Columna de Paulina Núñez: La crisis de seguridad y el abuso en el indulto

Qué duda cabe que hoy nos encontramos en la mayor crisis de seguridad desde el retorno a la
democracia. En efecto, solo en 2022, en relación a 2021, todos los delitos de mayor connotación
social aumentaron sustantivamente: homicidios un 42%; las violaciones un 12%; las lesiones un 25%;
los robos con violencia un 63% y los robos con fuerza un 47%.

Lamentablemente, este primer trimestre del 2023 también está aumentando exponencialmente: 2,6 homicidios por día; 8 violaciones diarias y 300 robos con violencia cada día dan cuenta de una realidad dramática. El reciente asesinato de la Sargento Segundo de Carabineros de Chile, Rita Olivares (Q.E.P.D), es una muestra de ello.

Es en ese contexto que se inserta la discusión sobre el indulto presidencial: en simple, un beneficio discrecional que otorga el Presidente de la República conmutando la pena que cumple una persona privada de libertad condenada por un hecho delictual. Si bien esta atribución presidencial ha existido en toda la historia constitucional chilena, pocas veces había tenido tanta repercusión comunicacional y política como en este período, cuando el Presidente Boric indultó a 13 delincuentes el último día del primer año de Gobierno, coletazos de una errada decisión que aún subsisten.

Constituye un hecho público y notorio, la falta de fundamentación de los respectivos decretos, las contradicciones al interior del Gobierno respecto a los antecedentes tenidos a la vista y la misma motivación, la que incluso llegó a un reclamo del máximo Tribunal del país al Presidente Boric por
inmiscuirse en asuntos propios del Poder Judicial, afectando gravemente la separación de los poderes.

Sin embargo, quizás lo más complejo fueron los indultos mismos: la situación de Luis Castillo, con seis condenas a su haber (robo con violencia, lesiones, maltrato de obra a Carabineros, entre otros delitos), 26 causas penales en sus antecedentes e informe negativo de Gendarmería hacen inexplicable la decisión. Lo mismo con Jorge Mateluna, quien en 2014 había sido sentenciado a cumplir una pena
de cárcel que inicialmente se prolongaría por 16 años: 11 años por robo con intimidación y 5 años
adicionales por el porte o tenencia de arma de uso bélico. Esto, sin contar que había sido ya indultado
previamente.

Ambos casos muestran una desconexión brutal con la crisis de seguridad que se vive y un abuso en la utilización del indulto presidencial que normalmente se había fundado verdaderamente en razones humanitarias o de paz social.

Más allá de lo que se pueda pensar sobre el indulto presidencial en abstracto, lo cierto es que la arbitrariedad y el abuso de la facultad realizada por el Presidente Boric dinamitaron el referido beneficio constitucional, haciendo políticamente inviable cualquier utilización de la referida atribución en los términos actuales, lo que impactará seguramente en el proceso constituyente en curso.

Se hace indispensable, así, comprender que la realidad del país no resiste más errores y horrores de parte de sus máximas autoridades. El Estado debe dar las señales correctas, los delincuentes deben cumplir su pena como en Derecho corresponde y el ejercicio de las facultades presidenciales debe realizarse conforme al bien común, teniendo presente la grave crisis de seguridad en que nos encontramos.

• Paulina Núñez (RN), senadora por la Región de Antofagasta, abogada y militante de Renovación Nacional.