Fundación Democracia Viva: Daniel Andrade se pone a disposición de la justicia y presenta cuatro abogados defensores

Este martes se dio a conocer que el representante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, presentó un escrito ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en el que se pone a disposición de la justicia por los tres polémicos convenios con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo por más de $400 millones de pesos para realizar trabajos en campamentos de Antofagasta.

De acuerdo a lo consignado por La Tercera, el exdirigente estudiantil y expareja de la diputada Catalina Pérez (RD) también pidió que se le dé la calidad de imputado en la investigación que el fiscal Cristian Aguilar, instruyó por eventuales delitos de fraude al fisco, malversación de caudales y tráfico de influencias.

“Ofrezco poner a disposición del Ministerio Público todos mis dispositivos electrónicos y los antecedentes materiales que se requieran para facilitar la investigación, autorizando desde ya y de forma expresa el total acceso por parte del persecutor y órganos auxiliares a todas mis cuentas bancarias, donde consten cartolas que consignen o registren todas las operaciones de dinero que se hayan realizado”, mencionó.

“Por este acto solicito a que se me tenga como parte o interviniente en este procedimiento legal en calidad de imputado para todos los efectos legales”, agrega Andrade, quien se refirió por primera vez al escándalo desde que se reveló.

El ingeniero también entregó copias de las escrituras notariales en que se constituyó Democracia Viva, así como las resoluciones de los contratos entre la fundación y el Serviu de Antofagasta, las cuales también contemplan un documento denominado “Protocolo para suscripción convenios con instituciones privadas sin fines de lucro“.

Y por último, Andrade indicó que contará con cuatro abogados defensores: Germán Cueto Etcheberry, José Figueroa Elgueta, Juan Pablo Roncone Muñoz y Diego Sporman Uribe.

Mientras tanto, la Fiscalía sigue derivando diligencias a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) para obtener los antecedentes correspondientes que permitan esclarecer si se cometieron delitos o no.