Columna de Jaime Mañalich: “Al cumplirse un año de Gobierno, se hace evidente que no se contaba con un programa de salud significativo”

Al iniciar el Presidente Boric su mandato, la agenda de salud estaba fuertemente marcada por la pandemia de COVID. Chile enfrentó durante marzo de 2022 un violento brote por la variante Omicron, con más de 100 fallecidos diarios promedio, y un intenso temor ciudadano frente a nuevas restricciones. La coalición que asume ha cuestionado el manejo del gobierno saliente; pero se ve obligada a mantener un lenguaje cauto, a flexibilizar el discurso, y en líneas gruesas, mantener el programa vigente.

Políticamente, se opta por sacar la lucha contra el COVID de la primera línea, y el propio mandatario se disculpa por la acidez de las críticas cuando se era oposición. Para el nuevo Gobierno, estar sometido constantemente al escrutinio público por el manejo de la pandemia y la comparación con la gestión anterior, genera un desgaste continuo, y dificulta poder tomar una agenda nueva.

El programa contemplaba una reforma al sistema de salud, que se canalizó exclusivamente a través de la propuesta en el borrador de la nueva Constitución, la que en su artículo 44 define un Sistema Nacional, con financiamiento administrado por el Estado.

Como en otras áreas, esta definición de esperar el resultado del plebiscito paraliza la discusión parlamentaria de proyectos esenciales ya en trámite, incluso acordes con una posible aprobación del texto constitucional, como son la creación de una Plan Garantizado de Salud con tarifa única para toda la población, un seguro para cubrir los grandes gastos de los beneficiarios de Fonasa, y la ley de fármacos II para disminuir el gasto de las personas en medicamentos.

Esta parálisis es suplida, en parte, por la Corte Suprema, que se pronuncia en dos fallos trascendentales, sobre el futuro del sistema de aseguramiento mixto público/privado, impulsando de facto una probable insolvencia de algunas isapres, y obligando a una agenda normativa que el ejecutivo, hasta ahora, no ha podido canalizar, con un riesgo político de grandes proporciones.

El rechazo al proyecto constitucional, el 4 de septiembre, deja la agenda de salud en completa incertidumbre, con cambio de ministra incluido, y dado el pronunciamiento de la I. C. Suprema, obliga a tomar medidas de emergencia para la estabilidad del sistema prestador, y la adecuada cobertura de los beneficiarios de Isapres con enfermedades crónicas o pre-existencias que se desplazaría a Fonasa, tensionando una red pública ya precaria, y con la rígida posición de Hacienda, en la línea que esta migración no genere aumento del gasto fiscal.

Asimismo, el interés por disminuir el gasto público se manifiesta en un aporte precarizado a la Atención Primaria, el término de los contratos de la fuerza de trabajo contratado por la pandemia, y una inversión en infraestructura minimizada. Meritorio es el esfuerzo por reducir la sangría del fraude sistemático de licencias médicas, que solo destruye el financiamiento para las atenciones de salud.

En síntesis, al cumplirse un año de Gobierno, se hace evidente que no se contaba con un programa de salud significativo, que quedó en pausa a la espera de un resultado favorable en el plebiscito. Después del Rechazo, la agenda ha estado concentrada en tratar de dar pruebas de un manejo satisfactorio del COVID, y en responder a los temores ciudadanos por una eventual caída del aseguramiento privado, con el consecuente efecto dominó que ello genera para la subsistencia de clínicas y centro médicos, las rentas de profesionales, y la inestabilidad de las coberturas contratadas para beneficiarios de Isapre con enfermedades crónicas, cáncer, cirugías pendientes y gasto en medicamentos de las canastas AUGE.

Para el segundo año que se inicia, donde las demandas de salud han aumentado, por las adicciones, las necesidades de atención mental, la migración y la violencia, la precariedad de la seguridad social en el área es mayor, con crecientes listas de espera, muertes mientras se está en ellas, y la disminución de la capacidad de la clase media para afrontar gastos no asegurados. Menudo desafío.

* Médico, exministro de Salud entre 2010-2014 y 2019-2020. Militante de Amarillos por Chile.