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Nacional

14 de Septiembre de 2023

Defensa de brazo operativo del Tren de Aragua accedió a sobres con testigos protegidos del caso: 56 civiles fueron reubicados por seguridad

Gendarmen en causa los gallegos del tren de aragua

Desde el Ministerio Público esperan a que los abogados devuelvan los sobres con los datos de manera voluntaria.

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La causa en contra el clan “Los Gallegos” sigue sumando nuevas páginas. A pesar de que la Corte de Apelaciones de Arica acogió la orden de no innovar que presentó la Fiscalía Regional para evitar exponer los nombres de los testigos protegidos, recientemente se dio a conocer que la defensa del brazo operativo del Tren de Aragua logró acceder a estos datos.

En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada también solicitó un informe al juez de Garantía, Héctor Barraza Aguilera, quien generó revuelo luego de dictaminar que la información de estas personas debía salir a la luz.

El fiscal regional, Mario Carrera, expresó a La Tercera que el Ministerio Público espera que los abogados defensores de “Los Gallegos” devuelvan los sobres con los datos de manera voluntaria “o de lo contrario tendríamos que recurrir para que de acuerdo a derecho, estos sobres vuelvan al poder del tribunal donde deberían mantenerse custodiados”.

“En relación a reformas legales en torno a las medidas de protección, tanto de víctimas, testigos, como también de operadores del Poder Judicial, evidentemente hay que hacer una reforma, urgen reformas. Esto no puede quedar al criterio de una persona en particular”, criticó el persecutor.

A pesar de que hay una orden de devolver los sobres con información, las 56 personas que declararon en la acusación -entre las cuales se encuentran civiles, víctimas protegidas y funcionarios de la PDI que actuaron como agentes encubiertos- tuvieron que ser reubicadas por su seguridad.

Tres víctimas fueron enterradas en el Cerro Chuño

La causa “Los Gallegos” busca que 44 miembros de un brazo operativo del Tren de Aragua enfrenten sanciones por diversos crímenes como sicariato, secuestro, tráfico de armas y drogas, además de trata de personas con fines de explotación sexual.

De este grupo, 36 corresponden a ciudadanos venezolanos, además de un colombiano, un dominicano y seis chilenos. Se solicitó presidio perpetuo para 11 de ellos, mientras que para los otros 33 se proponen penas que suman más de 200 años de presidio.

El documento atribuye 22 hechos delictivos a la organización, entre los cuales se contabilizan siete homicidios -seis de ellos calificados- que fueron perpetrados en 2022. En tres de ellos las víctimas fueron enterradas vivas en el Cerro Chuño de Arica.

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