Luis Cordero: “Creo que hay consenso en que un Presidente tiene que terminar su mandato y no puede ser expulsado por la fuerza”

La emoción que embargó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega (51), durante la presentación del Plan Nacional de Búsqueda, no fue al azar. “No está solo, ministro”, le gritó una mujer desde el público. Al jefe de la cartera le hicieron sentido esas palabras.

De los 1.092 casos de desaparición forzada donde aún los familiares no tienen pistas sobre los restos de sus seres queridos, dos de ellos corresponden a parientes del secretario de Estado. Los hermanos de su abuela paterna, Ramón Silva Carreño y Manuel Silva Carreño. Ambos víctimas de los crímenes de Paine.

Esa historia personal la compartió por primera vez en una entrevista al diario El País. Ahora, en conversación con The Clinic, Cordero reflexiona sobre esas primeras nociones de la herida familiar.

En ese ejercicio de memoria, el titular de Justicia recuerda que “habían silencios (respecto al tema). Mi abuela vivió con el dolor que supone tener la ausencia. Y claro, esos son silencios que son también palabras”.

A poco más de una semana de cumplirse 50 años del Golpe de Estado de 1973, el secretario de Estado da detalles sobre el proyecto que lidera, su postura ante un escenario de cierre del penal Punta Peuco y la reflexión dentro del gobierno sobre el levantamiento del secreto del Informe Valech.

—En el ajuste ministerial de marzo pasado, el Presidente Boric le encarga no dejar de buscar a las víctimas de desaparición forzada. ¿Cómo lo viene a resolver el Plan de Búsqueda? ¿Cuál es la metodología?

-Cuando hablamos de conocer las condiciones y circunstancias que una persona fue detenida y hecha desaparecer, supone en primer lugar conocer las trayectorias de esa persona. Y eso es bien relevante, porque supone tener qué sucedió con ella, cómo se integra toda la información que dispone el Estado (…). El segundo aspecto tiene que ver con recuperar, rescatar e identificar dignamente.

Respecto de los hallazgos que ya existen, el plan también está construido sobre una visión crítica. Y uno de los errores evidentes del Estado ha sido el funcionamiento del Servicio Médico Legal. Los errores de identificación del Patio 29 -por ejemplo- se transformaron no solo un problema, sino que en un dolor adicional para las víctimas. 

—Eso generó una desconfianza adicional entre los familiares.

-Esa desconfianza fue muy estructural en torno al rol del Estado. Eso explica que en los procesos de excavaciones entre el 2000 y 2001, en vez de enviar los hallazgos al Servicio Médico Legal, lo que se hacía era enviarlos en custodia al Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile.

—¿Hay algún aspecto del plan destinado a nuevas excavaciones para la búsqueda de osamentas?

-Es que la forma de poder llevar a cabo nuevas excavaciones, nuevos lugares, o volver a periciar lugares, es en el contexto de las investigaciones judiciales (…). Pero todo eso requiere, por cierto, actuación y medidas coordinadas con los jueces de dedicación exclusiva, que hoy día, en el contexto de las investigaciones, se están desarrollando, porque una cantidad de recursos vinculados al Programa de Derechos Humanos (del ministerio) tiene que ver con el financiamiento de ese tipo de pericias.

“Decir que no tengo un compromiso personal con esto… lo tengo”

—La historia de sus dos tíos detenidos desaparecidos, ¿la conocía cabalmente cuando más joven? ¿O había un poco de tensión en torno a ese pasaje?

-No, de tensión no. Más bien de silencio. La tragedia de Paine es una tragedia de un campesinos, no de militantes políticos.

—De hecho, sus familiares no tenían militancia política.

-Así es. Pero son campesinos. Además (Paine) es el lugar donde tenemos la mayor concentración de detenidos desaparecidos. Era gente de trabajo.

—¿Se hablaba abiertamente en su familia de esto?

-Habían silencios. Mi abuela vivió con el dolor que supone tener la ausencia. Y claro, son esos silencios que son también palabras.

—El día de la presentación, usted señaló que su historia personal no era relevante dentro de la política pública. ¿No influye?

-Decir que no tengo un compromiso personal en esto… lo tengo. Porque además, con indiferencia de mi historia personal, estoy convencido que es bueno para los familiares, para las víctimas, pero creo -sobre todo- que es bueno para el país (…). Cada persona, cada uno tiene sus historias, sus trayectorias personales, pero es mi obligación mantenerme ante todo como ministro del Estado. 

—Se emocionó cuando el día de la presentación le manifestaron que “no está solo, ministro”. ¿Cómo tomó ese gesto?

-El éxito del plan depende de buena parte de su implementación. Y la implementación ya no depende solo del equipo de Justicia, depende del Estado de Chile. Ellas me abrieron sus puertas y eso, en algún sentido, es un acto de mucha responsabilidad. Ejercer un cargo, ser ministro de Estado implica mucha responsabilidad (…). Entonces, cuando me gritan, fue un momento de emoción, pero también de mucho peso. El 96% de las personas que están en situación de desaparición forzada son hombres y las que realizan la búsqueda son las mujeres, para nosotros la principal preocupación era que ellas estuvieran.

Punta Peuco y el debate en torno al secreto del Informe Valech

—El Presidente Sebastián Piñera, en septiembre de 2013, a 40 años del Golpe, cerró el penal Cordillera. ¿Es factible el cierre del penal Punta Peuco?

-Hoy nosotros tenemos un sistema penitenciario sobrepoblado, con un aumento de personas privadas de libertad bien significativo. Y, en segundo lugar, Punta Peuco es un penal que ya tiene ocupada su capacidad. De hecho, todas las personas nuevas han estado ingresando a Colina, no hay más espacio en Punta Peuco. La obligación del Estado es optimizar todos sus penales.

—¿No es, entonces, un penal privilegiado, como se le califica? 

-El decreto que lo crea dice penal “especial”.

—Está aún en la retina lo que ocurrió entre la expresidenta Michelle Bachelet y su ministro de Justicia, Jaime Campos, por el cierre de dicho recinto. Si en medio de este contexto de sobrepoblación penal, si el Presidente Boric cerrar Punta Peuco, ¿usted firmaría el decreto?

-Yo soy ministro de Estado y yo soy colaborador directo e inmediato del Presidente de la República. A mí me corresponde implementar las decisiones del Presidente, a los ministros de Estado nos corresponde colaborar y asesorar al Presidente, pero la decisión es del Presidente. Y a mí, en mi condición de ministro de Estado, me corresponde suscribir las decisiones del Presidente.

—¿Lo haría, más allá de este contexto que explica?

-Es que usted me está probando en una hipótesis que hoy día no se da. Yo le estoy diciendo cómo funciona un ministro de Estado y un ministro de Estado tiene el deber de colaborar con el presidente en las funciones de gobierno de administración de su sector y cómo funciona todo un ministro de Estado, es en un diálogo con el presidente previo a la adopción de sus decisiones.

—¿Hay espacio para traslados particulares a recintos comunes?

-Como dijo el Presidente, hay decisiones que se adoptan y que no se anuncian. En materia de derechos humanos solo este año hemos tenido 65 decisiones que ha tomado la Corte Suprema donde hay condenados, algunos que ya están privados de libertad, pero con personas nuevas que ingresan a los penales.

—Ha trascendido que podría abrirse la puerta al levantamiento del secreto del informe Valech. Esos testimonios podrían ser un insumo al Plan de Búsqueda.

-Nosotros hemos trabajado en Plan de búsqueda de modo que no requiera de reformas legales para su implementación. Por cierto, esa es una de las propuestas y es un debate que tenemos hace bastante tiempo en el país también. Y cuando hablamos del levantamiento del secreto Valech, estamos hablando también de distintas posibilidades para que algo así suceda.

—El Presidente tiene una reflexión respecto de ese tema.

-El Presidente, por cierto, tiene una reflexión hace un tiempo, la tenía como diputado, estaba en el programa del gobierno también. No solo hay una reflexión, sino que hay una posición dentro, donde hay distintas aproximaciones a cuál es la forma adecuada para poder combinar los bienes jurídicos en juego, que requiere de una cierta sofisticación legal que va más allá simplemente de la afirmación. Tenemos sentencias de la Corte, de personas que querían liberar su testimonio, donde la Corte validó el criterio de petición personal.

Luis Cordero y la paradoja de septiembre

-¿Cree que el ambiente de cara a los 50 años ha complicado, por ejemplo, la conmemoración que quiere hacer el Gobierno?

-No lo sé. El país, cada cierto tiempo, vive años afiebrados. Lo que he dicho estos días es que tenemos como “la paradoja de septiembre”, porque es como el momento en que nos enfrentamos a una crisis del rompimiento de la democracia, el haber interrumpido un gobierno electo democráticamente por las armas, el inicio de la violación de los derechos humanos. Entonces, fíjese que la paradoja de septiembre es que si uno quita el ruido, estamos de acuerdo en dos cosas: creo que hay consenso en que un Presidente tiene que terminar su mandato y no puede ser expulsado por la fuerza.

-¿Pero hay consenso en todo el arco político?

-Yo creo que en eso hay consenso. Y la segunda que yo creo que hay consenso es que en Chile, producto de eso, se violaron derechos humanos, pero que eso no puede volver a pasar.

-Le repito la pregunta. ¿Si hay consenso respecto a eso?

-En esto segundo, que es lo que a mí me ha tocado trabajar, en el Plan Nacional de Búsqueda, que yo me reuní a mucha gente, con miembros de la oposición, nunca he tenido una objeción ni un reparo sobre eso. Y por eso lamenté mucho el tema de las invitaciones. Hay dos personas, dos presidentes de partido, dos senadores, que cada vez que he conversado con ellos siempre me han ofrecido una predisposición favorable y activa y, en algún caso, entusiasta al Plan Nacional de Búsqueda, que son el senador Macaya y el senador Chahuán.

Los nuevos testimonios

—Quienes cuentan con información sobre los casos relativos a desaparición forzada son cada vez menos, ya sea por muerte o enfermedades degenerativas. ¿Cómo se lleva a cabo la recopilación de información de condenados o investigados por crímenes de lesa humanidad?

-El tiempo tiene efectos, lo que se denomina la impunidad biológica. A mí, una de las cosas que me ha sorprendido en el contexto de todos los diálogos que yo he tenido sobre el Plan Nacional de Búsqueda, es (la sensación) que hemos quedado con la misma situación de hace 20 años atrás. Y la verdad que no es así. Porque los expedientes judiciales tienen mucha información nueva, que era desconocida. Esto explica que las investigaciones se sigan desarrollando hasta el día de hoy, y que se sigan obteniendo condenas. 

—¿Quiénes han colaborado con información?

-Hay tres tipos de personas que han estado proporcionando información. Los primeros son testigos o personas que tienen antecedentes y que han decidido entregarlos a los jueces. O testigos que sus testimonios estaban en algún momento en una causa que se perdió y que los jueces los han rescatado. Los segundos son personas que, ya teniendo condenas y teniendo otros procesos en su contra, colaboran con la finalidad de obtener un atenuante. Y los terceros, son aquellas personas que por alguna situación particular del tránsito de su vida, la inminencia de su muerte en algunas ocasiones, han tomado la decisión de entregar información.

—¿Cómo aprovecha esa información judicial el Plan de Búsqueda?

-El Plan Nacional de Búsqueda no está diseñado para sustituir el rol de los jueces. Y por lo tanto, está diseñado de un modo tal que permite que esos testimonios se obtengan en ese contexto (…). La responsabilidad del Plan de Búsqueda es sistematizar y ordenar toda esa información. El Estado tiene una gran cantidad de información que hasta ahora no ha sido ordenada ni sistematizada.