A cinco años de la muerte de Joane Florvil: un caso sin resolver en medio del éxodo de la comunidad haitiana

El 24 de octubre, BL, una mujer haitiana que llegó a Chile en 2017, esperaba inquieta en el aeropuerto de Santiago para partir con su hija rumbo a México. Ese viaje le permitiría reunirse con su esposo después de varios años separados. El padre de la menor le había enviado una autorización notarial para sacarla del país, por lo que el embarque debía ser un trámite sencillo y rápido. Sin embargo, en el mesón de la Policía de Investigaciones (PDI), el funcionario le informó que al documento le faltaba un timbre. 

El nerviosismo, las dificultades con el idioma, y la premura del despegue hicieron que en pocos minutos la situación empeorara. En medio de la discusión, y según BL, para convencer a los policías que les permitieran abordar el avión, señaló “que si no la dejaban ir iba  a dejar a la niña”. El parte de PDI, no obstante, señala que BL dejó a su hija con funcionarios de la aerolínea Aeroméxico. Tras esto, la mujer terminó detenida y separada de la menor. 

Según la información recopilada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ella no contó con intérprete y tampoco la dejaron realizar una llamada telefónica para avisar a algún familiar. En la audiencia de control de detención, BL señaló que firmó algo sin saber lo que decía el papel.

Actualmente, la mujer está siendo acusada por abandono de menores y la niña continúa ingresada en el Sename en espera de una audiencia que se realizará en febrero de 2023. El caso recuerda a lo ocurrido con Joane Florvil, precisamente cuando se cumplen cinco años desde su muerte, con la investigación aún inconclusa, sin responsables ni reparaciones. 

Joane Florvil, cinco años después

El 30 de agosto de 2017 Joane Florvil (28) llegó junto a su hija de seis meses de edad hasta la Municipalidad de Lo Prado para consultar si alguien había encontrado los documentos de su esposo Wilfred Fidele, quien había sido asaltado el día anterior en el mismo lugar. Hablaba muy poco español y la respuesta del guardia municipal fue que debía consultar en otra oficina. Joane dejó el coche con su hija infante junto a él y se fue a buscar a alguien que pudiera ayudarla a comunicarse mejor. A las 16.00 horas una funcionaria de la Municipalidad llamó a Carabineros, y luego pidió la intervención del Tribunal de Familia de Pudahuel para llevar a la menor a constatar lesiones y ser trasladada a la Casa Nacional del Niño.

Horas más tarde Joane fue detenida, fotografiada por la prensa, e ingresada al calabozo de la 48° Comisaría de Santiago. “Como nadie la entendía y no podía darse a entender, ella se desesperó y se empezó a golpear contra las paredes del calabozo. La reacción de los carabineros fue entrar y ponerle un casco de motociclista. Como se dieron cuenta que eso no funcionaba, entraron y le pusieron colchones para que se pegara contra estos”, explica Pablo Rivera, jefe (s) de la unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia del INDH.   

Para la institución “ese actuar no solo es negligente, si no que transgrede los estándares internacionales de las personas detenidas y las cosifica a tal punto que se convierte en un apremio ilegítimo, trato cruel, inhumano y degradante. Ese es el delito por el cual nosotros presentamos la querella”, agrega el abogado. 

“A Joane la culparon sin tener ningún antecedente, Carabineros la detuvo como una mala madre que había abandonado a su hija, siendo que eso públicamente se considera como la peor calaña que existe. Y ella la amaba, jamás la iba a abandonar; a su bebé, que tanto le había costado tener”, afirma Roxana del Campo, cuñada y representante de la familia Florvil. 

Después de la detención, el 31 de agosto de 2017, Joane fue llevada a urgencias de la Posta Central. Luego de un mes regresó al recinto asistencial, y tras agravarse la noche del 29 de septiembre fue trasladada de emergencia al Hospital Clínico UC, donde falleció la madrugada del 30 de septiembre. Durante todo ese tiempo su hija estuvo ingresada en el Sename, pese a tener a su padre y varios familiares que podían hacerse cargo de ella.

Tras la muerte de Joane Florvil se iniciaron al menos tres procesos judiciales, de los cuales dos continúan abiertos y sin resultados. 

En la arista penal, el fiscal a cargo de la investigación, Marcelo Cabrera, solicitó en 2021 el cierre definitivo de la investigación. En la audiencia desarrollada en julio de ese año, el tribunal decidió continuar con las diligencias pendientes, entre otras, tomar declaración a los carabineros de turno la noche que Joane fue detenida. Pero rechazó la reconstitución de escena y la declaración de todo el personal médico que pudo haber tomado contacto con Florvil.

Según Rivera, “el Ministerio Público dice que tiene individualizada a las personas, pero que los hechos, a su juicio, no son constitutivos de delito”. La postura del INDH es opuesta: “Nosotros estamos persiguiendo la responsabilidad de los agentes estatales y la violencia institucional que ella sufrió. Es un caso dramático que creemos que hay que seguir investigando hasta el final”. 

The Clinic solicitó información a la Fiscalía Centro Norte, pero no respondieron. 

Sin reparación a la vista

“Pudimos demostrar legalmente que la niña teniendo dos meses de vida, había sido discriminada por haber sido institucionalizada, teniendo red de apoyo a su alrededor y que ningún protocolo del Sename se había respetado. Tenemos una sentencia judicial donde está escrito que se pasaron a llevar los derechos tanto de la madre como de la niña. Es un precedente y es un hito”, explica Roxana del Campo.

Efectivamente, tras un largo proceso contra la municipalidad de Lo Prado, y luego que la alcaldía apelara en todas las instancias, alegando que el responsable era el guardia que no pertenecía a la institución, pues era personal externo, la familia obtuvo un pequeño triunfo.  La Corte Suprema ratificó en 2020 la condena por “discriminación arbitraria” y ordenó la capacitación a los funcionarios en atención de ciudadanos extranjeros, además de una multa de 5 UTM (cerca de $ 250 mil) con beneficio al propio Estado. 

“Nuestra estrategia fue utilizar la ley Zamudio. Era una acción pionera, y este es uno de los pocos casos exitosos, pero que al mismo tiempo demuestra la ineficacia de la ley porque es muy costoso hacerlo. Está mal diseñada la ley”, explica Juan Pablo Olmedo, abogado y representante de Wilfred Fidele, pareja de Joane. 

Consultada la Municipalidad de Lo Prado, explicaron que “han acatado los fallos judiciales y capacitado a sus funcionarios al respecto”. Además señalaron que tras este caso se creó la Unidad de Migración (dependiente de la DIDECO); se firmó un acuerdo de cooperación con la Organización Internacional para Las Migraciones; se realizó una campaña de regularización de niños, niñas y adolescentes migrantes; se capacitó a funcionarios municipales en Migración en el marco de la sentencia del 5° Juzgado Civil de Santiago; y se desarrolló el programa Sello Migrante de la oficina de Migración. 

Después de la sentencia condenatoria por discriminación, Olmedo y su equipo iniciaron una demanda, esta vez para obtener una compensación económica de parte del Estado en beneficio de la familia, y particularmente de la niña, que hoy tiene cinco años.

“La reparación de la sentencia por discriminación fue la capacitación del municipio. Esa misma sentencia debería hacerse cargo de los efectos patrimoniales de reparación y no obligar a las víctimas a interponer una nueva acción judicial por los mismos hechos. Finalmente, esto hace que el proceso de reparación concreta para las víctimas sea casi insuperable”, agrega Olmedo. 

El abogado apunta a la necesidad de reformar la ley 20.609, promulgada hace 10 años. “La ley Zamudio al no tener dientes, es una ley que los abogados no necesariamente ocupan. En la mayoría de los casos, en vez de utilizarla se van por recursos de protección que son bastante más rápidos y no tienes que pasar por lo que pasamos nosotros: juicio de primera instancia, segunda instancia y después casación”.

La expectativa es que este nuevo proceso podría demorar entre tres y cinco años más, pues la demanda está en su primera instancia y en promedio es lo que demoran los juicios por perjuicios en el país. 

¿Un país discriminador?

Los expertos concuerdan en que en el caso de Joane Florvil chocaron dos factores terribles: la discriminación y el racismo. Y es que su arresto y posterior muerte tuvieron una serie de momentos que pudieron ser evitados bajo un contexto social diferente, de mayor entendimiento cultural, empezando por permitirle a la joven un intérprete. 

Pablo Roessler, jefe de Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), explica que una problemática importante que experimenta el país es el racismo, incluso en instituciones: “Lo hemos visto desde la denuncia social. Acá hay un tema de racismo institucional que llevó a esa situación, un racismo a nivel social que se muestra en este caso en el ejercicio de las autoridades”.

El también sociólogo plantea que la comunidad haitiana “ha sido una de las que más les ha costado regularizarse en Chile. Muchos decidieron tener otros rumbos e irse a Estados Unidos por vías muy precarias”. Señala como un motivo la “diferencia idiomática, algo que, además, afectó en el caso de Joane, lo que nosotros lamentamos profundamente”.

Dice que en el país se ha puesto bajo la lupa el tema de la discriminación y el racismo: “En este caso al ser una persona migrante, afrodescendiente, mujer, se debe analizar de manera interseccional (…) El caso muestra que no se condena de igual forma a nivel de imaginario público lo que ocurre con personas extranjeras en comparación con chilenos”.

Profundiza en esto y propone que “muchas veces se dice ‘las personas migrantes son sujetos de derecho pero de sus países, acá en Chile se deben atener a sus condiciones’ y es muy popular la sensación de que no debieran tener un acceso igualitario”.

La encuesta Voces Migrantes, que realiza el SJM cada dos años, reveló que, de hecho, la población haitiana es la que se siente más discriminada en el país: el 56% de quienes respondieron el sondeo apuntaron a eso frente a, por ejemplo, un 33% de venezolanos.

“La migración haitiana es una migración que nunca llegó a ser la más masiva, incluso en los momentos de mayor crecimiento”, comenta Rodrigo Sandoval, exjefe del Departamento de Extranjería y Migraciones.

Sandoval, también académico de la U. Central, plantea que existe un proceso de absorción en el fenómeno migratorio que “es cuando la gente que llega se va integrando en la comunidad y ese proceso puede ser más o menos complejo dependiendo del país. Por ejemplo, están los venezolanos que tuvieron una capacidad enorme de integración: hablan el idioma, mantienen nuestros códigos religiosos y culturales. Sin embargo, en otro extremo, tienes a un chino que puede llevar 20 años y aún sólo habla su idioma porque tienen sus propios formatos y cultura”.

La migración haitiana, precisamente, es más difícil de integrar por la dificultad idiomática, “no llega al nivel de la china, pero es más compleja que las latinoamericanas”, señala.

Da como ejemplo al caso venezolano, cuya expansión comenzó en un período similar al de quienes provenían de Haití, “pero en términos de incorporación en distintas dimensiones, su proceso de integración ha sido más eficaz y rápido. La migración haitiana dejó la intensidad que tenía”.

John Dormeus, presidente de la Organización para el Desarrollo y la Supervisión de los Haitianos en Chile, ODEHC, cree que desde el punto de la integración, las cosas tampoco no han mejorado en estos años. “En un sentido estamos peor, más resignados, más humillados”. En cuanto a la obligación de tener facilitadores culturales, una de las lecciones del caso de Joane Florvil, afirma que efectivamente hay compatriotas que han sido contratados en ese rol “pero muchas veces no los dejan desarrollar realmente su labor”. 

Caída en migraciones desde Haití

En estos cinco años muchos haitianos han abandonado Chile. Esta comunidad pasó de ser una de las más grandes, y un tema constante en la agenda pública, a reducir notoriamente su presencia.  

“Las cifras no mienten, la migración regular de personas haitianas a Chile, desde 2018 a la fecha, ha sido baja. Y lo mismo con la irregular, porque las denuncias también han sido pocas. Y es más claro si se compara con otra población que predomina en el país, como la venezolana”, explica Leonardo Alegria, comisario de la Oficina Nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI.  

De acuerdo a los datos, en 2017 entraron 110.667 haitianos a Chile y solo 6.639 salieron. Esto contrasta con la realidad de 2021, donde los ingresos a territorio nacional fueron 7.512 mientras 10.544 personas se fueron. Una de las razones de este drástico cambio podría ser la nueva política de visas para ingresar al país. 

“Una causa importante, no es la única, pero es relevante, que en abril de 2018, a través de un decreto, se comenzó a requerir una visa a los haitianos para ingresar a Chile. Y ahí generalmente disminuyen los ingresos por pasos habilitados y eso se refleja en las cifras”, explica Alegría.  

John Dormeus, presidente de la ODEHC, confirma que muchos de sus compatriotas han dejado el país, principalmente debido a las dificultades para obtener la visa de reunificación familiar. “Muchos haitianos están dejando Chile, no solo por un tema económico o de discriminación, también por la política migratoria. Se dice que solo hace falta tener los documentos al día para solicitar la visa, pero hay personas que llevan tres años esperando el permiso para que su pareja o hijos puedan entrar”, cuenta.  

Dormeus agrega que es muy complejo obtener información: “No hay una oficina presencial, no hay una oficina de reclamos, no hay dónde llamar o ir, entonces hay personas muy desesperadas que piensan que lo mejor es irse para buscar otras oportunidades”.

A juicio de Pablo Roessler, a las complejidades burocráticas del proceso de regulación se suman también “el tema del racismo, que es profundo en la sociedad chilena, y las diferencias culturales como es el caso de la idiomática”.

Medidas para mejorar

Una tarea importante para mejorar la respuesta nacional ante la llegada de comunidades con diferencias culturales y contextuales tiene relación con el rol del Estado. 

“Como se gestiona la migración, la institucionalidad chilena no está preparada para recibir a comunidades que no tengan ese tipo de coincidencia cultural. Esa incorporación se ha hecho con ausencia del Estado y con lógica del mercado y si el Estado no está presente se rige por esas normas, eso significa que quienes tienen medios económicos pueden resolver problemáticas como aprender el idioma o acceder a una vivienda”, señala Sandoval.

Añade que debe haber “un mayor esfuerzo en la homologación de sus habilidades y estudios. Una lógica estatal y a largo plazo”.

Roessler apunta a que se debe partir por tener en consideración que “Chile no es una isla, es un país que está más favorecido que otros dentro del contexto de globalización y en un contexto de pandemia y crisis humanitaria en otras zonas”. 

A su juicio, son varias las medidas que se podrían tomar: “Hay un tema de educación desde la escuela, donde se pueden abordar temas como la migración y el racismo. Mientras que a la población adulta se puede partir por funcionarios claves que se relacionan día a día con personas migrantes: capacitaciones, sensibilizaciones”. 

Un punto clave también es el encuadre de los medios de comunicación en materia de migraciones. “Se debe ver la mejor manera de cómo abordar el tema porque se genera una opinión pública notoria cuando la migración se relaciona con la criminalidad”, afirma.

El caso de Joane Florvil marca un antes y después en cómo se entiende el fenómeno migratorio en Chile, en especial en cuanto al camino que falta por recorrer. 

“En estos últimos años no ha mejorado mucho la situación, pero como existe este precedente para el Estado, Carabineros, la municipalidad, el Sename, hay una sentencia judicial y tuvieron que ser capacitados e instruidos. Se han ido con más cuidado, sobre todo con las mujeres, con sus niños y se ha entendido mucho más la cultura, pero lamentablemente aún existe racismo”, apunta Roxana del Campo.

A su juicio, si bien “existen algunos cambios, pequeños, no son lo suficiente, y tenemos que trabajar enormemente en educar a las personas que no porque alguien tiene el color de piel distinto al mío, es inferior, eso no es así. Somos todos seres humanos y tenemos el mismo valor”.