El caso de la jueza Graciel Muñoz: hija de Sergio Muñoz, ministro de la Corte Suprema, realizaba audiencias judiciales desde Italia sin autorización

La Corte de Apelaciones de San Miguel abrió un sumario administrativo en contra de la magistrada del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, Graciel Alejandra Muñoz Tapia -hija de Sergio Muñoz, ministro de la Corte Suprema-, tras conocerse que se conectó a audiencias judiciales desde Italia durante la pandemia de coronavirus.

Según la información publicada por BiobíoChile, la jueza habría realizado una serie de viajes a Europa durante el 2020, periodo en que siguió realizando sus funciones de dirigir y resolver audiencias judiciales de manera telemática.

Esto podría infringir del Código Orgánico de Tribunales (COT), ya que en su artículo 311 establece la obligación de que los funcionarios deben “residir constantemente en la ciudad o población donde tenga asiento el tribunal en que deban prestar sus servicios“. De esta forma, la investigación administrativa busca indagará eventuales irregularidades en la forma de actuar de la jueza Muñoz.

Protocolos de teletrabajo del Poder Judicial frente al coronavirus

El 13 de marzo de 2020, frente a la pandemia de Covid-19 y con el propósito de proteger a los funcionarios, la Corte Suprema estableció que primer auto acordado con regulación para el “teletrabajo y el uso de videoconferencia en el Poder Judicial”. De esta forma, se dictó que los funcionarios del órgano judicial “podrán cumplir sus funciones mediante teletrabajo, previa autorización del Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva”.

En el caso de la magistrada Graciel Muñoz, al formar parte del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, le corresponde a la Corte de Apelaciones de San Miguel. Asimismo, el documento de la Corte Suprema indicó, según recoge la investigación del medio mencionado, que “la solicitud deberá ser acompañada por una declaración del juez presidente del tribunal en que se señale que la autorización específica no alterará el normal y continuo funcionamiento del tribunal, como tampoco afectará el agendamiento y celebración de audiencias”.

Asimismo, a medida que pasaban los meses desde el máximo tribunal se fueron adaptando a las circunstancias con nuevas instrucciones hasta llegar al plan que rige actualmente denominado “Protocolo de manejo y prevención ante Covid-19 en tribunales y unidades judiciales”, que estableció un retorno “paulatino a labores presenciales”, dando paso en noviembre de 2022 a una “Fase de Apertura”.

En este periodo, “en lo que dice relación con los criterios de presencialidad y turnos en tribunales y unidades judiciales, la dotación presencial diaria deberá ser equivalente a un mínimo del 50% por estamento, sin tope máximo, excluyendo a las personas en grupo de riesgo”.

Caso de jueza Graciel Muñoz

Durante este periodo Graciel Muñoz se conectó de manera telemática a las audiencias, sin nunca informar a las partes intervinientes que estaba fuera de las jurisdicciones ni del país, según el medio citado. En uno de los viajes, la magistrada incluso habría permanecido cerca de siete meses fuera del país (abril a diciembre de 2021).

En el Código Orgánico de Tribunales (COT), el artículo 311 establece que los jueces “están obligados a residir constantemente en la ciudad o población donde tenga asiento el tribunal en que deban prestar sus servicios”, además agrega que “sin embargo, las Cortes de Apelaciones podrán, en casos calificados, autorizar transitoriamente a los jueces de su territorio jurisdiccional para que residan en un lugar distinto al de asiento del tribunal”.