Temor a la delincuencia llega al nivel más alto desde 2014 según Cadem: un 82% está muy preocupado de ser víctima de un delito

Este domingo se reveló una nueva encuesta Cadem y en el ítem de “temor a la delincuencia” la curva sigue ascendiendo. En agosto del año pasado llegaba a 77% que decía estar “muy o bastante” preocupado por la delincuencia y este mes de febrero subió a un 82%. La cifra es la más alta desde 2014 en la encuesta, cuando un 63% decía estar preocupado de ser víctima de un delito.

En otras preguntas, y respecto al nuevo proceso constitucional, un 43% tiene mejores expectativas con este proceso en relación al realizado por la Convención Constituyente y 30% tiene peores expectativas. La desconfianza en el rol de los expertos aumentó ocho puntos y llega a un 63%.

La mayoría de los expertos nombrados por el Congreso no supera el 40% de conocimiento, a excepción de Hernán Larraín, con 74% de conocimiento de los encuestados, y Katherine Martorell, con un 54%. El resto de los nombres tiene un grado de conocimiento inferior al 35%.

En la primera semana de febrero, según Cadem, un 27% (un punto menos que en la medición pasada) aprueba y 67% (un punto más respecto a la encuesta anterior) desaprueba la gestión del Presidente Boric, sin cambios estadísticamente significativos.

Al evaluar los atributos personales del Presidente, el único ítem donde las respuestas positivas superan a las negativas es en “tiene carisma”, con un 55% versus un 42%. Sólo el 13%, nuevamente según la encuesta Cadem, cree que el Presidente de la República tiene experiencia para gobernar. Un 86% piensa que “no la tiene”.

El área mejor evaluada del gobierno es el cuidado del medioambiente, con un 56% de aprobación, y el desarrollo energético, con un 44%. Las áreas peor evaluadas del gobierno son la lucha contra la delincuencia, con 78% de desaprobación, la inflación (con un 76%) e inmigración (con un 82%).

Finalmente, y en un indicador llamativo, un 71% está en desacuerdo con que el Estado ayude financieramente a las isapres para evitar una posible quiebra. Un 43% estima que si una isapre quiebra el principal problema para el sistema es que aumentarían las listas de espera en el sector público y un 22% cree que obligaría a personas con enfermedades preexistentes a irse a Fonasa con una menor cobertura.