Contraloría valida cuestionada iniciativa de gas a precio justo del gobierno: cada cilindro costó $117 mil

La Contraloría General de la República ha emitido un veredicto favorable respecto al plan piloto presentado por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) para la distribución de gas a precios más asequibles que los del mercado, destinados a los consumidores más vulnerables y que también se conoció como “gas a precio justo”.

En el dictamen, la entidad señaló que este proyecto no vulneró la legislación vigente. Hace más de un año, el Presidente Gabriel Boric hizo pública su la iniciativa de que Enap distribuyera gas a precios más bajos que los vigentes en el mercado. El objetivo principal de este proyecto era llegar a 100.000 familias en el año 2022.

No obstante, este propósito implicó desafíos importantes para Enap, ya que tuvo que establecer una red de distribución completamente nueva. Esto llevó a asumir costos que en un principio pusieron en tela de juicio la viabilidad del proyecto.

Durante la segunda mitad del año 2022, el precio promedio de venta de los cilindros de gas en el plan piloto fue de $15.056, siendo un descuento del 35% en comparación con los precios del mercado. Este dato fue comunicado por el Ministro de Energía, Diego Pardow, en un informe enviado a la Cámara de Diputados en marzo. Sin embargo, el costo de distribución por cilindro subió a $84,000, una cifra que incluyó gastos únicos de habilitación, acopio y despacho.

Ante la complejidad del modelo de negocios que implicaba la distribución minorista, Enap optó por realizar modificaciones en su enfoque y ahora opera principalmente como mayorista. Esta decisión permitió a la empresa adaptarse mejor a las demandas y retos del mercado, garantizando al mismo tiempo la continuidad y el éxito del plan piloto.

La resolución

“El Ministerio de Energía, en ejercicio de sus atribuciones legales, solicitó a Enap la implementación del anotado plan piloto, en su carácter de empresa comercial, con atribuciones para servir de apoyo a políticas públicas vinculadas con el sector energético, al tenor de lo dispuesto en el citado decreto con fuerza de ley N° 1, de 1986, del Ministerio de Minería, por lo que la ejecución del mismo ha constituido una actividad empresarial del Estado lícita, destinada a satisfacer una necesidad pública”, señala la resolución de Contraloría.

En un principio, el plan del “gas a precio justo” aprobó como un piloto limitado en tiempo, ubicación y cantidad de cilindros, dirigiéndose inicialmente a las familias más vulnerables en ciertas comunas. Esto garantizó su viabilidad comercial y el uso racional de los recursos públicos comprometidos, en línea con los objetivos generales de proporcionar gas licuado de petróleo (GLP) a la población objetivo a precios más bajos.