Columna de Juan Castro Prieto | Corrupción al descubierto y libertad de prensa

A raíz del ya conocido caso “Democracia Viva”, hemos vuelto a ver implicaciones de la política en el uso irregular de recursos públicos, a los que cada uno de los habitantes de esta nación aporta necesariamente a través del impuesto al valor agregado, el que pagamos todos por igual y que resulta ser aquel impuesto que más recauda para el Fisco.

A esta altura, a un poco más de un año de iniciado este gobierno, que prometía poner fin a los pitutos, establecer un tope de no más de 10 sueldos mínimos a los ingresos de funcionarios públicos, acabar con el nepotismo en el aparato estatal y con los premios de consuelo en cargos públicos y, en suma, liderar una renovación total y purificadora en la política, somos testigos de que junto a incapacidad de conducir de forma medianamente aceptable el curso de la nación durante una profunda crisis, los autoproclamados representantes de la superioridad moral solo han aportado agravando el descrédito que mancha nuestro sistema, que desde años recientes es el escenario de los tristemente famosos casos de financiamiento irregular en todo el espectro político.

Pues no pasaron más de 14 meses para que los mismos que aseguraron tener un estándar ético superior a los que gobernaron durante “los 30 años”, y que vendrían a cambiar la política, nos demostraran ser iguales o peores que aquellos a quienes criticaron, pues han montado complejos y repudiables sistemas de defraudación con platas públicas, los que ya están siendo investigados por el Ministerio Público. Esta vez por medio de la utilización de fundaciones que operan como la fachada perfecta para desplegar traspasos de caudales públicos para financiar operaciones políticas. Esto sucede a la vista de todos, con una mínima o inexistente vigilancia, usando mecanismos de evasión a la revisión del ente contralor (montos superiores a 5000 UTM) y haciendo traspasos sucesivos por montos más bajos.

Así se sigue destruyendo un lindo y bello país llamado Chile, que pocas décadas atrás recibía altos dignatarios de países miembros de la APEC, y que veía con esperanza, a solo unos pocos metros, la meta que nos permitiría atravesar la barrera del subdesarrollo. ¿O era eso lo que pensábamos y todo esto ocurría sin que nos enteráramos?

En conclusión, la instalación de esta polémica en las páginas políticas de los periódicos nos presenta dos grandes desafíos: primero, la necesidad urgente de fortalecer las libertades de expresión, de opinión y de prensa, en el sentido contrario a la señal que nos da el gobierno al crear una comisión contra la desinformación, pues esta es una fórmula conocida para el control de medios que ejercen todos los gobiernos totalitarios. Y segundo, la inaplazable creación de una nueva y mejor regulación que sea realmente efectiva en la contención y castigo de toda forma de corrupción por parte de cualquier servidor público, sea o no de elección popular. Es inaceptable que aquellos a quienes se entrega la confianza y responsabilidad de hacer funcionar una institucionalidad hecha para servir a todo el país se valgan de cargos y delegaciones con facultades amplias para desviar cientos de millones de pesos hacia entidades que ni siquiera están capacitadas para hacer lo que en el papel prometen. Es de esperar que nadie guarde silencio, caiga quien caiga.

*Juan Carlos Prieto, senador independiente (ex Renovación Nacional)