Gobierno presenta agenda legislativa de DD.HH. por 11 de septiembre: establece mecanismo para levantar el secreto Valech

En el Parque Cultural de la región de Valparaíso fue en donde el ministro de Justicia, Luis Cordero -acompañado de sus pares de Culturas y Segpres– informó sobre la agenda legislativa que acordó el Gobierno para este día, entre las que se incluyó el levantamiento parcial de la moratoria por 50 años que tienen los testimonios recogidos en la Comisión Valech.

“Este consiste en que el equipo ejecutivo del Plan Nacional de Búsqueda tenga acceso a la información contenida en los antecedentes de informes Valech I y II“, dijo Cordero.

La finalidad, según dijo el líder de Justicia, es “cumplir con uno de los objetivos del plan, que es trazar las trayectorias de cada una de las personas detenidas y hechas desaparecer”. Que sea parcial implica que la información se hace disponible, pero bajo reserva.

Desde el Ejecutivo explicaron que la idea es “habilitar la posibilidad de que quienes hayan presentado su testimonio a la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, o sus descendientes, puedan solicitar el levantamiento de la moratoria respecto de su caso”.

Además, con la intención de resguardar “la voluntad de aquellas víctimas que hayan presentado su testimonio a la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura” se habilitarían acceso a los Tribunales de Justicia “a testimonios específicos”.

El anuncio se da una semana después de la presentación del Plan Nacional de Búsqueda. Además, responde a los “hitos conmemorativos” que anunció el Ejecutivo en el mes de agosto. Dicha agenda tuvo la finalidad de adelantar los movimientos que haría el Gobierno en pos de la conmemoración de los 50 años del Golpe.

Al anuncio del levantamiento de la moratoria del secreto de la Comisión -que tiene una duración de 50 años-, se sumaron cuatro proyectos de ley más.

Uno de ellos es la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada, que le sigue la tipificación de delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal. Además, se anunció una Política Nacional de Memoria y Patrimonio, junto con la eliminación de la restricción sobre un conjunto de leyes que fueron dictadas bajo caracteres secreto, reservado o de circulación restringida.

De esa forma, la discusión se trasladaría al Congreso, quienes serán los encargados de aprobar -o rechazar- las iniciativas propuestas por el Ejecutivo. Todo ello en medio de un ambiente “eléctrico”, como calificó el Presidente Boric hace unos días atrás. Además, la oposición ha declarado que la declaración conjunta por la democracia que prepara Boric para el 11 de septiembre -en donde concitó a todos los partidos políticos a firmarla- no contará con su apoyo.