El diablo está en los detalles

La propuesta de nueva Constitución aparentemente recoge las demandas que se manifestaron en el estallido social -mejores trabajos, sueldos, más derechos sociales, disminuir el costo de vida…- pero al leer con más cuidado lo que finalmente quedó por escrito, aparecen ciertos elementos que contradicen los propósitos textualmente enunciados.  Como dice el sabio refrán, “el diablo está en los detalles”, y esta propuesta contiene varios “detalles” que nos terminarán alejando de las demandas que impulsaron este proceso constitucional. Nombraré algunos.

Primero, deteriora la sostenibilidad fiscal del país. ¿Qué es la sostenibilidad fiscal y por qué es importante? Consiste en tener un gasto estatal responsable y de acuerdo con nuestros ingresos. Esto trae múltiples ventajas. 1) Nos permite acceder a préstamos internacionales de forma más barata y tener una mayor “mochila” para gastar en tiempos de crisis. Un ejemplo concreto: nuestra fuerte sostenibilidad fiscal nos permitió financiar el IFE Universal. 2) Permite tener controlada la inflación. Un gasto público descontrolado y que excede los ingresos propios del país se traduce en alzas de precios, donde los más afectados son las personas de menores ingresos. 3) Menos carga presupuestaria se traslada a las futuras generaciones. Un país sin responsabilidad fiscal acumula deudas, deudas que se tendrán que pagar en el mediano y largo plazo, hipotecando el futuro de los jóvenes.

La propuesta tiene dos “detalles” que ponen en riesgo nuestra sostenibilidad fiscal: permite a las entidades territoriales emitir deuda y termina con la exclusividad presidencial sobre proyectos que impliquen gasto público. Permitir a los gobiernos locales (regiones o municipios) endeudarse para financiar sus gastos, abre la puerta a que éstas gasten sobre sus capacidades, al tener la expectativa de que el gobierno central los rescatará, rescate que se financia con los impuestos de todo el país. Y al permitir que diputados presenten iniciativas legales que irroguen gasto público, se abre todavía más la puerta a presiones populistas que impulsan la irresponsabilidad fiscal.

La propuesta tiene dos “detalles” que ponen en riesgo nuestra sostenibilidad fiscal: permite a las entidades territoriales emitir deuda y termina con la exclusividad presidencial sobre proyectos que impliquen gasto público”.

Segundo, pone en riesgo la libre competencia de mercado. La propuesta permite la creación de empresas públicas regionales para mejorar la entrega de servicios públicos. Pero con otro grave “detalle”: no garantiza la neutralidad competitiva; es decir, no garantiza que empresas públicas y privadas compitan en igualdad de condiciones. Si el Estado subsidia a las empresas públicas o les entrega ventajas en desmedro de las privadas, varias empresas privadas terminarán abandonando el mercado, sobre todo las pymes con menos espalda para competir, y el poder de mercado se concentrará en el Estado. Esto se podría traducir en mayores precios y menos cobertura de bienes y servicios, perjudicando finalmente a los ciudadanos y consumidores.

Tercero, debilita la formación de empleo. La propuesta consagra el derecho a huelga, algo con lo que Chile está en deuda en su actual Constitución. Pero, nuevamente con un “detalle” peligroso: los trabajadores y sindicatos podrán decidir libremente las causas de huelga, y estas causas no pueden ser limitadas por ley. Es decir, se podrían generar huelgas por razones ajenas a la empresa, como huelgas solidarias o por razones políticas, en las que el empleador no tiene capacidad alguna de resolver y llegar a un acuerdo. Esto aumentará los conflictos internos de las empresas, acrecentará la inestabilidad laboral y desincentivará la contratación de empleo. Este “detalle” es especialmente preocupante en un mundo en que la automatización, el reemplazo de mano de obra por máquinas, está avanzando.

Cuarto, desincentiva la inversión y el emprendimiento al debilitar la propiedad privada. El texto coloca el derecho de propiedad, pero con varios “detalles” que lo aflojan: el monto que debe pagarte el Estado al expropiarte por motivo de utilidad pública, correspondería al “justo precio” y no necesariamente en efectivo y al contado. Es decir, el Estado te podría indemnizar pagando en especies (con algo que no es dinero), en cuotas futuras y por un monto  de “justo precio” que ha levantado varias dudas en el debate público sobre qué significa.

Tercero, debilita la formación de empleo. La propuesta consagra el derecho a huelga, algo con lo que Chile está en deuda en su actual Constitución. Pero, nuevamente con un “detalle” peligroso: los trabajadores y sindicatos podrán decidir libremente las causas de huelga, y estas causas no pueden ser limitadas por ley”.

Y en quinto lugar, el “detalle” más preocupante que tiene esta propuesta: un gran porcentaje de los chilenos no está feliz con el texto. El proceso constitucional se inició para escribir una Constitución que consignara un gran acuerdo, pero ha provocado el efecto inverso: ha aumentado la polarización y la división, generando dudas y temores en muchos que hoy no se sienten identificados ni con cómo fue el proceso, ni tampoco con su resultado.