Pidieron alzar secreto bancario: en qué está la investigación del “Caso Convenios” y que tiene en vilo a la diputada Catalina Pérez

El fiscal Cristián Aguilar, encargado de investigar los actos ilícitos relacionados con la transferencia de fondos desde el Seremi de Vivienda de Antofagasta hacia la fundación Democracia Viva, pidió a la Corte de Garantía de Antofagasta levantar el secreto bancario de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade y Carlos Contreras.

A través de una carta secreta enviada en agosto pasado, el fiscal Aguilar solicitó levantar el secreto bancario de la parlamentaria, así como el de Andrade, quien fungía como representante legal de Democracia Viva y también del ex Seremi, de acuerdo con información de La Tercera.

En el documento, el fiscal Aguilera indicó que la Fiscalía está investigando “posibles delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, malversación de fondos públicos y fraude contra el Fisco” que habrían tenido lugar en 2022, en ocasión de la celebración de acuerdos de transferencia de fondos “entre el Seremi de Vivienda de Antofagasta y las fundaciones Democracia Viva, Urbanismo Social, Procultura, Tomarte y Educación Arte y Cultura Movimiento FIBRA”, por sumas que oscilan entre 400 y 577 millones de pesos para cada una. Además, agregó que “también se llevaron a cabo entre los gobiernos regionales de Antofagasta y Talca, y las fundaciones Procultura y Urbanismo Social, respectivamente”.

“Información esencial”

Debido a lo anterior, el fiscal solicitó al tribunal que, “en el caso de las transferencias a Democracia Viva, participe en los delitos mencionados que podrían haber cometido” Contreras, Andrade y Catalina Pérez, “dado que existían lazos de amistad entre ellos, de naturaleza sentimental, de cierta dependencia y subordinación en algún momento y de pertenencia al partido político Revolución Democrática“.

La solicitud de la Fiscalía establece que “es esencial recopilar información que permita probar los delitos investigados” a través del alza del secreto bancario con respecto a Contreras, Andrade y Pérez, así como la Fundación Democracia Viva.

Asimismo, el Ministerio Público adjuntó las cuentas corrientes de Contreras, Andrade y Pérez. Según el documento, la diputada mantiene cuatro cuentas corrientes, el ex Seremi tiene dos y el representante de Democracia Viva, una, en los bancos Estado, Chile, BCI y Scotiabank.

Finalmente, la Fiscalía pidió que el alza del secreto bancario abarque desde el 1 de enero de 2022 hasta agosto de este año y que “esta diligencia se realice sin comunicación previa a los afectados y que, de igual manera, esta solicitud y su información no se carguen en el sitio web del Poder Judicial, ya que el conocimiento público de la misma pondría en riesgo su éxito y esto es esencial para la integridad de los funcionarios a cargo de la investigación”.