicas con las isapres, por las deudas que estas mantienen con los prestadores.

«Hoy día hay serios problemas de caja (…) y lo más probable es que se van a ver también perjudicados los servicios de las isapres, en el sentido de asumir los compromisos de reembolso y de pago oportuno de las licencias médicas, además de una mayor cantidad de rechazos a estas».

¿Qué pasa si quiebra una isapre?

Dicen los ex superintendentes que su ex institución, que actualmente lidera Victor Torres, tiene facultades para intervenir. En primera instancia, la isapre puede presentar un plan de ajuste y contingencia para salir de su débil situación en 120 días.

Si eso no ocurre, la autoridad debe designar un administrador provisional para que intente, por ejemplo, vender la cartera de clientes de la isapre a otra institución u otras acciones que permitan normalizar el estado de la isapre en un plazo de 4 meses.

Sostiene Fernández que después está la «instancia de cancelación de registro de la isapre. Caso en el cual este administrador provisional se hace cargo de la licitación de la cartera, con preautorización de la Superintendencia, la cual tiene un plazo de 120 días para hacerlo». En caso de que nadie quiera adquirir la institución señala que lo más probable sería que esos afiliados serían traspasados a Fonasa, o que cada persona logre contratar a otra isapre, en caso de que no tuviera preexistencia.

Posteriormente se liquidaría la garantía que «isapres mantienen por aprox. 650 mil millones. Es decir, se comienzan a efectuar pagos con cargo a esa garantía, en orden: licencias médicas, reembolsos y excesos de cotización y excedentes, y por último a los prestadores. Hoy día sabemos que esa garantía es absolutamente insuficiente para cubrir todas las obligaciones de la isapres, por ende no se alcanza a pagar todo».

Advierte Fernández en este punto que eventualmente se provocarían muchas judicializaciones entre los involucrados, y que incluso podrían verse afectados los afiliados. «La situación no solamente es que las personas quedan en esta desprotección, sino que ademas eventualmente pueden verse afectadas incluso en su patrimonio», explica.

¿Podría Fonasa recibir a los afiliados de isapres quebradas?

Legalmente podría recibirlos, pero según dice Inostroza, se vería afectada la calidad de atención a los usuarios. «Fonasa no está en condiciones de garantizar los tratamientos catastróficos, los de alto costo que se han ganado en tribunales de justicia, los tratamientos de inmunosupresión de alto costo, etc.», sostiene.

Además que, según su punto de vista, esta migración desde al sector privado se daría en un «ambiente de crisis, pero no por una reforma programada y ordenada (…) El sector público no está en condiciones de garantizar beneficios que traía en mi antiguo plan de salud de isapre».

También señaló que las listas de espera, un permanente dolor de cabeza para las autoridades, seguirían extendiéndose. Esto argumentó en base al último reporte que presentó al Congreso el subsecretario de Redes Asistanciales, Fernando Araos.

«A pesar de todos los esfuerzos del gobierno por aumentar la productividad de los centros de recibimiento e integridad para disminuir la listas de espera, las listas de espera volvieron a subir a 110 mil casos en estos primeros 6 meses del año», indicó Inostroza.

Concluyó con una fuerte advertencia. «El sistema público por si solo no está siendo capaz de atender a los 15.200.000 personas que están en Fonasa. Menos, en mi opinión, va a poder reoslver eso si tu le agregas 3.300.000 personas más», dijo.

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