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Política

9 de Agosto de 2023

Democracia Viva ingresa recurso de protección para dar “correcto término” a convenios por $422 millones con el Minvu

Daniel Andrade de Fundación Democracia Viva Captura.

"Se espera un pronunciamiento respecto de la ilegalidad y arbitrariedad del acto que pone término unilateral a los convenios", mencionó la polémica organización.

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Este miércoles la cuestionada Fundación Democracia Viva presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta para dar un “correcto término” a los millonarios acuerdos firmados a mediados de 2022 con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu)

La organización sin fines de lucro fue una de las primeras involucradas en el escándalo político conocido como “Caso Convenios”, donde diferentes entidades de todo Chile están siendo investigadas para determinar presuntas irregularidades en traspasos de fondos desde el Estado.

La noticia fue confirmada por la misma entidad, que afirmó que “hemos hecho ingreso de un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Antofagasta con el objetivo de avanzar en poner correcto término a los convenios suscritos con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo“.

De esta manera, la fundación “espera un pronunciamiento respecto de la ilegalidad y arbitrariedad del acto que pone término unilateral a los convenios” por parte de las autoridades del Gobierno.

Este recurso de protección fue presentado a tan solo tres días de que termine el plazo que dio el Minvu para que Democracia Viva reponga $391.768.516 de los $422 millones transferidos, lo que equivale a un 92%. De acuerdo al Gobierno, la fundación ejecutó trabajos por un 8% del total presupuestado.

Esta no es la primera vez que la organización presenta una acción judicial luego de que se diera a conocer el Caso Convenios. Ya que el 21 de julio, ingresó un recurso de reposición ante la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta para volver a analizar la solicitud de devolver el dinero.

Cabe recordar que Democracia Viva recibió los montos con la finalidad de realizar trabajos de agua potable en los campamentos Ecuachilepe -por $200 millones- e Irarrázaval Etapa I, con $170 millones. Sin embargo, la polémica se encendió cuando se reveló que el representante legal de la fundación, Daniel Andrade, era la pareja de la diputada Catalina Pérez (RD) y la entonces autoridad era Carlos Contreras, su ex jefe de gabinete.

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