Qué es Fundación Democracia Viva: cronología de un escándalo

En las últimas semanas se dieron a conocer tres millonarios convenios firmados entre la Fundación Democracia Viva y el Seremi de Vivienda y Urbanismo (Serviu) en Antofagasta que sumaron $426 millones y correspondieron al 6% del presupuesto total asignado a la región, el que alcanza los $7.900 millones.

Revolución Democrática (RD) se vio tensionada tras conocerse estos antecedentes debido a que tanto el representante de la fundación, Daniel Andrade, como el entonces seremi de Vivienda, Carlos Contreras, eran militantes de este partido -actualmente tienen la militancia suspendida-. Asimismo, ambos son cercanos a la diputada Catalina Pérez, Andrade era su pareja y Contreras fue su jefe de gabinete.

Actualmente el caso está siendo investigado por la Fiscalía Regional de Antofagasta y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), tras una investigación, entregará nuevos antecedentes para el caso. Desde el Ministerio Público sostuvieron que se podrían haber cometido al menos tres delitos.

Cronología del caso Democracia Viva

3 de octubre de 2022

Se firmó el primer convenio del Seremi de Vivienda y Urbanismo (Serviu) en Antofagasta con la Fundación Democracia Viva por un total de $200 millones para proyectos de habitabilidad primaria en el campamento “Ecuachilepe”.

27 de octubre de 2022

Se firmó un segundo contrato con esta organización por un monto de $170 millones para la ejecución de viviendas en el campamento “Irarrázaval Etapa I”.

19 de diciembre de 2022

Se ejecutó un tercer contrato por $56 millones entre el Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva con el objetivo de realizar diagnósticos socios territoriales y planes de intervención en campamentos de Antofagasta.

16 de junio

El medio de comunicación Timeline publicó un reportaje denominado “En dos meses: Fundación de pareja de la diputada Catalina Pérez (RD) se adjudicó $426 millones en convenios con Seremi de Vivienda de Antofagasta”, en el que entregaba los primeros antecedentes sobre estos tres convenios suscritos entre la Fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es Daniel Andrade -militante de RD y en ese entonces pareja de la diputada Catalina Pérez- con el Serviu de Antofagasta, encabezado por Carlos Contreras, quien también era militante de RD.

En específico, se informó de tres contratos por $426 millones para la ejecución de proyectos en campamentos de la comuna por parte de la organización sin fines de lucro, con cargo a recursos del Programa de Asentamientos Precarios, los cuales fueron visados por Carlos Contreras.

17 de junio

Luego de darse a conocer los primeros antecedentes del caso y dar paso a una serie de cuestionamientos hacia los involucrados y RD, renunció el entonces seremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras (RD). El abogado fue jefe de gabinete de la diputada de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez -que representa a Antofagasta- entre junio de 2020 y junio de 2021. También fue tesorero de la colectividad oficialista y en abril de 2022 llegó a encabezar el Serviu de esta región.

La diputada Catalina Pérez dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que presentó un oficio a Contraloría para que revise los antecedentes de los convenios suscritos: “Oficié yo misma a Contraloría para despejar cualquier duda que algunos inescrupulosos han buscado instalar sobre convenios suscritos en mi región, en los que no tengo ninguna participación o injerencia. No voy a tolerar que, sin prueba alguna, se busque enlodar mi trabajo poniendo un manto de duda sobre mi gestión”.

Oficié yo misma a Contraloría para despejar cualquier duda que algunos inescrupulosos han buscado instalar sobre convenios suscritos en mi región, en los que no tengo ninguna participación o injerencia. No voy a tolerar que, sin prueba alguna, se busque enlodar mi trabajo… pic.twitter.com/QWNNPanrwC

— Catalina Pérez Diputada (@CatalinaPerezS) June 18, 2023

19 de junio

Tras conocerse el caso Democracia Viva, el comité de la Unión Demócrata Independiente (UDI) presentó una moción de censura en contra de la parlamentaria Catalina Pérez, solicitando su renuncia de la vicepresidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas..  

20 de junio

El Ministerio Público en Antofagasta informó que inició una investigación por los convenios de transferencia de recursos suscritos entre Democracia Viva y el Serviu de Antofagasta, encabezada por el fiscal Cristian Aguilar.

Fundación Democracia Viva se defiende a través de Twitter explicando los trabajos que se realizaron en diez campamentos y detallaron que “los convenios están sujetos a devolución por no cumplimiento. La fundación mantiene el total de los recursos transferidos y no utilizados aún en la cuenta corriente, como muestran las conciliaciones bancarias y extractos presentados en la rendición de cuenta”.

“Democracia Viva ha entregado mensualmente los informes técnicos y financieros en el plazo estipulado en los convenios. Todos los gastos realizados cuentan con la aprobación previa por parte del Serviu y las rendiciones, con la supervisión por parte de las autoridades responsables”, sostuvieron. Por otro lado, condenaron “el acoso que han sufrido nuestras colaboradoras y la exposición de sus redes y vidas privadas. Ninguna operación política justifica la violencia”.

La diputada Pérez, tras ser ampliamente cuestionada, decidió suspender su participación en la mesa de la Cámara Baja. Durante su anuncio, reiteró que no estuvo involucrada ni tenía conocimiento de los hechos. Enmarcó que “el daño que a mí se me ha infringido no puedo permitir se infrinja también al oficialismo” y que “no vamos a dar lugar al aprovechamiento político de ninguna fuerza, ni en esta ni en otras ocasiones”.

“A la mesa de la Cámara de Diputados le queda una semana antes de su renuncia regular, lo que hago por este acto es suspender inmediatamente y de facto mis actividades dentro de la mesa de la Corporación para presentar posteriormente y según el trámite reglamentario correspondiente, la renuncia en la fecha que corresponde, junto con el presidente de la Cámara”, señaló.

21 de junio

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió al caso Democracia Viva por primera vez, indicando que “venimos a aplicar todas las herramientas para encontrar las responsabilidades que existan y buscaremos formar para evitar que se vuelva a repetir un caso así”. 

Asimismo, el secretario de Estado remarcó que “lo sensato y razonable es que la Fundación Democracia Viva ponga fin al convenio y restituya los recursos asignados”.

22 de junio 

Se dio a conocer un correo electrónico que había sido enviado por funcionarios del Serviu de Antofagasta -por medio de la Asociación de Funcionarios del Serviu- a autoridades del Minvu con relación a los convenios a comienzos de mayo de 2023. Entre los destinatarios se encontraba la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD).

En el correo advertían que “desde hace un tiempo se han presentado algunas situaciones que nos preocupan, dado que a juicio del equipo -al cual también pertenezco- no se estaría dando cumplimiento a la Cláusula Tercera de los Convenios ‘sobre la correcta utilización de los recursos”, y daban cuenta de una serie de hechos, entre los que detallaron el caso de Democracia Viva.

El Presidente Gabriel Boric condenó los hechos y los calificó de gravísimos: “Si en el pasado desde nuestro sector político fuimos muy duros en condenar todo tipo de actos reñidos con la fe pública y en donde hubiesen delitos o presunciones de delito -eso le corresponderá decirlo a la justicia- hoy día cuando quienes están involucrados son personas cercanas al gobierno tenemos que tener el mismo estándar e incluso ser más firmes, acá no puede caber ningún tipo de complacencias, ningún tipo de protección sino que tenemos que ser muy claros en que este tipo de situaciones no las vamos a permitir”.

Desde la Fiscalía detallaron que investigarán a Democracia Viva por los delitos de tráfico de fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, entre otros. Además informaron que se derivó diligencias a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI.

Durante esta jornada ocurrió una polémica entre el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, y el ministro Carlos Montes, luego de que el primero diera a entender que el titular de la cartera de Vivienda y Urbanismo conocía los antecedentes de los convenios suscritos. Esto fue descartado por el titular del Minvu.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó -a Biobío.cl– que Democracia Viva amplió su giro a construcción de proyectos de servicios públicos el 21 de noviembre de 2022, luego de dos de los convenios cuestionados con el Serviu.

23 de junio

El presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre informó que tras un comité político nacional se solicitó la suspensión de militancia de la diputada Catalina Pérez, además anunció que se presentaría una querella.

El ministro de Desarrollo Social y fundador de RD, Giorgio Jackson, habló por primera vez sobre el caso Democracia Viva, sosteniendo que “esta situación que se ha denunciado es inaceptable. En estos momentos está siendo investigada por Fiscalía y requiere que tanto el gobierno como todos los sectores responsables colaboren para que salga una investigación que permita detectar todo tipo de irregularidades, ilegalidades y que sancione a quien deba sancionar sin importar quién sea y qué color político tenga“.

24 de junio

Tras los antecedentes conocidos durante las jornadas previas, la subsecretaría de Vivienda, Tatiana Rojas, reconoció que tras conocer los antecedentes de los convenios suscritos entre Democracia Viva y el Serviu de Antofagasta comenzó a recopilar antecedentes, sin informar inmediatamente al ministro Montes. 

“Como jefa de servicio tengo que poner las alertas al ministro teniendo los antecedentes ciertos y ordenados, no puedo poner alertas previas porque la idea es, justamente, bajo mi responsabilidad, tener esos antecedentes ordenados, organizados y transparentes”, enmarcó.

25 de junio

La Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) asistió a la sede de Democracia Viva en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana. Según consigna un artículo de El Mercurio, citando a “conocedores de las pesquisas”, no hubo elementos para incautar. Es decir, no se encontraron computadores, archivos ni otros dispositivos.

26 de junio

Tras conocer los hechos el Minvu inició una investigación administrativa por un “equipo multidisciplinario del nivel central de la región”. Adelantaron algunos elementos descubiertos: “Una de las irregularidades levantadas por el equipo central del Minvu es sobre un número de funcionarios contratados por esta fundación, que al parecer prestaban servicios en la Seremi”. 

Además informaron que se solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) determinar el curso judicial a seguir e indicaron que pondrán a disposición de la justicia todos los antecedentes recopilados y los “contratos suscritos por el Minvu desde que se suscribieron los primeros convenios, es decir, desde el 2019.

27 de junio

La directiva de Revolución Democrática (RD) presentó una querella contra quienes resulten responsables por el caso Democracia Viva. El senador Juan Ignacio Latorre destacó que “hay sospecha de corrupción”. 

“Nos interesa aclarar que cualquier delito cometido por algún militante de RD vinculada a esta fundación Democracia Viva, que no es parte de RD, sino que son militantes que armaron esta fundación y que podrían haber delitos involucrados, no van a tener cabida en nuestro partido. Cualquier persona, caiga quien caiga”, sostuvo el presidente de la colectividad.

Agregó que “lo importante es que acá hay sospechas de corrupción, hay sospechas de una organización que se forma, que tiene muy poco tiempo de existencia y que empieza a buscar convenios con el Estado, con muy amplia diversidad de temas, para sacar provecho de los recursos públicos y eso habrá que investigarlo, y toda la dinámica de corrupción. Porque en la corrupción no solo hay una o dos personas involucradas, sino que puede haber una red de personas que están en este diseño o que podrán encubrir información”.

Carlos Montes viajó a Antofagasta para reunirse con el Ministerio Público y entregar nuevos antecedentes de los convenios entre Democracia Viva y el Serviu de Vivienda. 

El representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, presentó un escrito al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en el que se pone a disposición de la justicia por los tres polémicos convenios, según accedió La Tercera PM. En él solicitó que se le otorgue la calidad de imputado en la investigación de Fiscalía e informó que tendrá cuatro abogados defensores.

“Ofrezco poner a disposición del Ministerio Público todos mis dispositivos electrónicos y los antecedentes materiales que se requieran para facilitar la investigación, autorizando desde ya y de forma expresa el total acceso por parte del persecutor y órganos auxiliares a todas mis cuentas bancarias, donde consten cartolas que consignen o registren todas las operaciones de dinero que se hayan realizado”, sostuvo.